Por: Alberto Barranco
Acusada formalmente por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) de defraudación, al embolsarse el monto del que sería el último pago de nómina para los trabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro, la empresa de traslado de valores Transportes Blindados Tameme enfrenta fuego cruzado.
De entrada, la imagen de rapaz con que se le exhibe ante la opinión pública provocó la cancelación de los últimos contratos que mantenía, lo que agudizó un deterioro financiero que la colocaba desde diciembre del año pasado en estado de quiebra.
De hecho, a partir de julio ha cerrado sus sucursales en el sureste de la república, concretamente en Campeche, Tabasco, Veracruz y Mérida.
Más allá, alertados por el escándalo, los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas están exigiendo no sólo el entero de los recursos desaparecidos, sino la cancelación de los permisos con que opera la firma, ya el de portación de armas por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, como de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para operar como transportista.
Ahora que más allá del reclamo de 316.5 millones de pesos que la compañía recibió entre el seis y el ocho de octubre de 2009 para ensobretado y pago de nómina de trabajadores activos y jubilados de Luz y Fuerza del Centro correspondiente a la semana 41 de ese año, se le acusa de haber desaparecido otros 100 millones en perjuicio de la propia empresa extinguida, cuyos activos pasaron a poder del SAE.
El problema, además, es que existen decenas de denuncias similares por parte de particulares, lo que podría elevar el desfalco a mil millones de pesos.
Y aunque Tameme señala que no regresó el dinero por corresponder éste a los trabajadores, por más que alcanzó a entregar 101 millones antes de la extinción de la compañía, guardando los 214.5 millones restantes en sus bóvedas de Cuernavaca, Toluca, Pachuca y la capital del país, lo cierto es que no hay documento alguno que justifique los pagos, es decir el nombre del empleado, su número de clave y la firma de recibido.
De hecho, ante la negativa de la compañía en rendirle cuentas al SAE, éste le hizo un requerimiento por oficio el 10 de noviembre de 2009, seguido de otro el 16 de abril del año pasado, para aterrizar en dos diligencias en su domicilio social el 19 de mayo y el 17 de junio.
Ante la falta de claridad, se presentó una denuncia por fraude el 23 de junio pasado ante la Subdelegación de Procedimientos Especiales de la Procuraduría General de la República.
Lo grave del caso es que el asunto, más allá de colocar en pie de guerra nuevamente a los extrabajadores de Luz y Fuerza, exhibe de cuerpo entero la torpeza con que se planeó el golpe contra la paraestatal que daba servicio a la capital y cinco entidades federativas.
Improvisada la "estrategia", a contrapelo de los estudios a costo millonario que había ordenado el presidente Felipe Calderón al inicio de su mandato, se habilitó con tal torpeza al SAE como liquidador de los activos, que debieron pasar varias semanas para que se diera cuenta que la última nómina no se había entregado.
En el río revuelto, naturalmente, Tameme aprovechó para sumergirse.
Ahora que en su desesperación la empresa trasportista de valores demandó a su vez al SAE por un supuesto adeudo de 67.1 millones de pesos por servicios prestados a Luz y Fuerza del Centro, además de daños y perjuicios.
La querella, sin embargo, fue desechada por la Procuraduría General de la República.
Por lo pronto Tameme está de espaldas al callejón.
