Jaime Martínez Veloz
El 11 de febrero del presente año se llevó a cabo la clausura total parcial de la terminal de gas natural licuado de la empresa Sempra Energy, ubicada en el municipio de Ensenada, debido a múltiples irregularidades y violaciones a la ley. Había llegado así la culminación de una serie de denuncias de una sociedad agraviada por el proceder de la multinacional, que sin recato alguno violentó todas las normas y leyes mexicanas que tuvo a su alcance.
La medida realizada por el alcalde de Ensenada tuvo una respuesta furibunda por parte de funcionarios federales, estatales y directivos de la trasnacional, que sin guardar las formas respondieron con acciones que expresan uno de los niveles de mayor degradación política que se conozca en la historia de la entidad y del país.
Desde que Sempra empezó a impulsar su proyecto, las oficinas del ayuntamiento de Ensenada se habían convertido en oficialía de partes de la multinacional. La voluntad de los funcionarios y las normas municipales fueron doblegadas mediante el reparto de varios millones de dólares. Con el poder en sus manos, tanto funcionarios de los tres niveles de gobierno como los directivos de la empresa jamás repararon que en la vida las cosas cambian y actuaron como si sus triquiñuelas estuvieran casadas con la eternidad. De esta manera nunca cuidaron las formas ni respetaron las normas.
Las protestas sociales de ciudadanos, organizaciones, ambientalistas, fueron desdeñadas o ignoradas mediante la complicidad con las autoridades y una política de comunicación, donde a través del reparto de chayotes, cooptación de periodistas y convenios con los medios de la entidad; la trasnacional pudo avanzar en su instalación en las costas de Ensenada.
Con estos antecedentes, las autoridades del actual ayuntamiento de Ensenada, encontraron que los archivos del expediente de Sempra estaban casi vacíos, y lo poco que quedaba daba muestra de la dejadez y la burla de la transnacional y las autoridades mexicanas. El permiso de uso de suelo, mediante el cual Sempra Energy había sustentado toda su estrategia de legitimación, era un documento personal del ex presidente municipal Jorge Antonio Catalán Sosa, quien no recabó la autorización ni la firma del Cabildo, tal como lo establecían las normas vigentes en ese momento, todo ello a cambio de varios millones de dólares, algunos de ellos disfrazados mediante un fideicomiso vergonzante, para simular el cohecho.
Dicho documento, que en el argot de los abogados se dice que es nulo de pleno derecho expresa lo que para los funcionarios panistas de Ensenada y sus amigos y financieros electorales de Sempra Energy le significan las leyes mexicanas.
Al mismo tiempo se encontró que la instalación de la planta viola la Ley de Desarrollo Urbano, el Programa de Desarrollo Urbano, Turístico y Ecológico del Corredor Costero Tijuana-Rosarito-Ensenada (Cocotren) y el Programa de reordenamiento ecológico marino del Pacífico Norte, de la Semarnat; donde se reconoce explícitamente que las instalaciones de Sempra Energy, violentan las disposiciones del Cocotren. Las propias autoridades federales que hoy saltan a la palestra para denostar al alcalde ensenadense, desconocen que sus propios documentos normativos le dan la razón al edil de Ensenada.
Encajonados por sus propios errores, inaugurando tipo de hacer política, al estilo Trucutú, el todavía secretario de Gobernación, José Francisco Blake, en un acto inaudito, le llamó en forma directa al secretario de Seguridad Pública de Ensenada para ordenarle que retirara las fuerzas policiacas que resguardaban las instalaciones de la empresa, una vez que había sido clausurada. La respuesta del secretario Florencio Cuevas fue firme, le contestó que él sólo recibía instrucciones del presidente municipal, el cual le ordenó actuar con prudencia y retirarse del lugar para evitar un derramamiento de sangre.
Al paralelo de la llamada de Blake, el secretario de Gobierno de Baja California, Cuauhtémoc Cardona, acompañado de tropas militares y policías estatales, llegó al lugar con una actitud porril, dirigiendo la operación de romper los sellos de clausura que las autoridades municipales habían colocado en la regasificadora. De esta manera, tras esta acción esquirolesca, el gobierno y la empresa presumen que la regasificadora trabaja normalmente, aunque desde el punto de vista legal, las consecuencias legales que habrán de pagar por dicho acto atrabiliario todavía ni siquiera se las imaginan, porque el acto legal de la clausura de la empresa fue consumada a cabalidad.
Los actos de Blake y Cuauhtémoc Cardona, nos hacen recordar aquellos personajes de los cómic, Puk y Suk, que eran una pareja de hermanos que por su naturaleza primitiva eran caníbales, pero siempre fueron demasiado zonzos para realmente comerse a alguien, aunque por donde pasaban hacían destrozo y medio.
La reacción desmesurada de los funcionarios federales y estatales es de proteger los negocios que, en sentido contrario al interés nacional, han llevado a cabo los gobiernos panistas de la entidad, en especial el de Eugenio Elorduy, donde sus familiares y socios han sido cómplices de la trasnacional. Para muestra podemos mencionar a la hija del ex gobernador: Érika Elorduy Blackaller aparece como apoderada de la empresa DGN, asociada con Sempra, y de Enova, consorcio que le maneja a Sempra operaciones financieras a gran escala; otro pariente de Elorduy, su sobrino Gustavo de Hoyos Walther, es abogado y representante de Sempra Energy ante los juzgados, otro personaje actual empleado y operador de Sempra es el ex secretario de Gobierno durante el sexenio de Elorduy.
Hoy más que nunca los ensenadenses dignos y quienes los apoyamos estamos en pie de guerra, hasta una solución justa, responsable y legal en su lucha por la legalidad y la dignidad en contra de la multinacional Sempra Energy.
