Autor: Pablo Moctezuma Barragán / 27 Marzo 2011
En el Foro Económico Mundial, en Davos, Marcelo Ebrard Casaubón convocó al encuentro internacional de inversionistas, del 14 al 17 de marzo, en el World Trade Center. Su objetivo: “Estrechar la cooperación de las instituciones científicas y universitarias con las empresas privadas”. Éste ha sido su proyecto en el Distrito Federal.
En el Foro Económico Mundial, en Davos, Marcelo Ebrard Casaubón convocó al encuentro internacional de inversionistas, del 14 al 17 de marzo, en el World Trade Center. Su objetivo: “Estrechar la cooperación de las instituciones científicas y universitarias con las empresas privadas”. Éste ha sido su proyecto en el Distrito Federal.
Las fuerzas progresistas se distinguen por la defensa de los recursos públicos, la empresa pública, los espacios públicos y el respeto por el interés y bienestar de la población; las fuerzas reaccionarias buscan las máximas ganancias para las corporaciones privadas a costa de los recursos públicos; emplean las empresas privadas y ponen a su disposición los espacios públicos.
Las fuerzas progresistas dan servicios públicos –que se pagan con los impuestos– gratuitos o al costo; las fuerzas reaccionarias quieren hacer un negocio de los servicios públicos, encareciéndolos y generando lucro para la empresa privada.
Las fuerzas progresistas dan servicios públicos –que se pagan con los impuestos– gratuitos o al costo; las fuerzas reaccionarias quieren hacer un negocio de los servicios públicos, encareciéndolos y generando lucro para la empresa privada.
En el Distrito Federal, queremos un gobierno progresista. Ya estamos cansados del neoliberalismo.
Marcelo Ebrard ha impulsado una serie de megaproyectos privatizadores que son rechazados por la población: el Foro Estadio en Azcapotzalco, la Supervía Poniente, la Línea 12 del Metro en Tláhuac, el Acuario en Xochimilco, la Biometrópolis en el Ajusco, la Ciudad del Conocimiento en Tlalpan, así como la privatización de parques públicos, como el de Santa Fe o el Parque Reforma Social. Contra estos proyectos, la población se ha organizado para hacer valer sus derechos. Las formas de protesta han variado: algunas son novedosas, como la que utilizó la atleta Úrsula Esquivel Silva el 16 de febrero, cuando al recibir una mención honorífica en el momento en que Ebrard la abrazaba, sacó un letrero con la leyenda “No a la Supervía”.
Otras protestas han sido reprimidas violentamente. El 19 de octubre de 2010, granaderos atacaron un plantón de vecinos opositores a la Supervía; hubo varios heridos. Luego en las primeras horas del 1 de enero, la policía ocupó predios para comenzar la demolición de viviendas. El proyecto de la Supervía ha generado amplio rechazo de la población, académicos y urbanistas, pues el gobierno del Distrito Federal no realizó consulta alguna. Además, con la obra dañará viviendas, zonas catalogadas como Área de Valor Ambiental y Área Natural Protegida, así como uno de los únicos ríos que quedan vivos en la ciudad, y mantos acuíferos. La gran tajada se la han de llevar las empresas constructoras OHL, de origen español, y su asociada Copri, que gana doblemente porque la parte beneficiada sería el circuito del Puente de los Poetas, donde la empresa ha construido más de 1 mil departamentos.
Por ello, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal acusa al gobierno del Distrito Federal de violar los derechos humanos a una vivienda adecuada, un medio ambiente sano, la información, al agua, seguridad jurídica y los derechos políticos de los habitantes de las delegaciones Álvaro Obregón y La Magdalena Contreras.
En el Norponiente de la ciudad, en Azcapotzalco, Marcelo Ebrard desincorporó, el 14 de diciembre, el Deportivo Azcapotzalco y la Alameda Norte a favor de una asociación “pública privada”, Operadora de Espacios Deportivos, para la construcción del Foro Estadio Azcapotzalco en los espacios públicos. Esos terrenos son propiedad de la nación y el gobierno del Distrito Federal sólo debe administrarlos debidamente.
