La decisión del candidato panista de recurrir a la denuncia judicial contra los “saboteadores” puede ser calificada de sensata; sin embargo, en un país de injusticia social, refuerza la penalización de los que han sido víctimas de la propia autoridad.
29 MAY 2011
La elite política panista no ha reconocido que el gobernar tiene sus costos, y más, cuando una decisión del presidente Felipe Calderón generó un conflicto social como fue el caso del cierre de la Compañía de Luz y Fuerza, donde un sindicato como el SME pudo sobrevivir a través de los beneficios obtenidos de una negociación corporativa de los intereses gremiales y del mismo gobierno federal.
El SME no es culpable de la política corporativa y clientelar ejercida por el régimen presidencial priista durante 70 años porque así se procedía para la creación de estabilidad social, que permitió la continuidad del ejercicio de la dominación de la elite política priista.
El SME no es culpable de la política corporativa y clientelar ejercida por el régimen presidencial priista durante 70 años porque así se procedía para la creación de estabilidad social, que permitió la continuidad del ejercicio de la dominación de la elite política priista.
Me atrevo a afirmar que el régimen presidencial panista también ha sido afecto a buscar apoyo entre un gremio corporativo como lo es el SNTE, cuya líder magisterial, Elba Esther Gordillo ha sabido cambiar votos por privilegios.
Dichas consideraciones nos muestran que el ganar votos depende más de los vínculos desarrollados con los poderes corporativos, y al mismo tiempo, con el reparto de las ventajas derivadas del ejercicio del poder una vez que un candidato se transforma en autoridad.
En realidad, lo que está sucediendo en la campaña partidista por la gubernatura del Estado de México es un conjunto de actos colectivos encaminados a convertir a alguno de los candidatos en autoridad, lo que es diferente cuando el proceso garantiza que el triunfador sea un representante social. En otras palabras, cuando los electores ejercen sus derechos políticos como ciudadanos, no como clientelas que intercambian votos por mercancías de uso ordinario.
Sin embargo, el candidato panista, Luis Felipe Bravo Mena ha vivido en los últimos días las consecuencias negativas de una decisión del presidente Calderón que afectó el poder gremial del SME a raíz del cierre de la Compañía de Luz y Fuerza.
El SME se transformó en una oposición social cuyas acciones colectivas siguen el viejo procedimiento del enfrentamiento y el sabotaje propio de los grupos anarquistas. Es entendible su proceder, sin embargo, no lo estoy justificando, sobre todo, cuando las instituciones encargadas de la justicia laboral avalaron la decisión presidencial: despido e indemnización para los agremiados electricistas. Esto significó perder su estatus de trabajadores para convertirse en desempleados o subempleados, categoría que por desgracia predomina en el mundo laboral mexicano.
El coraje y el odio-ante promesas incumplidas de parte de la Secretaría de Gobernación y del Trabajo-es lo que orienta las acciones de protesta de los desempleados y subempleados, que alguna vez fueron trabajadores sindicalizados y que gozaron de los beneficios de la representación gremial corporativa.
Así las acciones directas de los desempleados y subempleados del SME se han expresado mediante marchas, bloqueos de calles y avenidas, junto con la ocupación de la plaza del Zócalo de la ciudad de México, así como enfrentamientos con la fuerza pública.
En consecuencia, el candidatos panista Luis Felipe Bravo Mena ha sufrido los efectos de la acción directa de protesta de los ex trabajadores que alguna vez fueron electricistas de una compañía estatal, creada bajo el sistema político priísta.
Tal vez, el presidente Calderón no consideró, cuando tomó la decisión de concluir la relación laboral con el SME, que un pequeño grupo de ex trabajadores electricistas se radicalizaría y engrosaría las filas de los grupos sociales que no creen en la justicia derivada de las instituciones estatales.
El enojo del candidato Luis Felipe Bravo Mena se debe más a que la cobertura mediática ha informado de las acciones de “bloqueo” o “sabotaje” de algunos de sus actos de campaña en el Estado de México de parte de los ex trabajadores electricistas.
La lectura que podría haber realizado el candidato del PRI y del PRD de los actos de “bloqueo” de la campaña panista, más allá de sus respectivas condenas oficiales, es que el panismo mexiquense se ha debilitado más por los 10 años de panismo presidencial.
Lo que tampoco le gustaría al candidato panista Luis Felipe Bravo Mena es la imagen de candidato débil y con escasas opciones en los próximos comicios. Pero así lo demostró al haber cancelado su presentación personal en un acto masivo, presionado por la presencia de los desempleados y subempleados del SME.
La decisión del candidato panista de recurrir a la denuncia judicial contra los “saboteadores” puede ser calificada de sensata; sin embargo, en un país de injusticia social, refuerza la penalización de los que han sido víctimas de la propia autoridad.
