Casualmente a los seis meses de la “desaparición” de los 300 millones de LyFC, se contrato el local comercial que hoy alberga la negociación denominada Casino Royal ubicada en el centro comercial Angelopolis
Lunes 30 de mayo de 2011, Acento21
Por todo México existen diferentes giros comerciales o actividades empresariales que han dado cabida a defraudadores de cuello blanco que han utilizado autenticas fachadas para beneficiarse de recursos públicos.
Acento Veintiuno.- En esta ocasión, el reportaje de Acento Veintiuno aborda el seguimiento a defraudadores de cuello blanco que materialmente robaron a miles de familias mexicanas y al gobierno federal una cantidad global aproximada a los 330 millones de pesos.Hechos que quedaron al descubierto, al hacerse oficial la sanción impuesta la semana pasada por la Secretaría de la Función Pública en contra de la empresa de transporte de valores denominada TAMEME, quien fue multada por un millón 664 mil pesos e inhabilitada por cinco años para obtener contratos con el gobierno federal, derivado del abuso cometido en contra de la extinta Luz y Fuerza del Centro (LyFC) de quien pretendían quedarse de manera mas que dolosa, una cantidad superior a los 314 millones de pesos.
Emitiendo un comunicado la Función Publica exponiendo el siguiente argumento: “La sanción (a la empresa TAMEME) se derivó porque el proveedor “omitió” devolver los recursos públicos que pertenecen a Luz y Fuerza del Centro a pesar de instrucciones expresas y requerimientos del organismo”.
EL GRAN ROBO
La transportadora de valores Tameme recibió entre el 6 y 8 de octubre de 2009 tres depósitos por un total de 330 millones de pesos (solo para el armado de los sobres del dinero que ya había sido destinado para el pago a trabajadores, por lo tanto propiedad de ellos), que derivarían en el pago de la nómina de empleados activos y jubilados, correspondiente a la semana 41 de ese año, aunado a esa cantidad, el 9 de octubre, (un día después) recibió en efectivo 13.9 millones de pesos mas por concepto de remanentes de nómina, reembolsos de caja chica y pago a trabajadores en zonas foráneas.
El 11 de octubre del 2009 se dio a conocer públicamente la decisión gubernamental que determinaba la liquidación de la empresa Luz y Fuerza del centro. Por tal motivo se suspendieron las actividades de la paraestatal, para iniciar el proceso de liquidación. Momentos aprovechados por los seudo empresarios Federico Jee y Fernando Barrera (hijo de la accionista mayoritaria Concepción Jee), quienes de manera infame y dolosa afectaron a miles de trabajadores, a quienes se les retuvo en las arcas de TAMEME el salario que ya había devengado durante la quincena que correspondía del primero al quince de octubre de ese mismo año, pretendiendo quedarse con los mas de 330 millones de pesos, ocultando que esa “empresa” los tenia para disposición de los trabajadores.
El grado de cinismo de Fernando Barrera, Federico y Concepción Jee fue “memorable”, al momento que en noviembre del 2009 el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes liquidador de LyFC, le requirió a TAMEME los millones de pesos que ilegalmente habían hecho desaparecidos en las cuentas de su “empresa”, negando, (si, negando) que los mas de 330 millones de pesos de los trabajadores existían.
Teniendo que intervenir la Procuraduría General de la República el 23 de junio del 2010 (ocho meses después), para que Fernando Barrera, Federico y Concepción Jee, “recordaran” que siempre Sí tenían los millonarios recursos, pero ahora argumentaron que no los entregarían por que ese dinero (admitían) eran los sueldos de los trabajadores.
Finalmente y con un pie en la cárcel, los dueños de TAMEME aceptaron que tenían 214.1 millones de pesos de empleados de Luz y Fuerza del Centro "bajo resguardo" y cambiando por tercera ocasión su versión, aseguraron que habían pagado 101 millones antes de la extinción de la compañía. No obstante hasta el cierre de esta edición, más de doscientos millones de pesos propiedad de familias mexicanas continúan desaparecidos por la transportadora de valores.
EL CASINO Y EL RIESGO DE SU DINERO
Casualmente a los seis meses de la “desaparición” de los 300 millones de LyFC, se contrato el local comercial que hoy alberga la negociación denominada Casino Royal ubicada en el centro comercial Angelopolis, lugar en el que desarrollan diariamente apuestas, juegos y sorteos, el cual, contrasta de manera clara con la elegancia de toda la zona, al estar decorado e instalado con un “gusto” (por así decirlo), diferente al de las cadenas comerciales que cuentan con fachadas e interiores exquisitos.
El inmueble que alberga a esta negociación fue contratado por cinco años, y en el que se necesitaron mas de siete meses para la adecuación de las instalaciones que hoy lo albergan, el local comercial aparece nada menos que a nombre de una empresa propiedad de Fernando Barrera, Federico y Concepción Jee.
