La Comisión Federal de Electricidad, el Instituto Mexicano del Seguro Social y las secretarías de Hacienda, Energía y hasta de de Comunicaciones y Transportes, es donde se han encontrado el mayor numero de quejas por ineficacia normativa.
Oscar Rodríguez, OAXACA
Ciudad de México.- En México es tres veces más grave la ineficiencia en el ejercicio público que las prácticas de corrupción, evidenció el Subsecretario de Auditoría Gubernamental en la Secretaría de la Función Pública (SFP), Román Morgan Ríos.
De acuerdo a sus cifras, los costos por actos ineficaces de funcionarios y gobernadores ha representado para el erario un saldo de 15 mil millones de pesos, mientras que por practicas de corrupción poco menos de 5 mil millones de pesos en lo que va del año.
En entrevista en Oaxaca el Auditor Federal,- quien inauguró una reunión nacional de contralores estatales-, dijo que hay dos factores para combatir la ineficacia y planteo la intervención de los ciudadanos en el escrutinio y vigilancia de los actos gubernamentales, además de impulsar gobierno más transparentes y abiertos. “La confianza. No se pide se gana ejerciendo buenos gobiernos”.
En entrevista en Oaxaca el Auditor Federal,- quien inauguró una reunión nacional de contralores estatales-, dijo que hay dos factores para combatir la ineficacia y planteo la intervención de los ciudadanos en el escrutinio y vigilancia de los actos gubernamentales, además de impulsar gobierno más transparentes y abiertos. “La confianza. No se pide se gana ejerciendo buenos gobiernos”.
En el análisis de la eficiencia administrativa de la federación, reportó que ha sido en instituciones como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y las Secretarías de Hacienda, Energía y hasta de de Comunicaciones y Transportes (SCT), donde se han encontrado el mayor numero de quejas por ineficacia normativa.
“Las hemos detectada en los permisos para autorizar nueva obra pública o en el cobro o pago de algunos servicios o contribuciones fiscales”.
Morgan Ríos que para terminar con la ineficacia en el ejercicio público se ha realizado un profundo proceso de desregulación que ha implicado la eliminación de poco más de 15 mil tramites engorrosos e innecesarios.
A nivel estatal y regional informó que Oaxaca, Chiapas y Puebla han sido de los estados más sancionados por ineficacia en el gasto. “Han sido sancionado por incurrir en subejercicios o regresar recursos no ejercidos o desviado en otros fines”.
En cuanto a la corrupción, dijo que mediante esquemas novedosos como el usuario simulado o la denuncia anónima se han logrado consignar a poco mas de mil 700 servidores públicos de la administración federal.
En este mismo esquema también se han sancionado a 45 empresas, algunas de ellas extranjeras una de origen norteamericano por ofrecer un vehículo de lujo a directivos de Pemex y otra asiática que trato de sobornar a funcionarios federales con un pago de 30 mil dólares.
Los hemos encontrado en todas las dependencias, pero particularmente en la CFE, Pemex, la SCT, la PGR y el Sistema de Administración Tributaria (SAT).
REFORMAS PARA ACABAR CON LA IMPUNIDAD Y CASTIGAR A LOS CORRUPTOS
El Subsecretario Román Morgan Ríos, urgió a los diputados federales y senadores una nueva ley anticorrupción y ley de responsabilidad social para imponer en México un esquema de cero impunidades.
“Es cierto que debemos contar con gobiernos más transparentes, sensibles y humanos, pero ello no implique que perdonemos o dejemos ir a quien haciendo uso indebido de su puesto incurre en el despilfarro o en el enriquecimiento inexplicable”.
Indicó que deben de imponerse desde penas mas severas, incluso legislarse para aplicar la multa en base a los sustraído de forma indebida. “30 por ciento del monto recibido en una operación de corrupción podría ser suficiente para castigar a un servidor público”.
También debe ventilarse el castigo social, la exhibición de los implicados para mermar las prácticas indebidas.
Demandó también el apoyo de los gobiernos estatales y municipales en la lucha por la ineficacia y la corrupción, pues actualmente no se alcanza a revisar ni el 8 por ciento del total del presupuesto autorizado por los legisladores.
