México entero vive a la
fecha una condición oficialmente no declarada ni reconocida de
excepcionalidad jurídica, sin respeto a las garantías constitucionales,
entre los restos de una estructura institucional absolutamente rebasada
por la corrupción, la injusticia y los nuevos poderes dominantes, los
del crimen organizado en sus dos vertientes, la de los políticos y los
gobernantes, y la de los delincuentes sin nombramiento oficial ni fuero
formal.
De la situación desastrosa del andamiaje jurídico y político del país, y de sus dolorosas y macabras consecuencias prácticas, incluso han dado firme testimonio diversas instituciones internacionales. A pesar de los esfuerzos del peñismo por mantener una fachada medianamente aceptable en esos terrenos, la realidad aplastante ha sido inocultable para visitadores extranjeros. De aquel presunto
Momento mexicanodel arranque peñista se ha llegado al
Horror mexicanopoblado de secuestros, torturas y asesinatos cometidos por miembros del
crimen organizado, pero también de policías, soldados y marinos, en una barbarie que pareciera no tener fin.
Salvo declaraciones y propaganda, nada de fondo se hace realmente para corregir tan catastrófico cuadro mexicano. En cambio, se actúa tramposamente para desacreditar, confrontar y obstruir a entidades que han sido legítimamente autorizadas, mediante tratados, convenios y acuerdos con el Estado mexicano, para dar cuenta de lo que sucede en el país en determinados rubros críticos. Al relator de Naciones Unidas para asuntos de tortura, Juan Méndez, por ejemplo, se le está impidiendo que realice una visita más a México, pues Los Pinos prefiere esperar a que ese funcionario internacional termine con su periodo de ejercicio y entre en funciones otro revisor que no diga, como lo hizo Méndez el año pasado, que en nuestro país
la tortura es generalizada.
El pretexto para negar el ingreso oficial al país al relator Méndez es que se está en espera de que sea aprobada una ley contra la tortura. En realidad, se está en presencia de una treta vengativa que pretende impedir la nueva dictaminación negativa del peñismo en materia de esa tortura generalizada que sólo en los posicionamientos oficiales puede ser negada y que obviamente no desaparecerá ni disminuirá notablemente a partir de la emisión de nuevas normas legales.
Otro factor de enojo en las alturas mexicanas, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), ha recibido ya un informal aviso de despido unilateral por parte del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien ayer dijo que el plazo de ese grupo para sus indagaciones sobre los 43 de Ayotzinapa termina en abril próximo. La referencia de calendario es correcta (en efecto, el segundo periodo del GIEI en México termina en unas semanas más), pero la intención política del Estado es no refrendar el acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que permite las investigaciones del grupo de expertos en mención. En el fondo, es dar por cerrado el caso, con la reivindicación práctica de la
verdad históricade Murillo Karam por parte del gobierno peñista y sin haber permitido que el GIEI interrogara a los militares que estuvieron presentes en diferentes momentos de la noche y la madrugada en que desaparecieron los normalistas en Iguala.
Ese cuadro de irrefutable violación sistemática de las garantías constitucionales, con estados de excepción dictados de facto
en determinados momentos y lugares (las fuerzas armadas arremetiendo
sin restricción alguna, imponiendo una sumaria pena de muerte a título
de
limpiezade
lacrashumanas) está en vías de ser potenciado y
legitimadoconforme a lo decidido ayer por la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, al aprobar un dictamen que en estos días será presentado para su previsible aprobación por el pleno de San Lázaro.
De votarse favorablemente, como todo hace suponer, la reglamentación
del artículo 29 constitucional, el ocupante en turno de Los Pinos (es
decir, en lo inmediato, Enrique Peña Nieto) podrá suspender las
garantías constitucionales y establecer un estado de excepción en todo
el país o en alguna de sus partes territoriales a partir de criterios
discrecionales tan amplios como, por ejemplo, el que a su entender haya
graves afectaciones a la paz o a la estabilidad interna del propio Estado.
En un sistema y con un gobierno que tuviera cartas de presentación
más o menos aceptables, podría discutirse en abstracto si es conveniente
regular el citado artículo 29 constitucional para no dejarlo a la más
absoluta de las interpretaciones. Pero en un sistema de simulación y
represión como el mexicano, con un gobierno como el peñista, aprobar en
general esa regulación es entregar una peligrosa carta en blanco para
aplicar la fuerza policiaca y militar contra cualquier circunstancia que
a juicio del grupo en el poder signifique un contratiempo o una
amenaza, ya sea de tipo electoral, social (movilizaciones y protestas), económica y conexas.
Todo cabrá en el jarrito del autoritarismo
dúctilde esta reglamentación del artículo 29 constitucional. Por ejemplo,
revueltas de gran calado(¿protestas poselectorales?),
incursiones de grupos armados internos(¿los cárteles como pretexto?),
crisis económicas que por su gravedad puedan generar alteraciones al orden públicoy
eventos derivados de la intervención humanacomo incendios, accidentes y similares.
Ah, de aprobarse esta reglamentación, el ocupante de Los Pinos deberá
solicitar al Congreso, en su momento, que autorice la declaratoria de
suspensión de garantías o de estado de excepción. Sería un trámite de
fácil cumplimiento, como lo fue ayer la aprobación del dictamen en la
Comisión de Gobernación de San Lázaro, donde todos los partidos, excepto
Morena, y con la abstención de Poncio Pilatos-Movimiento Ciudadano,
votaron en favor. ¡Hasta mañana!
Fuente: La Jornada - Opinión
Fuente: La Jornada - Opinión