La privatización del Deportivo Azcapotzalco y la Alameda Norte en beneficio de Zignia Live y Grupo Avalanz llevó al bloqueó del Eje 5 Norte por el pueblo chintololo el 19 de enero. Con la participación de los barrios y pueblos de Azcapotzalco, el 23 de enero una cadena humana rodeó el Deportivo y la Alameda; el 25 de enero, en el Zócalo, 400 pobladores de Azcapotzalco exigieron la derogación del decreto del 14 de diciembre. “¡Los espacios públicos deben ser respetados!”, gritaban.
El 3 de febrero, tras una reunión de funcionarios del gobierno capitalino en Santa Bárbara, para promover el Foro Estadio, los vecinos se opusieron. Por la tarde, policías intentaron detener a Israel Resendiz Rocha (lo acusaban de robo); ingresaron a su taller de herrería, a su casa y dispararon varias veces. Los vecinos tocaron las campanas y se reunió todo el pueblo para retener dos patrullas y llevar a los policías ante las autoridades de la Agencia 40; pero éstos no fueron detenidos. Los vecinos coreaban “¡Marcelo, entiende, Azcapo no se vende!”.
El 9 de febrero, en la inauguración de la Línea 3 del Metrobús, los vecinos de Azcapotzalco protestaron, y Marcelo Ebrard tuvo que suspender su recorrido. “¡No al Foro Estadio!”, gritaban los chintololos.
Los casos se incrementan. El gobierno de Ebrard otorgó los terrenos del exrastro Ferrería a la iniciativa privada para construir la Arena de la Ciudad de México, con capacidad para 22 mil personas, 125 suites de lujo y 5 mil cajones de estacionamiento. La obra está a cargo del Grupo Avalanz, quien opera la Arena Monterrey. El gobierno del Distrito Federal “aportó” el terreno de la avenida Granjas, en Santa Bárbara, con una superficie de 81 mil metros cuadrados, mediante “un sistema de actuación por cooperación” –un mecanismo donde ambas partes “cooperan” para crear y mejorar infraestructura– para la construcción del centro de espectáculos. La empresa privada invertirá 3 mil 300 millones de pesos para construir la “arena más grande de Latinoamérica”, que les traerá jugosas ganancias, pero que implicará abrir vialidades que destruirán los barrios aledaños, además de afectar el abasto de agua –ya en problemas– en toda la delegación. Este esquema de actuación por cooperación significa que el capital pone inversión, el gobierno aporta el terreno (que no es suyo) y el capital se lleva las ganancias.
En el Rosario, la iniciativa privada controlará otros espacios que eran áreas verdes y públicos. A cambio de 2 mil millones de pesos, erigirá áreas comerciales (donde se ubica el casco de la antigua Hacienda del Rosario, que es un inmueble catalogado con valor histórico por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH). En esos espacios, los grandes empresarios abrirán sus negocios bancarios, restaurantes, un supermercado, un hospital, un hotel de negocios, cines y un paradero “de clase mundial”. En el Cetram Rosario, invertirán, junto con el gobierno del Distrito Federal, Desarrolladora Mexicana de Infraestructura Social (Dimi), Impulsora para el Desarrollo y el Empleo en América Latina (de Carlos Slim Helú) y Conservación y Mantenimiento Urbano, que preside Javier García Bejos. El consorcio tiene la concesión a 30 años. El Distrito Federal aporta el espacio, y Dimi, la inversión, la administración y, en general, la operación del proyecto. Es decir que, por cantidades irrisorias –en el caso del Foro Estadio, 1 millón de pesos al año–, se le otorgan esos terrenos públicos y áreas verdes a las grandes empresas privadas de Salinas Pliego, Carlos Slim y otros. Claro que no reconocen en ningún caso que se trata de una privatización. Para disimularlo, la bautizan como “sistema de actuación por cooperación”. Siempre en el discurso se acentúa que no es privatización, como lo hizo Felipe Calderón con Petróleos Mexicanos.
