MÉXICO, DF (apro).- El Grupo Interdisciplinario de Expertos
Independientes (GIEI) desmintió, una vez más y con evidencias
científicas, la “verdad histórica” sobre la desaparición forzada de los
43 normalistas de Ayotzinapa.
En conferencia de prensa para
informar sobre el avance de las indagatorias, ahora a cargo de la
Subprocuraduría de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la
República (PGR),
Ángela Buitrago, Carlos Beristain y Aljandro Valencia, integrantes del grupo, insistieron en que es innecesaria la realización de un nuevo peritaje en el basurero de Cocula, como lo sostiene la dependencia.
Ángela Buitrago, Carlos Beristain y Aljandro Valencia, integrantes del grupo, insistieron en que es innecesaria la realización de un nuevo peritaje en el basurero de Cocula, como lo sostiene la dependencia.
Menos aún, tras la recepción de “un estudio de un centro
especializado en meteorología” y de “registros o fotografías
satelitales”.
Tras señalar que trabajan con el nuevo equipo de
investigación en la selección de expertos, el plan de trabajo y la
metodología para un tercer peritaje, los expertos detallaron que a
petición suya la PGR solicitó estudios especializados, mismos que se
realizaron el pasado 30 de septiembre.
Los análisis concluyeron
que “sí llovió en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014 y que no se
detectó un incendio en la población de Cocula durante los mismos días”.
Ángela
Buitrago apuntó que el estudio fue realizado por una “institución de
metodología reconocida”, de la que se reservó el nombre. Con ello, dijo,
“está reforzándose el expediente con la garantía de ser una institución
muy seria y además fue efectivamente una prueba solicitada por la PGR”.
La
exfiscal de Colombia resaltó que la confirmación de que no ocurrió la
“verdad histórica” no implica la “absolución” de los presuntos
implicados en el caso, en el cual se preserva lo esencial: que “los
muchachos fueron tomados el 26 y 27 de septiembre de 2014, llevados por
la policía y desaparecidos”.
En todo caso, agregó, el
desmoronamiento de la “verdad histórica”, implicaría a “dirigir la
iniciativa de búsqueda a otros lugares”. Basta recordar, dijo, que “la
multiplicidad de posibilidades de lugares estaba dada en la
investigación desde el principio y la multiplicidad de número de
estudiantes ultimados o asesinados estaba dada”.
El interrogatorio al 27 Batallón
Carlos
Beristain, integrante del Grupo, advirtió que además de esta “prueba
científica más” en el expediente “no hay ninguna declaración por parte
de ninguno de los inculpados de que ahí hubiera sido llevado un grupo
más reducido de normalistas (como lo han dicho algunos funcionarios de
la PGR) y eso significaría una quinta versión de los hechos que no tiene
nada que ver con las declaraciones y con una investigación seria”.
Sobre
la insistencia de interrogar a miembros del 27 Batallón de Infantería
del ejército mexicano radicado en Iguala, Beristain apuntó que aunque la
PGR consignó la ampliación de declaración de 11 elementos –de los 27
que los expertos le pidieron–, éstas no responden a las interrogantes
del GIEI.
El especialista comentó que tras leer las actas
ministeriales, “se necesitan profundizar, no sabemos si se preguntaron
muchas cosas porque son narrativas de una historia, no se incluyen las
preguntas”.
El GIEI, agregó, “no quita el dedo del renglón” para
estar presente si se dan los interrogatorios a militares ante agentes
ministeriales, considerando que al menos 27 soldados señalados “fueron
testigos de hechos ocurridos en al menos cuatro escenarios que son clave
para esclarecer los hechos y ojalá den elementos de búsqueda”.
Incluso,
comentó que “por lo menos uno” de ellos tomó fotografías y un video de
los hechos, aunque nada de eso ha sido incorporado al expediente.
El
experto español confirmó también que el GIEI no asistirá a la reunión
que sostendrán los padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos
con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong en
Acapulco, programado para este jueves 10 de diciembre.
Los
expertos anunciaron que han propuesto algunas diligencias de búsqueda y
están en espera de que se realicen las expediciones con base en los
resultados de la investigación.
Alejandro Valencia, otro
integrante del Grupo, descartó que la nuevas propuestas de búsqueda del
GIEI correspondan a las anunciadas por funcionarios federales — como
acudir a Puebla y al Estado de México, pues son exploraciones “que se
hicieron el año pasado, no son búsquedas recientes”–, sino que forman
parte de las 667 búsquedas realizadas por la Policía Federal.
Sin
definir los puntos a revisión, Valencia puntualizó que los sitios
propuestos por el GIEI obedecen “a líneas de investigación con este
nuevo equipo, con quienes hemos acordado que lo que se vaya a realizar
sea de manera prudente y obedezca a los indicios y resultados
preliminares que arroje la investigación”.
En la conferencia los
expertos dieron a conocer que la PGR realizó una reconstrucción de
hechos en la carretera a Santa Teresa, donde fue atacado un camión en el
que viajaban los integrantes de equipo de futbol “Los Avispones” y
murieron tres personas.
Agregó que en la reconstrucción –hecha 14
meses después–, la PGR reportó hallazgos, como casquillos de bala, que
pretende integrar en el expediente. Ante ello, el Grupo solicitó que
dichos elementos sean procesados de forma independiente, toda vez que en
dos exploraciones anteriores no se habían reportado esos elementos y
que pudieran corresponder a hechos distintos.
Trabas con cuerpo de un estudiante
Sobre
la segunda autopsia realizada el pasado 5 de noviembre al estudiante
Julio César Mondragón –a quien le quitaron la piel del rostro–, en la
que intervinieron integrantes del Equipo Argentino de Antropología
Forense (EAAF), los especialistas del GIEI resaltaron que el cuerpo
presentaba “una gran cantidad de traumatismos (…) mucho más de los
referidos en la primera autopsia”. Luego, recomendaron agilizar los
trámites administrativos de devolución de los restos a sus familiares
para inhumarlo.
Presentes en la conferencia, familiares de
Mondragón Fontes denunciaron que a pesar de que ya se le realizaron las
pruebas más importantes al cadáver, no se le han tomado los restos de
ADN, debido a trámites burocráticos de los juzgados Tercero Penal en
Tepic, Nayarit, y Primero Penal en Jalancingo, Veracruz.
Marisa
Mendoza, viuda del joven estudiante, denunció que tras un mes de que el
cuerpo de Julio César permanece en un refrigerador, se corre el riesgo
de que la diligencia de toma de muestras sanguíneas para el cotejo de
ADN no se realice antes del 18 de diciembre, justo cuando los juzgados
federales suspenden labores por las fiestas de fin de año.
Fuente: Proceso
Fuente: Proceso