José Gil Olmos
Promovido por dueños de medios electrónicos e impresos –pero sobre todo por el duopolio televisivo–, el Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia, firmado el jueves 24 en el Museo de Antropología, plantea una serie de medidas para encarar la labor periodística en tiempos de guerra (al narco). Pero muchos comunicólogos y periodistas, algunos de los cuales rechazaron la invitación, consideran que la iniciativa “no es tan ciudadana”, pretende uniformar la información y alcanzan a vislumbrar detrás de todo una mano que viene de Los Pinos.
MÉXICO, DF., 26 de marzo (Proceso).- Todo empezó con una petición presidencial. La mañana del 5 de agosto de 2010, Felipe Calderón se reunió en Los Pinos con los dueños de las principales cadenas de radio y televisión y de periódicos y revistas. El presidente les pidió “ser parte de su estrategia” de guerra contra el narcotráfico, “autorregular” sus contenidos, impulsar la idea de que el gobierno iba ganando la batalla y “evitar” entrevistar “criminales” para no convertirlos en héroes.
Siete meses después llegó el resultado. El jueves 24 se dio a conocer el Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia signado oficialmente por 715 medios –aunque a la firma asistió apenas media centena– en un acto encabezado por las dos principales cadenas de televisión, Televisa y Televisión Azteca
Pedro Torres Estrada, subdirector editorial de El Diario, de Ciudad Juárez –uno de los más afectados por la violencia del crimen organizado–, afirma en entrevista telefónica: “Sospechamos que detrás de todo esto están las manos del gobierno”.
Comenta a Proceso que, hace unas semanas, Claudio X. González, en nombre de la Fundación Televisa, los invitó a firmar el documento. Rechazaron la invitación. “Nos dijeron que el presidente Calderón estaba interesado en tener una reunión previa el martes en Los Pinos o en algún otro lugar, y que le daría mucho gusto que estuviéramos presentes. Dijimos que muchas gracias, pero no”.
–¿Ven una posibilidad de censura?
–Sospechamos que esto no es tan ciudadano. Si nos vamos hacia atrás y revisamos las expresiones de los gobiernos en relación con la cobertura de la violencia, muchas de esas están implícitas en el acuerdo. Nos acusan de ser apologistas de la violencia, de que estamos creando héroes de delincuentes. Creemos que, en determinado momento, detrás de esto pudiera estar la mano del gobierno.
El comunicólogo Raúl Trejo Delarbre aporta un punto de vista distinto, pero complementario: el acuerdo, dice, responde claramente a los intereses empresariales de Televisa y TV Azteca, que necesitan “legitimación” en momentos en que se enfrentan con el gigante de las telecomunicaciones: el Grupo Carso.
Extracto del reportaje que se publica en la edición 1795 de la revista Proceso, ya en circulación.