El tercer proyecto en Azcapotzalco es para la universidad CNCI (1.2 hectáreas): un centro de educación media superior y capacitación en las inmediaciones de la Unidad Habitacional el Rosario, que aplicará el sistema de actuación por cooperación. También se dio la autorización de siete torres de 10 pisos en el Rosario. Sin tomar en cuenta que los megaproyectos en Azcapotzalco se realizan en una zona de hundimientos y grietas muy peligrosas, debido a una falla geológica que va por todo el Nororiente de la delegación y que ya ha ocasionado siniestros.
Todos los megaproyectos de Azcapotzalco tendrán un gran impacto urbano y ambiental, y harían necesaria la apertura de grandes vialidades (que se mantienen en secreto) que afectarían y destruirían a los pueblos originarios de Azcapotzalco: Santa Bárbara, San Andrés, Santa Catarina, San Martín Xochinahuac, Nueva España, San Pablo Xalpa, etcétera. Incluso, podría verse afectada la Universidad Autónoma Metropolitana.
La movilización en Azcapotzalco ha ido en ascenso. El jueves 3 de marzo se realizó una marcha a la Glorieta de Camarones. Los chintololos reiteraron ahí su demanda de derogación de la desincorporación de los terrenos públicos. El martes 8 de marzo, la movilización de vecinos clausuró simbólicamente la obra de la Arena Ciudad de México y luego emprendió una marcha por varios puntos de la delegación.
Ante el rechazo a los megaproyectos, el 8 de marzo Ebrard y Laura Velázquez, de la Secretaría de Desarrollo Económico, plantearon construir el Foro Estadio en otro lugar. De cumplirse, significaría una victoria del movimiento.
Pero los megaproyectos privatizadores de Marcelo Ebrard no se limitan a Azcapotzalco. Hay otros 24 en toda la ciudad. En protesta contra estas obras, el jueves 24 de febrero se realizó una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino. Con gran combatividad, más de 2 mil personas repudiaron las políticas neoliberales que buscan entregar los bienes de la nación al gran capital. Ese mismo día, Marcelo Ebrard envió a la Asamblea Legislativa una iniciativa de ley para descentralizar el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, en la que se plantea la intervención del sector privado en el suministro y dotación de agua potable.
Para actuar a su antojo, Ebrard hizo aprobar en la Ley de Desarrollo Urbano de 2010 obras no previstas en los planes de desarrollo delegacionales, sin tomar en cuenta la opinión de legisladores, delegados y ciudadanos. Pero la acción ciudadana ha frustrado algunos de sus proyectos, como el del tranvía, en el que iba a invertir 2 mil millones de pesos al darle la concesión a la empresa francesa Alstim; y la Torre Bicentenario, que costaría 7 mil millones de pesos: la concesionaria sería constructora Pontegadea, del español Amancio Ortega. Para estacionamientos en el Bosque de Chapultepec, daría 300 mil metros cuadrados a inversionistas privados, pero la oposición de los vecinos lo impidió.
Además, el gobierno capitalino pretende desarrollar vialidades de paga en el segundo piso del Periférico, del Toreo a Muyuguarda. Esta obra ha sido concesionada a la empresa OHL (que trabaja con Peña Nieto), a ICA y a Carso, de Carlos Slim.
