Arturo Alcalde Justiniani
De manera creciente se ha generado un debate sobre las iniciativas de reforma laboral del PRI y del PAN, al tiempo que por razones de orden electoral se pretende imponer un acuerdo de estos partidos, a pesar del alto costo político que debieran pagar. Mientras tanto, crece la indignación y se intentan albazos, como el predictamen presentado por el blanquiazul en días recientes.
En el ámbito de esta discusión han participado especialistas, académicos, sindicalistas y trabajadores de base. Retomamos de su propia voz algunas de sus conclusiones:
1. Las propuestas del PRI y del PAN de liberar la subcontratación, favorecer los trabajos temporales, vincular los salarios a bonos de productividad, restringir el derecho de asociación y alentar el despido libre, cargando a los trabajadores el costo de la lentitud de los juicios laborales, no son favorables a la creación de empleos ni a la productividad, supuestas
justificaciones de tales iniciativas. Por el contrario, generarán mayor precariedad, reducción de los niveles de estabilidad y protección del empleo y un futuro aún más difícil para las nuevas generaciones. Sus propuestas carecen de fundamentación económica y jurídica y son profundamente injustas.
2. Si bien son aparentemente distintas, las propuestas del PRI y del PAN son esencialmente iguales en sus elementos clave, y parten de un diagnóstico equivocado sobre las condiciones salariales y del mercado de trabajo, este último sumamente flexible y sujeto a una gran rotación. Ignoran que los salarios en México son sumamente bajos. Esto se acredita fácilmente por su incapacidad de cubrir necesidades básicas; además, comparado con otros países, nuestro salario mínimo es varias veces inferior al de Argentina, Brasil o Chile; dos terceras partes de la población ganan menos de tres salarios mínimos y el empleo subcontratado abarca ya 40 por ciento.
3. La reforma laboral no puede contravenir los compromisos internacionales contraídos por nuestro país, especialmente con la Organización Internacional del Trabajo. La propuesta que comparten PRI y PAN desestima las recomendaciones generadas por este organismo, que ha urgido al gobierno a suprimir los mecanismos de control sindical y a garantizar la participación de los trabajadores en la contratación colectiva, hasta hoy sujeta a una conducta viciosa por medio de los contratos colectivos de protección patronal que han sido objeto de crítica creciente. Tenía razón la exposición de motivos de la iniciativa priísta de reforma laboral del pasado 15 de diciembre “…en materia de registro sindical busca acercarse a los planteamientos y compromisos que México ha asumido a escala internacional en esta materia; para ello se simplifica el trámite de registro sindical y se elimina expresamente cualquier facultad, explícita o implícita, que las autoridades registradoras pudieran haber tenido para inhibir el nacimiento y vida de los sindicatos”. Lástima que los mismos diputados que suscribieron este texto cambiaran radicalmente de opinión siete semanas después.
1. Las propuestas del PRI y del PAN de liberar la subcontratación, favorecer los trabajos temporales, vincular los salarios a bonos de productividad, restringir el derecho de asociación y alentar el despido libre, cargando a los trabajadores el costo de la lentitud de los juicios laborales, no son favorables a la creación de empleos ni a la productividad, supuestas
justificaciones de tales iniciativas. Por el contrario, generarán mayor precariedad, reducción de los niveles de estabilidad y protección del empleo y un futuro aún más difícil para las nuevas generaciones. Sus propuestas carecen de fundamentación económica y jurídica y son profundamente injustas.
2. Si bien son aparentemente distintas, las propuestas del PRI y del PAN son esencialmente iguales en sus elementos clave, y parten de un diagnóstico equivocado sobre las condiciones salariales y del mercado de trabajo, este último sumamente flexible y sujeto a una gran rotación. Ignoran que los salarios en México son sumamente bajos. Esto se acredita fácilmente por su incapacidad de cubrir necesidades básicas; además, comparado con otros países, nuestro salario mínimo es varias veces inferior al de Argentina, Brasil o Chile; dos terceras partes de la población ganan menos de tres salarios mínimos y el empleo subcontratado abarca ya 40 por ciento.
