El SME sigue siendo una voz que reclama sus derechos, el Sindicato de Mineros también, y ahora se han sumado los y las trabajadores de Mexicana de Aviación; el Sindicato del Instituto Mexicano del Seguro Social se separó de la UNT.
Por Carmen R. Ponce Meléndez*
Por Carmen R. Ponce Meléndez*
México, DF, 22 mar 11 (CIMAC).- ¿En qué condiciones se encuentran las mujeres trabajadoras y las sindicalistas para enfrentar una propuesta de reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) como la que presentó en la Cámara de Diputados el Partido Revolucionario Institucional (PRI) el pasado 11 de marzo?
Desde octubre de 2009 cuando la Secretaría del Trabajo y Previsión social presentó su proyecto “Hacia una reforma laboral para la productividad y la previsión social”, semanas después del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, muchos son los acontecimientos de índole laboral que se han acumulado.
Desde octubre de 2009 cuando la Secretaría del Trabajo y Previsión social presentó su proyecto “Hacia una reforma laboral para la productividad y la previsión social”, semanas después del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, muchos son los acontecimientos de índole laboral que se han acumulado.
El SME sigue siendo una voz que reclama sus derechos, el Sindicato de Mineros también, y ahora se han sumado los y las trabajadores de Mexicana de Aviación; el Sindicato del Instituto Mexicano del Seguro Social se separó de la UNT.
Las trabajadoras de la industria automotriz y de la maquila enfrentaron paros técnicos, desempleo y pérdidas significativas en sus prestaciones, como el caso de las obreras de la industria textil, por decir los más relevantes.
En general, el empleo se concentró en la informalidad, los aumentos salariales han generado una mayor pérdida del poder adquisitivo; en síntesis se acrecentaron las cuotas de desigualdad: económica y de género.
En este entorno se mantuvo constante la demanda patronal de una reforma laboral, que ha sido rechazada por el sindicalismo independiente y los partidos de izquierda.
Uno de los indicadores clave para medir el impacto que ha tenido en las mujeres el desempleo es la llamada “relación de dependencia (RD)” y la situación de los hogares encabezados por mujeres.
En el primer caso se trata del número de personas en edades dependientes por cada 100 personas en edades productivas, la RD nacional (2010 Inegi), es de 62.3 por ciento nacional, pero en entidades como Guerrero alcanza el 75.4 por ciento.
Significa que por cada mujer empleada hay 7.5 personas dependientes que se benefician directamente, o a la inversa, si esta mujer pasa a la categoría de desempleada automáticamente se afectará a 7.5 personas más. En Estados Unidos este indicador de RD es de 50.0 por ciento.
La situación laboral de las jefas de hogar es muy ilustrativa: en los hogares pobres estas mujeres en un 45.5 por ciento son asalariadas sin contrato y 32.8 por ciento son independientes; están en la informalidad siete de cada 10 jefas de hogares pobres (cifras de Conapo).
Algo muy similar sucede con los llamados “trabajadores sin pago o no remunerados”. Ahí la brecha de género es abrumadora, son mujeres ocupadas que no tienen ningún tipo de pago monetario o en especie por su ocupación; su número en esta condición supera en el doble al de los hombres (datos de ENOE-Inegi).
Aunque este porcentaje es más alto en las áreas rurales que en las urbanas, lo cierto es que el hecho de que el empleo se genere mayoritariamente en las microempresas también incide en esta situación.
Más de la mitad (67 por ciento) de las Pymes tienen un tipo de administración familiar; las mujeres trabajan ahí pero no necesariamente perciben un salario; resulta que están apoyando la economía familiar.
Con esta realidad laboral ¿por qué razón las mujeres van a apoyar una propuesta de reforma como la que está en vías de discutirse en el Congreso?
Se argumenta que la actual LFT es una traba para generar más empleos y para elevar la productividad, pero la evidencia empírica no permite sustentar estos argumentos.
Por el contrario, hay elementos para presumir que tal como está planteado el proyecto de reforma, el despido de los y las trabajadoras se “facilite”, además se merma considerablemente a las organizaciones gremiales, habrá más mujeres en condiciones de pobreza y la cuota de desigualdad de género aumentará.
