A casi año y medio de lucha por revertir el ilegal decreto de Felipe Calderón que liquidó LFC, 16 mil 599 electricistas en resistencia estan atrapados en los pantanos de la legalidad burguesa.
Tomás Oropeza B.
La lucha que sostienen los electricistas desde hace más de 17 meses en los frentes jurídicos, legislativo y político nuevamente se ha estancado. No cabe duda de que el gobierno de Felipe Calderón le apuesta al desgaste y la desesperación de los 16 mil 599 ex trabajadores de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (CLF) que esperaban una respuesta expedita de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA)
El sábado la presidenta de la Junta Especial número 5 de la JFCA decidió unilateralmente suspender la audiencia hasta el próximo 9 de abril, para continuar el periodo de entrega de pruebas. Burda maniobra dilatoria.
Los plantones en el Zócalo y el iniciado ayer a las puertas de las instalaciones de esa Junta no fueron suficientes para que la burocracia de la Secretaría del Trabajo abandonara la calculada intransigencia con que por órdenes de Felipe Calderón trata a ese combativo gremio.
Las demandas de pago de salarios caídos y recontratación por un patrón substituto que podría ser la Comisión Federal de Electricidad (CFE) o una nueva empresa creada para proveer de electricidad a la capital del país y zona conurbada, siguen pendientes.
El Comité Central del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) después de haber acudido a la secretaría de Gobernación sin recibir una sola propuesta de solución, ahora espera que una comisión de legisladores creada para impulsar su propuesta tenga éxito.
Nada más iluso que esperar que lo que hasta ahora no se ha resuelto con la movilización, se solucione en los turbios tribunales laborales donde jueces tanto o más venales que Héctor Palomares (a) El Pipiolo, vuelto famoso por aparecer en el documental Presunto Culpable, les den la razón.
Igual por lo que respecta a que legisladores acostumbrados a negociar con los intereses populares cumplan con su obligación de defender una causa justa pugnando por la creación de la empresa que sustituya a la desaparecida CLF. La historia del país es la historia de las traiciones al pueblo por parte de quienes se dicen sus representantes.
Cuando el secretario general del SME Martín Esparza amenaza con acudir a la Cámara de Diputados “para que vea la forma en que dilata los asuntos esta Junta, la cual obedece al gobierno y a los patrones” (La Jornada, 26.03.2011) parece olvidar que diputados y senadores sólo sirven al ejecutivo y al gran capital. Y que el PRI y el PAN apoyaron la imposición del modelo neoliberal en el país.
¿Puede alguien confiar en el PRI, hoy empeñado en que se aprueben por la vía del fast track una reforma a la Ley Federal del Trabajo que destruiría las principales conquistas de la clase obrera mexicana y una reforma fiscal que gravaría alimentos y medicinas? ¿Deben los trabajadores esperar que politicastros que han apoyado abyectamente la liquidación de LFC y la narcoguerra que ya ha costado más de 35 mil muertes los ayuden a vencer a quien llegó a la presidencia mediante un golpe de Estado técnico y se sostiene en el poder sólo por el apoyo que le brinda el gobierno de Estados Unidos y el ejército?
La lucha de los electricistas es heroica y justa. Se sostiene por la voluntad de casi 17 mil trabajadores que han aprendido en la escuela de la lucha de clases que el gobierno y el Estado de la burguesía son sus enemigos.
Su triunfo no se mira cercano. Pero el tiempo corre en contra del gobierno panista. El país está a punto de estallar porque la miseria, el desempleo y la injusticia están colmando la paciencia del pueblo.
Los reafirma en su convicción de mantenerse en pie de lucha, la suerte que han corrido los 27 mil que renunciaron a defender sus derechos y aceptaron liquidarse, por creer en las promesas de que serían recontratados. Según su vocero, el esquirol Alejandro Muñoz, sólo a 200 se les ha colocado en alguna empresa.
Las condiciones económicas y sociales del país lo están convirtiendo en un polvorín. Y en todos lados comienzan a surgir muestras de inconformidad. En el estado de Chiapas, gobernado por el PRD y asolado por grupos paramilitares, miles de maestros de la sección 7 del SNTE realizaron bloqueos en carreteras para manifestar su rechazo a la reformas laboral, hacendaria, educativa y de seguridad pública. Y también demandaron la renuncia de Felipe Calderón.
