La PGR y la UIF investigan al
magistrado Manuel Bárcena, quien ordenó reponer el juicio contra Amado
Yáñez por el quebranto de 5.3 mil millones de pesos a Banamex. El fallo
podría derivar en la liberación del dueño de Oceanografía
La
Procuraduría General de la República (PGR) y la Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF) –de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público–
investigan al magistrado Manuel Bárcena Villanueva, titular del Segundo
Tribunal Unitario Penal del Distrito Federal, quien ordenara –a fines de
octubre pasado– reponer el juicio por el quebranto de 5 mil 312
millones 329 mil pesos contra el Banco Nacional de México, SA (Banamex),
en contra del empresario Amado Yáñez Osuna.
Nancy Flores - Contralinea
El reciente fallo obliga a la PGR a presentar otra vez la acusación y podría derivar en la liberación del dueño de Oceanografía. Ahora, la decisión depende del Tercer Tribunal Unitario Penal del Distrito Federal, que deberá dictar sentencia.
El reciente fallo obliga a la PGR a presentar otra vez la acusación y podría derivar en la liberación del dueño de Oceanografía. Ahora, la decisión depende del Tercer Tribunal Unitario Penal del Distrito Federal, que deberá dictar sentencia.
Según
el juzgador Bárcena Villanueva, la mayoría de los documentos que
supuestamente incriminan al empresario en el fraude no son oficiales y
no se pueden admitir como pruebas. La documentación presentada por el
Ministerio Público Federal no tiene sustento legal, argumentó el
magistrado, pues se trata de fotocopias.
La
investigación de la PGR y la UIF contra el magistrado tiene como línea
principal descartar o confirmar un presunto acto de corrupción, señalan
fuentes cercanas al caso. Tanto el fallo como la indagatoria se dan a 6
meses de que el juez federal Décimo Primero de Distrito de Amparo en
Materia Penal en el Distrito Federal, José Alfonso Montalvo, negara a
Amado Yáñez el amparo de la justicia para obtener su libertad bajo
caución, y a 2 meses de que el empresario exigiera “ser juzgado con
documentos y hechos reales”.
Según el diario Milenio
(3 de agosto de 2015), Yáñez Osuna pidió invalidar el testimonio del
trabajador de Oceanografía Jorge Alejandro Hernández, quien aseguró que
la PGR le hizo firmar, bajo amenazas, declaraciones falsas fechadas un
día antes de intervenir la naviera.
La acusación del desfalco
Desde
que se giró la orden de formal prisión en contra de Amado Yáñez, en
junio de 2014, la PGR ha sostenido que el dueño de Oceanografía y sus
socios son responsables de defraudar a Banamex por 5 mil 312 millones
329 mil pesos.
Para el juez de la
causa –Rubén Darío Noguera Gregoire, titular del Juzgado Décimo Cuarto
de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal–, sí
existieron elementos contra Yáñez Osuna, por lo cual dictó formal
prisión sin derecho a fianza el 27 de octubre de 2014.
La
acusación se basa, entre otras evidencias, en la opinión de la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que determinó que Oceanografía
sí cometió el fraude contra Banamex, pues para obtener créditos por 8
mil 80 millones de pesos, la naviera utilizó documentos apócrifos
atribuidos ilícitamente a Petróleos Mexicanos (Pemex).
Fue el 20 de febrero de 2014 cuando la directiva del banco se enteró de que la mayoría de los créditos que otorgó a Oceanografía no tenían soporte. Como lo informó Contralínea, ese día la paraestatal hizo saber al entonces director general de Banamex, Javier Arrigunaga Gómez del Campo, que “una porción significativa de las cuentas por cobrar a Pemex registradas por Banamex en el programa de descuento eran fraudulentas”.
Para
entonces, el banco registraba en sus libros financiamiento de corto
plazo a Oceanografía por 7 mil 650 millones de pesos, como parte de un
programa de descuento de cuentas por cobrar con Pemex; y otros 430
millones, tanto en crédito directo como en cartas de crédito (Contralínea 387).