Las trabajadoras de la industria automotriz y de la maquila enfrentaron paros técnicos, desempleo y pérdidas significativas en sus prestaciones, como el caso de las obreras de la industria textil, por decir los más relevantes.
En general, el empleo se concentró en la informalidad, los aumentos salariales han generado una mayor pérdida del poder adquisitivo; en síntesis se acrecentaron las cuotas de desigualdad: económica y de género.
En este entorno se mantuvo constante la demanda patronal de una reforma laboral, que ha sido rechazada por el sindicalismo independiente y los partidos de izquierda.
Uno de los indicadores clave para medir el impacto que ha tenido en las mujeres el desempleo es la llamada “relación de dependencia (RD)” y la situación de los hogares encabezados por mujeres.
En el primer caso se trata del número de personas en edades dependientes por cada 100 personas en edades productivas, la RD nacional (2010 Inegi), es de 62.3 por ciento nacional, pero en entidades como Guerrero alcanza el 75.4 por ciento.
Significa que por cada mujer empleada hay 7.5 personas dependientes que se benefician directamente, o a la inversa, si esta mujer pasa a la categoría de desempleada automáticamente se afectará a 7.5 personas más. En Estados Unidos este indicador de RD es de 50.0 por ciento.
La situación laboral de las jefas de hogar es muy ilustrativa: en los hogares pobres estas mujeres en un 45.5 por ciento son asalariadas sin contrato y 32.8 por ciento son independientes; están en la informalidad siete de cada 10 jefas de hogares pobres (cifras de Conapo).
Algo muy similar sucede con los llamados “trabajadores sin pago o no remunerados”. Ahí la brecha de género es abrumadora, son mujeres ocupadas que no tienen ningún tipo de pago monetario o en especie por su ocupación; su número en esta condición supera en el doble al de los hombres (datos de ENOE-Inegi).
Aunque este porcentaje es más alto en las áreas rurales que en las urbanas, lo cierto es que el hecho de que el empleo se genere mayoritariamente en las microempresas también incide en esta situación.
Más de la mitad (67 por ciento) de las Pymes tienen un tipo de administración familiar; las mujeres trabajan ahí pero no necesariamente perciben un salario; resulta que están apoyando la economía familiar.
Con esta realidad laboral ¿por qué razón las mujeres van a apoyar una propuesta de reforma como la que está en vías de discutirse en el Congreso?
Se argumenta que la actual LFT es una traba para generar más empleos y para elevar la productividad, pero la evidencia empírica no permite sustentar estos argumentos.
Por el contrario, hay elementos para presumir que tal como está planteado el proyecto de reforma, el despido de los y las trabajadoras se “facilite”, además se merma considerablemente a las organizaciones gremiales, habrá más mujeres en condiciones de pobreza y la cuota de desigualdad de género aumentará.
Cabe la posibilidad de que su discusión se posponga hasta septiembre, igual que el proyecto de reforma fiscal, debido a los tiempos electorales. En torno a esta situación es que se han movido los diferentes proyectos de los partidos políticos; lo cierto es que la oferta que se ha hecho a las mujeres trabajadoras en esta materia todavía deja mucho que desear.
Pero además el escenario internacional es muy proclive a este tipo de reformas laborales, lo que acaba de suceder con los trabajadores públicos en Estados Unidos o las protestas que se generaron en Francia, España o Portugal, documentan ampliamente los equilibrios con que cuentan estas propuestas conservadoras.
Se apagó la voz de Santa Sabina; seguirán escuchándose las rolas de Rita Guerrero.
* Economista especializada en temas de género
Pero además el escenario internacional es muy proclive a este tipo de reformas laborales, lo que acaba de suceder con los trabajadores públicos en Estados Unidos o las protestas que se generaron en Francia, España o Portugal, documentan ampliamente los equilibrios con que cuentan estas propuestas conservadoras.
Se apagó la voz de Santa Sabina; seguirán escuchándose las rolas de Rita Guerrero.
* Economista especializada en temas de género