3. La reforma laboral no puede contravenir los compromisos internacionales contraídos por nuestro país, especialmente con la Organización Internacional del Trabajo. La propuesta que comparten PRI y PAN desestima las recomendaciones generadas por este organismo, que ha urgido al gobierno a suprimir los mecanismos de control sindical y a garantizar la participación de los trabajadores en la contratación colectiva, hasta hoy sujeta a una conducta viciosa por medio de los contratos colectivos de protección patronal que han sido objeto de crítica creciente. Tenía razón la exposición de motivos de la iniciativa priísta de reforma laboral del pasado 15 de diciembre “…en materia de registro sindical busca acercarse a los planteamientos y compromisos que México ha asumido a escala internacional en esta materia; para ello se simplifica el trámite de registro sindical y se elimina expresamente cualquier facultad, explícita o implícita, que las autoridades registradoras pudieran haber tenido para inhibir el nacimiento y vida de los sindicatos”. Lástima que los mismos diputados que suscribieron este texto cambiaran radicalmente de opinión siete semanas después.
4. Las iniciativas de PRI y PAN en materia de subcontratación destruyen de manera transversal el carácter protector de la Ley Federal del Trabajo, rompen con los principios de responsabilidad patronal e igualdad salarial, se orientan exclusivamente a proteger los derechos mínimos, lo que genera un desplazamiento a la baja en materia de condiciones de trabajo; no consideran que tal vía de contratación debe ser excepcional y para labores especializadas y tampoco resuelven el llamado insourcing, esto es, la subcontratación interna, que se da a través de la creación artificial de razones sociales o empresas denominadas
de servicio, que abarcan ya un gran número de centros de trabajo e incluso a sectores completos en nuestro país. Es lamentable el cambio de postura del PRI; al suprimir la inspección de trabajo como medio de vigilancia y supervisión, también elimina la presunción de trabajo doloso cuando se trasladan empleados de una empresa a otra con la intención de reducir salarios y la propuesta original de castigar por la vía penal las conductas delictivas; al final, todo se redujo a una simple falta administrativa.
Convendría recuperar la argumentación de los legisladores priístas del 15 de diciembre “… son formas de organización patronal que reducen las relaciones laborales a condiciones de explotación inadmisibles, porque conculcan los derechos más elementales de los trabajadores, convierten en precarios los empleos formales mediante los sistemas de subcontratación, tercerización u outsourcing, que tienen el objetivo de evadir responsabilidades patronales que están expresamente establecidas en el artículo 123 de la propia Constitución y en la Ley Federal del Trabajo, que en su artículo tercero establece que el trabajo no puede ser considerado artículo de comercio. A pesar de ello, los contratos celebrados entre las empresas de servicios y las beneficiarias reducen el trabajo a mercancía, a un objeto de transacción comercial”. El artículo 15 bis de la segunda versión de la iniciativa priísta contradice lo sostenido unas semanas antes.
5. Existen otros caminos para mejorar la productividad, incrementar el empleo y lograr mejores salarios. Así lo han demostrado otros países que han orientado su política económica al mercado interno y han facilitado esquemas de concertación y diálogo productivo entre trabajadores organizados democráticamente, empresarios responsables y gobiernos que tienen como prioridad el mejoramiento de las condiciones de vida de la gente. Un aspecto central es que exista una autoridad laboral imparcial y eficiente, tema que la propuesta PRI-PAN soslaya, castigando a los trabajadores al limitar el pago de salarios caídos y haciendo más atractivo el despido injustificado.
Una valiosa conclusión de estos foros se refiere a la necesidad de construir la unidad de los empleados más allá de siglas, para defender el valor de su trabajo y el futuro de sus hijos.
