Avanza el despojo a ejidatarios
indígenas para construir hidroeléctrica en Chiapas. Amparos individuales
y colectivos aceptados por jueces locales y federales no son
suficientes para detener las obras
Emilio Godoy/IPS - Contralinea
Chicoasén, Chiapas. En 1976, la
construcción de una central hidroeléctrica diezmó las tierras
productivas de Chicoasén, en el Sur de México, y 40 años después parte
de sus pobladores luchan contra un nuevo despojo con la erección de una
segunda represa en el área.
“Ya
destruyeron todo. Las tierras son inservibles, ya no se pueden
trabajar. La presa ha afectado mucho nuestra vida”, lamenta a Inter
Press Service (IPS) el ejidatario Antonio Herrera, en este municipio
rural del estado de Chiapas.
Herrera denuncia que los campesinos no pueden ingresar a sus parcelas desde que la empresa estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) licitó en enero de 2015 la construcción de la central Chicoasén II sobre el río Grijalva y reclamó el uso de parte de su ejido, un tradicional esquema de tenencia y explotación comunal de tierras públicas.
Un enorme brazo mecánico rasguña el
terreno para chupar arena y grava, mientras Herrera, miembro del Comité
Ejidal de Chicoasén, muestra a la distancia el lugar de la obra, donde
un manto pajizo ha pintado la vegetación del entorno, ahora mutada del
verde a café claro.
La represa, con 240 megavatios de
capacidad instalada y un costo de unos 300 millones de dólares, tendrá
un canal abierto de 933.62 metros y una cortina de 30 metros de alto y
se prevé que comience a operar en julio de 2018.
El estudio de impacto ambiental,
presentado por la CFE a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (Semarnat) y consultado por IPS, indica que la superficie
requerida totaliza 234 hectáreas, de las cuales 188 se destinarán al
embalse, emplazado a unos 850 kilómetros al Sur de la Ciudad de México,
en este municipio de 5 mil 159 habitantes, territorio ancestral del
pueblo zoque.
La CFE adjudicó la construcción a un
consorcio de tres empresas mexicanas y la filial costarricense de la
corporación china Sinohydro. La generadora ya expropió 69 hectáreas para
el nuevo emprendimiento en Chicoasén. Los perjudicados recibieron unos 2
mil 300 dólares por hectárea.
En 1951 el gobierno concedió 3 mil 440
hectáreas para la constitución del ejido, una extensión que más que se
duplicó en 1986 con la cesión de otras 3 mil 461, en beneficio de un
total de 460 ejidatarios, de los cuales han muerto unos 50, heredando
sus parcelas a sus mujeres o sus hijos.
La primera represa, a 100 kilómetros de
distancia de la segunda, tomó tierras de la cesión inicial y la planeada
de la última aportación.
Cuando en 1976 la CFE construyó la
central hidroeléctrica Manuel Moreno Torres, más conocida como Chicoasén
I, con capacidad para generar 2 mil 400 megavatios, la empresa prometió
el pago de sus tierras y aportar el servicio de agua potable, una
escuela y una clínica, ofertas que no se cumplieron, aseguran los
ejidatarios.
Ahora, la historia retorna con recuerdos envenenados.
“No tenemos información de la
hidroeléctrica. No sabemos qué va a pasar con la población a orillas del
río. La CFE dice que tiene permisos de los ejidatarios, pero no se los
hemos dado. Se basa en un acta de asamblea falsa, que tiene firmas de
propietarios muertos”, denuncia a IPS la hija de un ejidatario, Claudia
Solís.
Para bloquear la nueva represa, los
afectados han recurrido a manifestaciones, huelgas de hambre de sus
ancianos y medidas legales, en un escenario en que los ejidatarios están
divididos, porque un grupo de ellos apoya la segunda represa.
Los opositores, la mayoría y con edades
de entre 60 y 90 años, acompañados de sus bastones, sus sombreros
campesinos y sus familias, dedican sus últimas energías a defender sus
posesiones y, más aún, su forma de vida.
En diciembre de 2014, 62 propietarios
interpusieron amparos individuales, que fueron avalados por un juez
federal en octubre pasado. Además, en marzo de 2015 presentaron un
amparo colectivo, que fue admitido por otro juez federal en mayo pasado,
sin que por ello se haya detenido la obra.
La población local cultiva maíz,
calabaza, frijol, sandía, melón; pesca en el embalse, y atiende a los
turistas que frecuentan la zona.
