Napoleón Gómez Urrutia - Opinión
La política laboral
tradicionalmente había sido uno de los instrumentos más importantes para
generar la justicia y la protección de los derechos de los
trabajadores. Sin equidad no hay un desarrollo económico que sea
sostenible y menos un equilibrio entre los factores de la producción.
Eso es claro en un país como México, donde la pobreza y la desigualdad
han crecido a niveles sin precedente y hoy más de la mitad de la
población vive en condiciones de sobrevivencia.
En términos políticos y de diplomacia, se afirmó que con esa elección se reafirma la voluntad del gobierno de México para constituirse como un actor responsable que permitirá consolidar los lazos de cooperación y colaboración entre los países hermanos. En ese ambiente se destacó que de ahora en adelante habrá un diálogo franco, abierto y una coordinación de esfuerzos a fin de consolidar,
de la mano de la OEA, el desarrollo de políticas públicas integradas que permitan la distribución más equitativa de los beneficios económicos entre nuestras sociedades.
Todo estaría muy bien si se cumplieran en la práctica, en la vida real, esos objetivos que para los trabajadores se han vuelto inalcanzables. Porque hoy la realidad nos enseña claramente otra cosa. México en la actualidad tiene a los trabajadores con salarios de los más bajos de América Latina, cuando hace 30 años era totalmente al revés. Esto lo afirman claramente la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Comisión Económica para América Latina (Cepal), ambas organismos de las Naciones Unidas. Adicionalmente, los salarios en nuestro país han perdido al menos 75 por ciento de su valor durante los últimos 30 años. Esto dicho por el flamante presidente de la Conferencia Interamericana de Ministros del Trabajo (CIMT). Es más, Navarrete Prida reconoce que en México los salarios suben por las escaleras, mientras que los precios y las utilidades por los elevadores, con lo cual hay una profundización cada vez más drástica de la desigualdad económica y social.
Simultáneamente, existen otras condiciones que muestran una marcada diferencia entre la política laboral y la justicia social, que es necesario revisar y corregir a fondo antes de que las contradicciones entre el capital y el trabajo se agudicen y pongan en mayor riesgo la paz laboral. Porque del discurso a la realidad hay un gran abismo que amenaza deteriorar más la pobreza y la marginación, ya que hoy cerca de 40 por ciento del total de la fuerza de trabajo obtiene un equivalente a dos salarios mínimos, es decir, poco más de 4 mil pesos al mes por trabajador. ¿Cuántas familias pueden sobrevivir en condiciones dignas con esas remuneraciones que son entre 10 y 20 veces menores a las de cualquier trabajador de los más bajos ingresos en los otros países de Norteamérica (Estados Unidos y Canadá)?
Frecuentemente presume el gobierno federal que en México no se
declaran huelgas, lo cual es muy relativo, y ello se festeja
orgullosamente como un triunfo de la política laboral, cuando debería
ser un motivo de grave preocupación en un país donde tanta desigualdad y
explotación no hace sino ocultar el miedo por un tiempo, pero también
el odio que se ha acumulado. En México alrededor de 300 familias
controlan la mayoría del producto interno bruto. Las empresas
extranjeras ejercen un control y una represión contra la clase
trabajadora que no solamente violan la legislación vigente en materia de
derechos laborales, sino que esas corporaciones son avaladas y apoyadas
por las autoridades locales, estatales y federales, a tal grado que
actúan como no lo pueden hacer en sus países de origen, reprimiendo y
abusando de los verdaderos intereses humanos y de los trabajadores.
Cuando las autoridades del gobierno dicen que están fomentando el
empleo, nunca explican en qué condiciones o de qué calidad, porque
generalmente están basadas en la miseria de las personas y a través de
un trato déspota, amenazante y abusivo. Ya en otras ocasiones he
señalado que esa es una estrategia de un modelo que va al fracaso y el
tiempo lo dirá.
Por otro lado, sigue fomentándose cada día más el surgimiento de las empresas outsourcing o
por contrato temporal y por honorarios, que va en contra de una
política duradera de empleo formal y permanente. En muchos casos
continúan creciendo los contratos de protección a los que llaman
laborales, cuando en verdad son de protección patronal, que fomentan la
corrupción y la desigualdad aún más. No está de más señalar que las
condiciones de trabajo, en esos casos la seguridad, salud e higiene,
están totalmente descuidadas y abandonadas, porque nadie les exige nada,
ni siquiera los mínimos que marca la ley.
Finalmente, otra contradicción fundamental que existe en el discurso
oficial es que la autoridad laboral, a través de la Junta Federal de
Conciliación y Arbitraje, recientemente publicó en el Diario Oficial de la Federación, el
19 de noviembre, la cancelación y limitación de los derechos de los
trabajadores de las entidades paraestatales para contar con un contrato
colectivo de trabajo y ejercer el derecho a la huelga, contrariando los
Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT),
sobre el derecho a la libertad de asociación y a la negociación
colectiva respectivamente. Así son los casos en contra de los
trabajadores del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y del
Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores de Salud, entre otros.
En estas condiciones, la reunión de ministros del trabajo de Estados
Unidos y América Latina tiene un gran reto: alcanzar la equidad en el
menor tiempo posible y definir cuántos años va a tomar recuperar el
poder adquisitivo real del salario de los mexicanos y los
latinoamericanos.
