Así se demuestra con la persecución en contra dirigentes electricistas, aseguran
Estrella Pedroza
Lunes, 02 de Mayo de 2011 07:41
La ausencia del líderes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), en la marcha encabezada por el movimiento “Pacto Morelos”, para conmemorar el uno de mayo, fue “ una muestra de la represión que el gobierno federal ha emprendido en contra del sector sindical”, aseguraron participantes. Héctor Salazar Porcayo y Marco Antonio García Barrera, representantes en la región Cuernavaca, optaron por resguardarse, tras haber sido notificados por autoridades federales, de que se les ha girado la orden de reaprehensión.
Como cada año, cientos de trabajadores agremiados a diferentes sindicatos, así como integrantes de diversas organizaciones civiles, aglutinados todos en el movimiento “Pacto Morelos”, marcharon por las principales calles de Cuernavaca, para exigir mejores condiciones laborales, un alto a la inseguridad y fin a la represión gubernamental.
Como cada año, cientos de trabajadores agremiados a diferentes sindicatos, así como integrantes de diversas organizaciones civiles, aglutinados todos en el movimiento “Pacto Morelos”, marcharon por las principales calles de Cuernavaca, para exigir mejores condiciones laborales, un alto a la inseguridad y fin a la represión gubernamental.
Poco antes de las 10 de la mañana salió el contingente de la Avenida Plan de Ayala, a la altura de la clínica del IMSS; con pancartas de reclamos; se dirigieron al primer cuadro de la capital y en el trayecto se escucharon diferentes consignas.
Entre ellas figuraron: “a titar, a tirar la reforma laboral”, “la seguridad no ha mejorado, por eso a los soldados queremos acuartelados”, “queremos empleos, queremos trabajo, queremos que el gobierno se vaya al carajo”, “mejores empleos, mayores impuestos, mayor inflación, eso es para el gobierno la modernización”, “no represión, no militarización, lo que exigimos es la solución” y “pueblo protesta o no salimos de esta”.
En el grupo de marchistas, se pudo observar a los agremiados al Sindicato de Telefonistas, Caminos y Puentes Federales, Mexicano de Electricista, STUNAM, Monte de Piedad; entre las organizaciones civiles figuró la Comisión Independiente de Derechos Humanos, Unión Nacional de Trabajadores, el M33, Confederacion de Jubilados y Pensionados, el Colectivo Zurdo, Movimiento Magisterial de Bases y militantes del PRD encabezados por el diputado Fidel Demedicis y la diputada Hortensia Figueroa.
Una de las notables ausencias fue la de los representantes del SME en Cuernavaca, Héctor Salazar Porcayo y Marco Antonio García Barrera, quienes enfrentan un proceso legal por daño a la propiedad ajena, y tras haber obtenido su libertad provisional bajo caución.
Sin embargo, ayer mismo, les fue notificado por parte de la Procuraduría General de la República (PGR), que se habrían girado ya las órdenes de reaprehensión, por lo que optaron por resguardarse para evitar ser detenidos y tener oportunidad de interponer otro recurso; así fue confirmado por el propio Salazar Porcayo en un enlace telefónico.
Esta situación que fue condenada por diferentes líderes sindicales e incluso coincidieron que es una muestra de la represión del gobierno federal. “Es la muestra del poder que nos imponen a quienes encabezamos los movimientos de los trabajadores, eso no se vale es una medida de presión vergonzosa, creo que ya no estamos en los tiempos en donde se aprehendía para poder impedir que se manifestaran”, apuntó Martín Curiel Gallego, secretario general del sindicato de Capufe en Morelos.
A pesar de ello, advirtieron que no darán un paso atrás para defender las garantías laborales y sindicales; “ es un mensaje temerario que están mandado a los sindicatos, pero no vamos a parar aquí, vamos a seguir adelante, las cárceles van a ser insuficientes”, sostuvo Ricardo Rafael Sábilas, líder de la Sección 10 del Sindicato de Telefonistas.
Al llegar a la explanada de palacio de gobierno, realizaron un mitin en donde dieron lectura a un manifiesto, en el cual se expusieron en 13 puntos, las principales demandas y ejes de lucha de la base trabajadora.
Entre ellas, se subrayó el rechazo a toda reforma regresiva de la Ley Federal del Trabajo (e igualmente, una Ley de Seguridad Nacional) que lesionen los derechos humanos laborales; el respeto los derechos laborales y de los sindicatos independientes, debido a que el gobierno de Calderón ha golpeado sistemáticamente a sindicatos como el SME, los mineros y los de aviación, entre otros.
Se pronunciaron, en contra de la violencia estructural y la guerra del gobierno federal que ha dejado cerca de 40 mil muertos, miles de viudas y huérfanos. Por un alto al derramamiento de sangre y el fin de la impunidad.
También, pidieron “el inmediato regreso del Ejército a los cuarteles. No a la militarización ni a un estado policíaco. Estamos absolutamente en contra de que se siga utilizando la violencia institucional mediante el ejército y las policías como instrumentos represivos,
y a la vez se proteja a bandas de criminales coludidos con policías y militares en activo o desertores, creados por el propio gobierno como los zetas y otros sicarios”.