La tendencia de Ebrard es la privatización: lo hizo con el servicio de grúas, parquímetros, Metrobús; arrenda trenes de la línea 12 a la empresa española en vez de comprarlos directamente; entrega, en la zona de recarga de los acuíferos del Ajusco, terrenos públicos a un proyecto llamado Biometrópolis; en Tlalpan, impulsa la Ciudad del Conocimiento sobre una reserva natural que alberga especies en peligro de extinción, y que son “protegidas” por la inmobiliaria Grupo Frisa. Esa ciudad destruirá formaciones lávicas de más de 2 mil años de antigüedad, el hábitat de especies en peligro y el ecosistema con el fin de favorecer la instalación de laboratorios de trasnacionales extranjeras. En la delegación Xochimilco, pretende construir en tierras ejidales una zona hotelera con el “acuario más grande de América Latina. Con Pepsi Cola, construyó el árbol de navidad más alto del mundo, y usó el Zócalo en el Mundial de Futbol para poner una megapantalla de Coca Cola.
Para ganarse a las grandes inmobiliarias, ha fomentado la construcción de rascacielos y viviendas de lujo en Reforma, Insurgentes, Palmas, Santa Fe y Polanco.
Un gobierno progresista realiza las obras con sus propios trabajadores y no recurre a darle todas las obras a empresas privadas que no tienen un sentido social.
Para tener buena imagen, ha gastado cientos de millones de pesos para promoverse en los medios que le permiten ocultar el daño que le hace a la ciudad, como su autorización de demoler 14 inmuebles catalogados Monumentos Históricos por el INAH para construir plazas comerciales, para organizaciones clientelares que lo apoyarán en su campaña.
Por otra parte, busca construir la Línea 12 del Metro con la española Construcción y Auxiliar en Ferrocarril, la francesa Alston y Carlos Slim, y así facilitarle a los desarrolladores inmobiliarios el acceso a la última reserva territorial y de agua del Distrito Federal, para lo cual despojó de 100 hectáreas de tierra agrícola a los ejidatarios de San Francisco Tlaltenco, que se ampararon, pero aun así fueron reprimidos por los granaderos. Se calculan en 800 las expropiaciones. Se ha reprimido violentamente las manifestaciones en Tláhuac; también fueron desalojados los vecinos de la Narvarte que se oponían a los daños por la Línea 3 del Metrobús.
Las políticas neoliberales de Marcelo Ebrard Casaubón van de la mano de las alianzas con el Partido Acción Nacional (PAN) y la derecha, que el jefe de gobierno ha propugnado abiertamente. El 10 de febrero de 2011, en la Universidad Iberoamericana, Ebrard declaró: “Las alianzas de la izquierda con la derecha llegaron para quedarse”.
Hay dos proyectos que se contraponen; el enfrentamiento entre los dos se agudiza. Uno es el proyecto social que defiende los derechos de todos los seres humanos, buscando nuevas soluciones para lograr el desarrollo y el bienestar de la sociedad, utilizando los avances y potencialidades del mundo moderno para resolver los viejos problemas de la humanidad, lograr trabajo, paz y vida digna, y un medio ambiente sano y sustentable. Éste se opone al proyecto antisocial, que es el que prioriza los intereses de las grandes corporaciones capitalistas que niegan los derechos individuales, los de pueblos y naciones, y degradan el medio ambiente.
Aquí no es cosa de “derecha” e “izquierda”, sino de quién defiende al pueblo y a la nación, y quién, a las corporaciones extranjeras y a las potencias imperiales.
Salinas, Zedillo y Peña Nieto privatizan desde el Partido Revolucionario Institucional; Calderón, Fox y Diego, desde el PAN, y en el Distrito Federal, hace lo mismo Marcelo Ebrard desde el PRD.
Ya llegó el momento de un cambio, una renovación democrática para que el pueblo decida; del triunfo de un proyecto alternativo de nación en el que se dé prioridad al bienestar social y al desarrollo en armonía con la naturaleza. Llegó el momento de la unión para alcanzar este proyecto popular y derrotar al neoliberalismo salvaje.
*Politólogo e historiador; exdelegado de Azcapotzalco, Distrito Federal
