El SME ha organizado un movimiento de resistencia legítimo en un país en el que nadie resiste al desgobierno.
Se mantiene pese a falsas promesas de negociación y acoso permanente.
Se mantiene pese a falsas promesas de negociación y acoso permanente.
Manuel Bartlett
21 de abril de 2011
El lunes 11 los noticieros televisivos reportaron disturbios durante una manifestación del SME: imágenes alarmantes de vehículos en llamas. Fotos similares se publicaron al día siguiente; sindicalistas fueron consignados. Fijaron la imagen de una organización violenta. El dirigente sindical declaró: los responsables fueron infiltrados y los vehículos propiedad de sus trabajadores. Se espera la averiguación. Por lo pronto, se publicaron condenas sumarias: el SME es una camarilla apoderada de cuantiosos recursos, otros demandan someter a quienes incendian sin temor a sanciones. En general, los informadores se limitaron al zafarrancho.
No se analizó que se trata de una expresión más de un conflicto social provocado por la decisión de extinguir la Compañía de Luz y Fuerza, efectuada por la noche, con violencia policiaca y militar, cerrando instalaciones y expulsando al personal sin permitirles recoger sus pertenencias. No se recordó que se lanzó súbitamente a la calle a 44 mil trabajadores especializados en suministrar electricidad a la zona más importante del país. No se recordó que de manera fulminante fueron desempleados por mandato presidencial.
Independientemente de la postura que se tenga sobre esta decisión, golpe de Estado privatizador para nosotros o imperativo de reorganización racionalizadora, como se argumentó, es imposible negarles a esos miles de trabajadores su derecho inalienable a la resistencia pacífica.
Sólo una actitud legalmente indefendible puede negarle al sindicato, reconocido por autoridades laborales, derecho a movilizarse contra una decisión que consideran ilegal e inmoral. Característica que define un movimiento social en cualquier democracia del mundo.
Sólo con total insensibilidad social podemos desentendernos del despojo a 44 mil familias, más de 200 mil mexicanos, de su legítimo sustento por motivaciones políticas, sin alternativas en un país de desempleados, cuando el servicio eléctrico que brindaban —su trabajo— sigue brindándose por contratistas privados sin licitaciones. No fue un despido pacífico, auspiciaron a un disidente al final traicionado; ofrecieron liquidaciones perentorias, apostaron al hambre de los despedidos y sus familias, a la fatiga, al olvido; ofrecieron “franquicias” inexistentes. Difundieron una leyenda negra del sindicato sin referirse nunca a la Dirección responsable de lo que acusaron. Manipulan a la opinión pública, satanizan, para justificar la acción. No publicaron el fundamento administrativo, en cambio la Auditoría de la Federación ha demostrado la deliberada quiebra de la empresa.
Nadie puede afirmar que la medida mejoró el servicio eléctrico, crearon caos en la Zona Centro mantenido por eventuales incapaces ante un sistema que desconocen, con fallas y accidentes peligrosos; las tarifas aumentan arbitrariamente. La CFE, nueva responsable, está desbordada, sus trabajadores ignoran que ellos mismos resultarán aceleradamente redundantes por las privatizaciones y terminarán a su vez en el desempleo o empleados sin antigüedad por los cárteles españoles apoderados del servicio. El SME ha organizado un movimiento de resistencia legítimo en un país en el que nadie resiste al desgobierno. Se mantiene pese a falsas promesas de negociación y acoso permanente.
Los mexicanos y los medios debemos entender que las movilizaciones son signos de democracia, molestas en una ciudad colapsada, pero indispensables para el equilibrio social. Es mundial, en Francia ocurren más de 10 mil marchas anuales, se movilizan violentamente en Inglaterra, Portugal, Grecia, por ajustes económicos.
En la injusticia social que vivimos, la resistencia social es democrática, sólo demanda responsabilidad de los protestantes, capacitación de las fuerzas del orden para conducir sin reprimir, imparcialidad informativa. Las soluciones son responsabilidad del gobierno, como el caso del SME.