El
informe de la CNBV con el folio 141-2/111089/2014, al que este
semanario tuvo acceso, detalla que la propia institución financiera
incurrió en “diversas fallas y desviaciones a los procedimientos
internos” al otorgar créditos a Oceanografía.
Entre
las irregularidades destacan el “desapego a políticas y procedimientos
internos”; “deficiencias en el sistema de control interno”; “fallas en
el proceso de originación [sic] y administración de crédito”;
“deficiencias en los contratos”, en la “administración de riesgo” y en
la “auditoría interna”. Otra anomalía tiene que ver con la supuesta
pérdida del expediente.
Cuentas pendientes de Oceanografía
Aunque
la acusación formal de la PGR contra Amado Yáñez se ciñó al desfalco
multimillonario a la filial de Citigroup, tanto éste como sus socios
habrían incurrido en otros actos ilegales. Los más sobresalientes tienen
que ver con su supuesta cercanía al crimen organizado, el fraude a
Pemex vía contratos y la deuda multimillonaria al fisco.
Y
es que una investigación conjunta de la PGR y el Centro de
Investigación y Seguridad Nacional indica que los socios de Oceanografía
estarían implicados en una red de tráfico de combustibles robados a
Pemex y de lavado de dinero para el Cártel del Golfo.
La indagatoria, dada a conocer por Contralínea
en abril de 2014, documenta que Amado y Carlos Daniel Yáñez Osuna,
Martín Díaz Álvarez, Francisco Javier Rodríguez Borgio, Oliver Fernández
Mena y Hermilo Escobedo Obrador habrían blanqueado capitales
propios y del narcotráfico a través de cuatro empresas constituidas en
Estados Unidos, la Caja Libertad, los casinos Big Bola, el equipo de
futbol Gallos Blancos y campañas electorales de políticos panistas.
Además, habrían distribuido los productos saqueados a la paraestatal a
través de más de 60 gasolineras.
Contratos vigentes de Oceanografía con Pemex
Respecto del fraude de Oceanografía a Pemex, la indagatoria conjunta refiere que éste podría superar los 46 mil millones de pesos. En la investigación, que encabezó la PGR, 106 contratos fueron clasificados como “relevantes” por sus presuntas evidencias de corrupción.
Aunado
a esto, a la empresa de Amado Yáñez se le han acreditado defraudaciones
contra otros tres bancos extranjeros (entre ellos, el holandés Rabobank
Group), por 389.5 millones de dólares y 230.8 millones de euros; además
de daños patrimoniales contra el Instituto Mexicano del Seguro Social y
el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores,
por al menos 128 millones de pesos.
Otro
asunto pendiente de los dueños de Oceanografía es con el fisco: el 22
de septiembre pasado, Aristóteles Núñez –jefe del Servicio de
Administración Tributaria– reveló a la prensa que la naviera
Oceanografía adeuda 22 mil millones de pesos de impuestos que, dijo, se
deben saldar.
Bienes asegurados
Ante
una eventual liberación de Amado Yáñez Osuna, las autoridades federales
estudian la manera de mantener el embargo sobre sus bienes, incluida la
empresa Oceanografía y más de 30 embarcaciones aseguradas por la PGR y
administradas por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes
(Sae), indican las fuentes consultadas.
De
acuerdo con su versión, 12 de las 30 embarcaciones se han quedado sin
combustible, motivo por el cual no están operando. Respecto de la
tripulación, el Sae aún tiene pendiente de liquidar a 800 empleados, de
los cuales sólo 400 brindan servicios profesionales.
Y
aunque los otros 400 no tienen una actividad en este momento, sí se les
paga puntualmente su salario, pues aún están bajo la responsabilidad de
la autoridad federal.
Nancy Flores, @nancy_contra
BLOQUE: INVESTIGACIÓN SECCIÓN: PORTADA, JUSTICIA
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Contralínea 462 / del 09 al 15 de Noviembre 2015
