Inicia la fase crítica de la reforma
educativa. El gobierno federal no escatimará recursos de todo tipo,
incluyendo los violentos, para hacer realidad su “reforma”. Los dos
siguientes fines de semana se aplicarán los exámenes de conocimientos,
la etapa que verdaderamente interesa a las autoridades aliadas al sector
patronal. La confrontación directa y definitiva de dos visiones de la
educación ha comenzado
Lev Moujahid Velázquez Barriga, Historiador y profesor, miembro de la CNTE en Michoacán - Contralinea
Cuando el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) dio a conocer un calendario de evaluaciones que contenía la ruta hasta 2020, recuerdo haber escuchado entre las filas del magisterio disidente que un docente dijo: “Ahora sí vamos a ver de qué están hechos los maestros”. Lo cierto es que hasta hoy no se ha tocado el derecho a la permanencia de los trabajadores de la educación que fueron contratados antes de la última reforma educativo-laboral, porque la evaluación que les corresponde no ha concluido todavía.
La
respuesta a la pregunta de la expresión a la que hago referencia está
cada vez más cerca. En noviembre, específicamente los fines de semana
entre el 14 y el 29, está programada la tercera fase de la evaluación
para el “desempeño” que se refiere a la aplicación del examen de
conocimientos; ésta no sería ya de carácter diagnóstico, ahí se jugaría
la estabilidad de los docentes con plaza basificada o contratos indefinidos.
A
pesar de que el INEE y la Secretaría de Educación Pública (SEP) han
hecho parecer la evaluación como un proceso de cuatro fases que
integralmente recogería diversos aspectos del trabajo docente, a saber:
informe de cumplimiento de evidencias, que elabora el director o
supervisor escolar; la entrega del expediente de evidencias de
enseñanza; el examen de conocimientos y competencias didácticas; y la
planeación didáctica argumentada, sin embargo, lo que realmente podemos
dar por cierto es que se centrarán en el tercero de esos factores.
El
examen es la mayor apuesta de la evaluación. La realidad ha demostrado
la ineficiencia de todos los órganos educativos involucrados, incluida
la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente (CNSPD), para
llevar a cabo las primeras dos etapas que hasta hoy han presentado
demasiadas dificultades. La verdad es que no han sido capaces de crear
las condiciones técnicas para completarlas, mucho menos lo serán para
procesar un mar de información que derivaría, primero, de los reportes
de evidencias y, luego, de las planeaciones didácticas, lo cual nos
lleva a “mal pensar” que serán a fin de cuentas los lectores ópticos o
los servidores virtuales los responsables de calificar un test de
conocimientos, prácticamente como única forma de evaluar al docente.
Ésta
no es una actitud de oposición genuina: el problema de la evaluación no
es asunto de formas malentendidas o de incumplimientos administrativos,
la reforma educativa es la raíz donde nace la inestabilidad laboral; la
que sienta las bases para el despido disimulado de retiro voluntario o
cambio de función; la que niega el derecho a la permanencia del
trabajador docente; que trasviste de autonomía de gestión, la
privatización de la escuela pública; que mide, pero no evalúa porque su
naturaleza es empresarial y no educativa. Exigir las mejores condiciones
para operar la ley es como si el condenado a muerte pidiera una jeringa
esterilizada para que le apliquen la inyección letal y el seguimiento
de todos los protocolos necesarios para su ejecución; digamos que no
está mal, pero eso no le devolverá su derecho a vivir.
Otro
sector importante ha decidido ir por la jubilación, actitud inducida
por los propios órganos de gobierno para congelar plazas que ya no se
abren para nuevos ingresos o se convierten en contratos precarios. Eso
disminuye la cobertura de docentes en las escuelas, pero tampoco va
resolviendo la situación. El peligro más próximo es el quiebre de los
sistemas de pensiones. En el corto plazo, las entidades federativas se
están declarando incompetentes para resolver el pago de trabajadores no
activos, algunos ya han reformado sus legislaciones en perjuicio de los
pensionados y a nivel federal seguirán los lineamientos que la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos recomienda,
una reforma que genere menos gastos al Estado y mayores aportaciones del
trabajador.
La desobediencia
pacífica ha sido uno de los mecanismos más eficientes de la resistencia
magisterial hasta este momento. Sus resultados han puesto, por varias
ocasiones, en riesgo la viabilidad de la reforma; por situar el impacto,
tenemos el caso de Michoacán, donde el gobierno estatal declaró
públicamente en los días pasados que sólo 500 de los 6 mil docentes se
han inscrito para dar inicio con el proceso evaluativo en esa entidad,
cifra que no llega ni al 10 por ciento del total; tal parece que la
promesa del aumento salarial inmediato a los que se evalúen no está
convenciendo, porque la estabilidad laboral es mucho más importante para
los maestros.
En entidades como
Chiapas, el gremio magisterial se ha visto más resuelto y decidido a
reaccionar ante la intervención policiaca en asuntos educativos que
deberían resolverse en términos pedagógicos, pero también políticos con
el gremio de maestros y no con la fuerza pública, como si fuesen
delincuentes de alta peligrosidad alterando el orden social y no un
sector de esa sociedad inconforme con una medida que no ha sido
dialogada con los principales actores educativos.
En
todo caso, la cercana posibilidad de perder el empleo –que no es poca
cosa en un país golpeado por la extrema pobreza, la falta de
oportunidades y donde sólo el 10 por ciento de los trabajadores están
sindicalizados, por tanto no tienen un contrato colectivo ni una
organización gremial que los respalde ante cualquier injusticia
patronal– ha hecho que los docentes se dispongan en última instancia a
defender hasta las últimas consecuencias lo único que tienen para
garantizar una mediana forma de vivir, que no es un privilegio, sino un
derecho que la población está perdiendo o nunca lo tuvo, incluso.
Por
su parte, la reacción de los empresarios ha sido la criminalización de
la protesta social, la difamación, el llamado incesante a utilizar los
cuerpos represivos contra el magisterio, como no lo han hecho nunca ni
para detener el narcotráfico, el secuestro, el tráfico de personas y la
escandalosa corrupción de cientos de políticos que dejan deudas en los
estados, impagables en décadas. Se están jugando el todo por el todo,
están dispuestos a asumir las consecuencias del uso de la fuerza
pública porque saben que de culminar esta primera evaluación para la
permanencia será el éxito de la más importante de las reformas en
México, y el impacto del golpe laboral, pero también moral contra
organizaciones como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la
Educación (CNTE) habrá sido incalculable.
Quedan
apenas unos días para la evaluación que se viene. Serán tiempos
definitivos para conocer el destino de la reforma educativa en medio de
todo este conflicto social que ha generado reacciones encontradas de
alcances nacionales, y estoy seguro que para propios y extraños ronda la misma inquietud, la misma preocupación: ¿de qué están hechos los maestros?
Lev Moujahid Velázquez Barriga, Historiador y profesor, miembro de la CNTE en Michoacán
Contralínea 462 / del 09 al 15 de Noviembre 2015
