
La Redacción - Proceso
A través de un comunicado explicó en siete puntos de qué manera se llevarán a cabo las tareas de reparación del daño a las familias de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre de 2014.
En
el documento aclara que lo que dio inicio fue el Diagnóstico de Impacto
Psicosocial en las Víctimas de los hechos del 26 y 27 de septiembre de
2014 en Iguala, Guerrero, que recomendó el Grupo Interdisciplinario de
Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (GIEI), mismo que realizará un equipo de profesionales
independientes “y el gobierno se compromete a aceptarlo.
Dicho diagnóstico, agregó, incluye a los familiares de los 43
estudiantes desaparecidos, a los familiares de los estudiantes
asesinados y a los estudiantes heridos y a sus familias.
El inicio de los trabajos, abundó, se refiere al Diagnóstico
Psicosocial y con base en este, “el Estado elaborará un Plan de
Atención y Reparación Integral que será consultado con las víctimas y
sus representantes”.
Señaló que por mandato de ley, el Estado tiene la obligación de
garantizar la atención, asistencia, ayuda, protección y reparación
integral a las víctimas directas e indirectas.
En su quinto punto refirió que la reparación prevista en la ley debe
ser “integral, adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva por el
daño o menoscabo que han sufrido en sus derechos como consecuencia de
violaciones a derechos humanos y por los daños que esas violaciones les
causaron”.
Y afirmó que la reparación integral del daño “es mucho más que el
pago de una compensación, debe incluir medidas concretas de restitución,
rehabilitación, satisfacción y, especialmente, medidas de no
repetición”.
Finalmente explicó que no se ha acordado en este momento ninguna
medida de reparación con las víctimas y sus representantes, porque éstas
se determinarán a partir del diagnóstico mencionado.
“Tampoco se ha hablado del pago de ninguna indemnización a las
víctimas directas e indirectas de los hechos”, sostuvo, al tiempo que
destacó que los avances logrados en materia de atención a las víctimas
ha sido posible por el trabajo del GIEI.
Tras el anuncio de la Subsecretaría de Derechos Humanos de Segob de
que en próximos días se firmaría un convenio para iniciar los trabajos
de reparación a los familiares de los 43 estudiantes, padres de los
jóvenes expresaron su rechazo total y calificaron el convenio como “una
falta de respeto a los padres de familia” pues ellos lo que exigen es la
aparición con vida de sus hijos, justicia y castigo a los responsables
por su desaparición.