Chiapas, proveedor de energía
Chiapas es el escenario de grandes proyectos energéticos ya construidos o planificados por el gobierno y las empresas.
En el estado operan ya cuatro represas
que aportan 45 por ciento de la capacidad hidroeléctrica del país, más
otras tres pequeñas generadoras, dentro de la que es la cuenca
hidrológica mexicana más importante.
La
construcción de estas plantas provocó secuelas en las comunidades, la
modificación del régimen hidrológico, pérdida de cobertura vegetal,
desplazamiento de fauna terrestre y la desaparición de varios hábitats,
denunciaron ambientalistas y ejidatarios a IPS durante la última
protesta hasta ahora contra la obra y un recorrido por la zona afectada.
En México, 13 grandes centrales
hidroeléctricas aportan más de 10 mil megavatios anuales, de los 65 mil
generados en el país. En el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico
Nacional 2015-2029, lanzado en julio pasado, sólo hay un nuevo proyecto
hidrológico, el de Chicoasén II.
El estudio ambiental de Chicoasén II
reconoce la afectación directa sobre cinco comunidades del municipio e
indirecta sobre otras 10 y reconoce que el embalse, desmonte, despalme,
operación y mantenimiento de maquinaria y equipo perjudicará al paisaje,
la fauna terrestre y el drenaje superficial.
“No queremos la presa. La CFE nos ha
dicho que nos esperemos y no nos hace caso, no nos toma en cuenta”,
asegura Herrera, en cuya familia hay otros cuatro ejidatarios.
En 2013, el Mecanismo de Desarrollo
Limpio de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático rechazó incluir Chicoasén II como un proyecto de compensación
de México de su emisión de gases de efecto invernadero, con el argumento
de que no estaba demostrado que existieran beneficios de reducción de
emanaciones, que el gobierno cifraba en 299 mil 436 toneladas de dióxido
de carbono.
Además de su papel clave en la energía
hidroeléctrica, Chiapas ha adquirido desde la década de 1970 un peso
creciente en materia petrolera y tanto la compañía estatal Petróleos
Mexicanos como la Secretaría de Energía (Sener) incluyeron en 2015 en
sus planes nuevos campos para explotar o licitar en el estado.
En Chiapas operan 20 yacimientos, con
reservas por unos 278 millones de barriles de petróleo, cuya actividad
impacta sobre sobre 38 comunidades zoque, distribuidas en seis
municipios.
Una encuesta realizada por la Sener
sobre los impactos en otras actividades económicas por las operaciones
petroleras, realizada en las gobernaciones de los estados, identificó la
existencia de perjuicios en los sectores agrícolas, turísticos y en
sitios arqueológicos, así como en nueve grandes áreas ambientales.
“La exploración (petrolera) tiene
impactos sobre bosques, selva, recursos hídricos, asentamientos
indígenas. Va a agudizar la conflictividad que ya existe…, pero las
petroleras no se detienen ante los conflictos sociales”, analiza a IPS
el profesor Fabio Barbosa, del Instituto de Investigaciones Económicas
de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Además, el Plan Quinquenal de Expansión
del Sistema de Transporte y Almacenamiento de Gas Natural 2015-2019
establece el gasoducto Salina Cruz-Tapachula, entre los estados de
Chiapas y Oaxaca, de 440 kilómetros de longitud, en un proyecto que
entraría en vigor en 2018, aunque todavía no se licitó.
Para Barbosa, los planes petroleros son
inviables. “Si se desarrolla un yacimiento importante, se pueden repetir
los desastres ambientales ocurridos en otros estados”, alerta.
La Ley de Hidrocarburos, vigente desde
agosto de 2014 y parte de la reforma que abre los hidrocarburos y la
electricidad al capital privado, estipula que la Sener debe organizar
consultas previas, libres e informadas entre comunidades indígenas en
cuyos territorios se desarrollen proyectos energéticos.
Además, los interesados en obtener permisos para ejecutar esas obras deberán presentar una evaluación de impacto social.
Estos requisitos no se han aplicado en Chiapas, según la versión de afectados y activistas sociales y ambientales.
Emilio Godoy/IPS
[BLOQUE: INVESTIGACIÓN][SECCIÓN: SOCIEDAD]
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Contralínea 480 / del 21 al 26 de Marzo, 2016
Fuente: Contralinea