16 octubre 2018 | Martín Esparza Flores | Siempre!
Una especial importancia para el futuro de los trabajadores mexicanos y la defensa de la soberanía energética del país reviste el contenido de los capítulos laboral y energético del nuevo Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA) que suple al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), de 1994.
En materia laboral, se establece la obligación de aplicar ordenamientos globales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), como la Declaración de Principios de 1998 y el Convenio 98, recién ratificado por el Senado de la República, que garantizan al respeto a la contratación colectiva y la libre sindicación.
En el capítulo energético se plasma el derecho soberano de los mexicanos y del próximo gobierno a reformar la Constitución para que el Estado mantenga la propiedad directa, inalienable e imprescriptible de todos los hidrocarburos del subsuelo nacional, incluida la plataforma continental y las zonas adyacentes y allende el mar territorial, así como también de la energía eléctrica.
En una palabra, se abre la posibilidad de salvaguardar los recursos naturales en beneficio de la nación y frenar, por la vía legislativa, permisos antiecológicos contenidos en las leyes secundarias de la reforma energética como el sistema del fracking o fractura hidráulica para la extracción de gas y petróleo y que utiliza grandes cantidades de agua con devastadores efectos contaminantes. La cercana administración federal anunció la prohibición de tal método, cancelado ya en varios países de la Comunidad Europea y Estados Unidos.
A 24 años de la puesta en marcha del TLCAN, la economía experimentó un franco estancamiento en materia salarial; de acuerdo al INEGI, los obreros mexicanos están a la par en el rezago de ingresos con países como El Salvador y Haití y los mismos negociadores del nuevo acuerdo aceptan que un trabajador de la industria automotriz, con iguales capacidades que sus pares de Estados Unidos y Canadá, gana diez veces menos.
En el actual entorno global, la futura administración tiene la oportunidad de aprovechar lo ya estipulado en el nuevo tratado para apuntalar viejas aspiraciones de los trabajadores mexicanos y que de acuerdo con lo pactado con sus socios comerciales, establece una puntual aplicación de los derechos laborales en la legislación nacional, tales como: garantizar su derecho a participar en actividades de negociación colectiva y a formar o afiliarse al sindicato de su elección; establecer órganos independientes e imparciales para registrar elecciones sindicales y resolver disputas relacionadas con contratos colectivos; establecer requisitos para el registro de contratos colectivos; y garantizar la transparencia de los contratos negociados.
En este contexto de cambios y retos por venir para el futuro de México los electricistas del SME estaremos al alba para sumarnos a la convocatoria que haga la próxima administración federal para apuntalar estos capítulos del USMCA que, manejados con sentido nacionalista, pueden ser el nuevo paradigma desarrollo económico y social para el país, donde la clase trabajadora recobre con mejores salarios y el respeto a sus derechos laborales, un nivel de vida digno al lado de sus familias, y las riquezas del país puedan ser defendidas con la Constitución en la mano.