Sobre del casino, se gestionaron múltiples permisos estatales y municipales que dará a conocer en siguientes entregas Acento Veintiuno, los cuales fueron “representados y agilizados” por personas que laboraban para el entonces secretario Javier García Ramírez.
Este casino mantiene una interface con un centro internacional de juegos instalado en Las Vegas, Nevada, al que se le efectuaron diferentes transferencias por fuertes sumas de dinero, por concepto de garantía y deposito para la operación y mantenimiento de los servidores de las apuestas, línea de investigación a la que la PGR ha dado seguimiento para establecer la vinculación de los fondos con el dinero defraudado al SAE. De la misma forma la policía federal ministerial continua con la indagatoria, para establecer el origen de los depósitos a diferentes cuentas en los Estados Unidos, con lo que se contrato el “alquiler” de las maquinas tragamonedas instaladas en el casino royal para los sorteos y juegos de números, a empresas especializadas para esos servicios, las cuales les prestan sus servicios a conocidos casinos instalados en territorio norteamericano.
La Unidad Financiera Contra el Lavado de Dinero de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, desde hace mas de diez meses les sigue la pista a las empresas vinculadas a la familia de apellido Jee, derivado de la denuncia presentada por el SAE del gobierno federal, el 23 de junio del 2010 ante la Subdelegación de Procedimientos Especiales de la Procuraduría General de la República, derivado de un desfalco total por 314 millones de pesos.
En Puebla las autoridades estatales deben estar alerta, por las posibles implicaciones en las operaciones de “negocios” de las empresas relacionadas directa o indirectamente en el desfalco a L y FC, siendo que gente de buena fe, puede verse inmersa en graves problemas judiciales, derivado de las actuales reformas federales en materia de lavado de dinero que persiguen severamente a todas las personas físicas o morales que por intercambio comercial, disposición de dinero o manejo de recursos, hayan recibido recursos de los negocios investigados. Por que de acuerdo a la legislación contra el lavado de dinero, procede en las indagatorias relacionadas con esos ilícitos, el aseguramiento de cuentas bancarias, instalaciones, equipos de computo y todo lo relacionado, en su caso, a las empresas vinculadas o propiedad de Fernando Barrera, Federico y Concepción Jee, lo que hace sus “negocios u operaciones” de amplio riesgo, para los socios, operadores, clientes y proveedores, relacionados con estos “empresarios”, los cuales pueden terminar involucrando a todo lo que “tocan” en procedimientos judiciales
PUEBLA EN GRAVE RIESGO
El pasado 25 de marzo, la planta armadora VW que se encuentra instalada en Puebla sufrió un millonario robo, el cual fue “reportado” que ascendía a los 10 millones de pesos, de acuerdo al reporte de arqueo de caja entregado a VW por TAMEME.
Acto seguido y como resultado de las indagatorias efectuadas por la policía ministerial del estado de Puebla, hace unas semanas fueron detenidos cuatro integrantes de la banda que asalto la planta armadora, no obstante solo se logró recuperar un millón 304 mil 958 pesos, de los 10 millones que conformó el botín que reporto en su arqueo TAMEME, existiendo serias contradicciones en el caso judicial, derivado de la inconsistencia en las cifras reportadas como robadas por la transportadora de valores, el dinero recuperado que solo asciende al trece por ciento de los supuestos 10 millones robados y las declaraciones de los involucrados en el caso.
Ante ello, las empresas mexicanas y poblanas que ponen el traslado de su dinero en manos de la transportadora TAMEME, están ahora sabedoras del grave riesgo que le representa a su dinero el ser “custodiado” por empresarios que tienen (por así decirlo), “su propio estilo de hacer cuentas” y negocios.
Por tal motivo, las autoridades judiciales de Puebla deben de estar muy atentas, ante las acciones desarrolladas por la empresa de traslado de valores materia del reportaje, por estar inhabilitada para efectuar contratos o trabajos para las entidades de gobierno, derivado del fraude a los miles de trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, que hasta la fecha, continúan sin que les sea reintegrado el dinero producto de su trabajo, que asciende a mas de 314 millones de pesos. Así mismo, el dinero invertido en Puebla en casinos, concesionarias de radio comunicación marca NEXTEL, bares y discoteques, podrían estar siendo utilizadas para el blanqueo de dinero, y en algún momento, bajo el estricto seguimiento e investigaciones que mantiene la Procuraduría General de la República, en contra de estos personajes, podrían resultar afectados cientos de poblanos que apuestan, invierten o contratan, con su dinero, productos o servicios a la familia de apellido Jee, si en su momento se da, una intervención judicial. Sobre todo, por que aun existen decenas de denuncias en contra de estos “empresarios” por parte de trabajadores de Ly FC y particulares, lo que podría elevar el desfalco a mil millones de pesos, de acuerdo a la información que obra en la PGR.
Entre las habilidades de este “grupo empresarial”, esta el haber sido beneficiado y protegido durante el sexenio de Mario Marín Torres, a tal grado, que parte de la familia, termino asociada con cuatro funcionarios de la pasada administración, entre los que se incluye a Mario Marín García.
