Un importante conjunto de organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos nucleadas en el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social junto a otras tantas reunidas en torno a la Aliana Mexicana contra el Fracking denunciaron que la nueva ley de hidrocarburos, sancionada el martes 15, criminaliza la protesta social y limita el acceso ciudadano a la información del sector energético. Por un lado, la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en materia de Hidrocarburos modifica el delito de “sabotaje” en el Código Penal mexicano, aumentando las penas cuando “los actos de sabotaje se realicen en los ductos, equipos, instalaciones o activos, de asignatarios, contratistas, permisionarios o distribuidores a que se refiere la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos”.
Las organizaciones denunciaron que la ley está hecha con un enfoque de “seguridad nacional” mediante la cual “, se busca proteger las “instalaciones estratégicas” en una definición tan amplia en la que cabe prácticamente cualquier infraestructura relacionada con el sector hidrocarburos, lo que deja elementos a interpretación que pueden ser usados arbitrariamente.”
Además, las organizaciones sostienen que ese enfoque de seguridad nacional también sirve como argumento para “vulnerar el derecho de acceso a la información y mantener en secreto documentos de interés público, como lo es la información sobre contratistas y permisionarios que se vinculen con actividades de exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos”.
Las organizaciones firmantes del comunicado emitido, entre las que se encuentran Artículo 19 y el Centro Prodh Juárez, se manifiestan contrarias a que se legisle bajo el enfoque de la Seguridad Nacional, porque sólo limita el ejercicio de los derechos de los ciudadanos, promoviendo “una restringida visión de Estado no debe estar por encima del interés de la sociedad”.
Exhortan tanto al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) como a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a que tomen cartas en el asunto a fin de “garantizar la máxima protección de la libertad de expresión, información y manifestación”.
Fuente: Desinformémonos.org
Fuente: Desinformémonos.org
