Ernesto Villanueva - Proceso
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El juicio paralelo es el escrutinio, por
parte de los medios de comunicación, de un juicio de derecho con el
propósito de que se observe puntualmente el debido proceso. Es un
mecanismo externo de control y defensa de la legalidad. Sin embargo, muy
distintos son los juicios mediáticos que han surgido con el gobierno de
Enrique Peña Nieto como vía para realizar ajustes de cuentas con sus
adversarios, en una clara violación al principio de seguridad previsto
en los artículos 14 y 16 constitucionales.
Desde el gobierno de Felipe Calderón se inició esta tendencia, que tuvo en los casos de Florence Cassez (quien finalmente fue absuelta por una atendible resolución de la Suprema Corte de Justicia que no resolvió si Cassez era culpable o no de los delitos que se le habían imputado, sino si se había observado o no el debido proceso, empezando por el montaje preparado para los medios por el gobierno federal), de Arturo Beltrán Leyva, quien después de ser abatido por la marina fue cubierto de billetes de dólares estadunidenses por los propios elementos de la Secretaría de Marina y difundidos profusamente por los medios, y del Michoacanazo, que fue ampliamente publicitado y el cual acabó por caerse al ser absueltos todos los presuntos responsables.
Estos casos entrelazaban juicios mediáticos con juicios de derecho a instancias del poder público.
Con Peña Nieto se inauguró una nueva forma de “sancionar” a los
adversarios al gobierno: el juicio mediático sin juicio de derecho.
Sobra decir que este estilo personal de gobernar se encuentra por entero
al margen de la ley y lastima los derechos humanos esenciales de
quienes se han visto en estos “casos”. El más emblemático es el de Kate
del Castillo, quien sigue pidiendo que la PGR le defina su situación
jurídica, lo que hasta ahora, también violando la ley, no ha sucedido.
Kate fue linchada en el tribunal de los medios que siguió, en forma
mayoritaria, el guión oficial –filtraciones de por medio de la propia
autoridad– para dinamitar la imagen de la actriz, medida que al final
del día no logró su cometido, aunque pudo haberlo logrado.
Lo grave es que ese juicio mediático prohibido por la Constitución y
la ley fue puesto en marcha por el gobierno federal contra una
ciudadana. Lo que en un Estado de derecho hubiera pasado era, primero,
integrar una sólida averiguación previa en sigilo, solicitar orden de
aprehensión si se tuvieran los elementos requeridos, y después, sólo
después, hacer que la información trascendiera a los medios. Pero el
gobierno actuó exactamente al contrario de sus atribuciones legales.
El mismo comportamiento ilegal se reprodujo con Lucero Guadalupe
Sánchez López, exdiputada local de Sinaloa, quien fue llevada a la
hoguera de la inquisición mediática por una supuesta relación con
Joaquín Guzmán Loera. El escándalo llegó a tal punto que hasta su
desafuero fue solicitado por Ricardo Anaya, dirigente nacional de su
propio partido, el PAN, quien incluso amenazó a su fracción
parlamentaria en el Congreso de Sinaloa con expulsar de las filas
partidistas a quien no votara a favor del desafuero de Sánchez López.
Al final, el Congreso local no desaforó a la entonces diputada, quien
los últimos meses presentó permisos para ausentarse de las sesiones.
Tampoco Anaya cumplió su palabra y los exdiputados locales del PAN
siguen en las mismas filas del partido en Sinaloa. Muchas, muchísimas
imputaciones en los medios a la joven sinaloense, pero sin ninguna
evidencia ni acción de la autoridad en el marco de la ley.
Otra fórmula fue la de generar incentivos a empresarios o políticos
para desgastar a periodistas incómodos ¿Quién, por ejemplo, con dos
dedos de frente puede creer que el señor Joaquín Vargas, de MVS, en el
interés de “cuidar” su prestigio decide demandar a Carmen Aristegui por
el prólogo de un libro siete meses después de que la obra está en
circulación? Si tanto le importara su prestigio al señor Vargas, ¿no
debió haber demandado enseguida precisamente para evitar que sufriera
una afectación en su patrimonio moral que tanto le inquieta?
Sin embargo, distinta fue la postura del gobierno federal a la nota
de The Guardian sobre el uso de un lujoso departamento por parte de la
primera dama, Angélica Rivera (junto al declarado por ella como suyo en
Miami), propiedad de un empresario mexicano que incluso pagó el predial
del departamento de la esposa del mandatario.
A la nota del diario británico siguió una fuerte aclaración del
vocero de la Presidencia que fue rápidamente desmentida con datos duros
del pago del citado predial, incluso por el propio empresario, quien
aceptó que sí había pagado el impuesto y sí le prestaba el departamento a
la primera dama.
¿No es raro que un “amigo” pague los impuestos nada más y nada menos
que de la esposa del presidente de la República? Si la nota de The Guardian
fuera falsa, ¿no hubiera bastado que la propia Presidencia hubiera
convocado a los medios para verificar que los departamentos están
debidamente separados y no se convirtieron en una sola edificación de
facto? ¿No genera conflicto de interés, aunque sea aparente, este hecho?
En suma, si se trata de los adversarios, el gobierno de Peña Nieto
viola la Constitución y la ley haciendo campañas de desprestigio en la
mayoría de los medios mexicanos que tienen intereses económicos con la
administración federal. Y en esos casos “olvida” que sólo puede llevar a
afecto lo que la Constitución y la ley expresamente le permiten.
Pero si se trata de él o de su familia detectados in franganti
violando la ley, también se usa a esa mayoría de medios para desvirtuar
la nota, en este caso de The Guardian o de invisibilizarla. El gobierno
peñanietista está compitiendo en serio en la carrera por ver quién
puede hacer tantas cosas mal y fuera de la ley en el menor tiempo
posible. Y la verdad sea dicha, va ganando la competencia, como lo
apunta la más reciente encuesta del periódico Reforma, según la cual el
74% de la sociedad desaprueba la gestión de Peña Nieto.
