Rosalía Vergara - Proceso
CIUDAD DE México (apro).- “¿Quién dio la orden?”, fue la pregunta que
enmarcó la rueda de prensa de los padres de los 43 normalistas
desaparecidos el 26 de septiembre de 2014, quienes acusaron que el
gobierno de Enrique Peña Nieto “mintió al pueblo y al mundo y oculta la
verdad sobre lo sucedido esa noche” en Iguala y Cocula, Guerrero, pese
al segundo y último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos
Independientes (GIEI), que recibieron el domingo 24, en un acto donde
estuvieron ausentes las autoridades.
En fila, con las fotos de los rostros de sus hijos desaparecidos, se
acomodaron en el templete del Centro Miguel Agustín Pro. Con los ojos
tristes y el coraje en sus discursos, los padres de las víctimas
corearon: “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”.
Luego
resaltaron que en las conclusiones del reporte del GIEI aportaron
nuevos elementos de la investigación, donde se demuestra que la supuesta
“verdad histórica” del exprocurador general de la República, Jesús
Murillo Karam, fue construida con testimonios “bajo tortura”.
A un año y siete meses de los hechos, no hay justicia, reclamaron los
padres y las madres que anunciaron, además, que este martes 26
realizarán una marcha del Monumento a la Revolución al Hemiciclo a
Juárez, a las 5 de la tarde, para exigir que les devuelvan a sus
vástagos, pues saben que fue el Ejército y la Policía Municipal quienes
montaron un operativo para llevarse a los muchachos que “tomaron”
camiones para viajar a la Ciudad de México y participar en la
tradicional marcha del 2 de octubre, en la que se recuerda la masacre
estudiantil de 1968.
“Es revelador que el Estado mexicano no estuviera ayer en la entrega
del último informe del GIEI”, indicó el representante de los
estudiantes. Señaló que los expertos abandonan el país “por la ausencia
de la voluntad política del gobierno federal”.
Luego los padres dijeron que los expertos del GIEI les dieron la
confianza que ya le perdieron al gobierno, pues éste no les ha podido
decir la verdad, hasta la fecha, se quejaron. Acusaron a Murillo Karam
de “mentiroso”.
“Sentimos un poco de tranquilidad que hasta la fecha hemos resistido.
Por eso quieren separar a los expertos. Ellos saben y es nuestro deber
seguir adelante”, señaló Felipe de la Cruz, quien además se quejó de que
“el gobierno no quiere saber nada de nosotros”, dijo. Por eso, añadió,
“nos quieren separar de los expertos”.
Conrado Campos destacó el maltrato hacia su dolor por la pérdida de
sus hijos. “Nuestros hijos no son cualquier animal. Son personas, son
nuestra sangre”, señaló molesto.
También agradeció el apoyo de los investigadores del GIEI, pese a los
intentos del gobierno de separarlos, apuntó. Pidió que si los
gobernantes mandan, no se olviden de ellos.
También recordó la reunión con el presidente Peña Nieto de octubre de
2014, donde les prometió indagar hasta saber la verdad de esa tragedia.
“Y si no tenía la capacidad para saber la verdad, se tenía que ir, si
es inepto para gobernar”, resaltó.
Por ello emplazó al pueblo de México a tomar la decisión para
exigirle a Peña que “tome sus maletas” y se vaya de la presidencia, por
“tanto montaje” y por sacar del país al GEI por no querer saber la
verdad.
“Los compromisos adquiridos por el gobierno, son compromisos no
cumplidos”, añadió y lamentó que su lucha persista por lo que ha salido a
la luz de parte de los expertos.
“Peña Nieto obedece a alguien y ese alguien está encubriéndolos. Miente al pueblo y al mundo”, sentenció.
Emiliano Navarrete, otro de los padres de familia, comentó que no
confían en ninguna dependencia porque “están encubriendo a alguien”,
incluyendo, dijo, al titular de la Subprocuraduría de Derechos Humanos
de la PG, Eber Betanzos.
“¿A quién están encubriendo? Sabemos que ahorita les dio vergüenza,
al Estado mexicano. Esa vergüenza no es otra cosa más que impunidad y
encubrimiento. Pero vamos a llegar a las últimas consecuencias, aquí
vamos a estar juntos. Esa vergüenza se las va a reclamar cada mexicano”,
añadió.
También resaltó que los expertos del GIEI pretenden que este sea el
primer caso donde sí se alcance la verdad y no se quede en el olvido,
como las masacres de Tlatlaya o Aguas Blancas.
“Queremos decir que nos den la cara. Nosotros queremos la verdad. Se
deslindaron en el gobierno. ¿Cómo no se deslindan de su cargo y sí de la
vida de un ser humano?”, cuestionó y exigió al gobierno seguir con las
líneas de la investigación.
“No tiene perdón esa persona que hizo esa agresión”, indicó sin dar
nombres. Pidió a los militares que declararon sobre los hechos que no
nieguen sus dichos porque, agregó, “nosotros somos pobres, pero queremos
respeto”, exclamó Navarrete.
Luego reiteró, igual que los otros padres, la denuncia de obligar a
los militares a declararse culpables bajo tortura y amenazas. Y
advirtió: “No regresaré a casa con un perdón nada más. Somos pobres,
pero son nuestros hijos. No nos vamos a rendir, no vamos a retroceder.
No vamos a regresar a casa solos”.
Tania Mendoza, madre de otro normalista desaparecido, manifestó su
enojo al señalar que “el gobierno siempre nos está engañando”. Incluso
el gobierno, acusó, minimizó el reporte del GIEI. “No son animales –los
normalistas desaparecidos–, son seres humanos. Me da mucho coraje”,
insistió.
