La Jornada - Editorial
La Coordinadora
Nacional de Tra-bajadores de la Educación (CNTE) afirmó ayer estar lista
para impedir la evaluación docente prevista en la reforma educativa,
pese a la decisión del gobierno de
convertir en búnkerslas sedes donde se prevé realizar ese ejercicio, el próximo sábado. Al respecto, el secretario general de la sección 18, José Ortega Madrigal, dijo que
no habrá condicionesen los estados donde está consolidada la organización magisterial disidente, y que
la CNTE está dispuesta a correr los riesgos, aun si el destino de los líderes es la cárcel.
Por su parte, el titular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño, indicó que en las entidades más conflictivas se realizarán operativos policiacos
para garantizar el derecho a la evaluación, e informó que los detalles de estas acciones se abordaron en una reunión con el comisionado general de la Policía Federal, Enrique Galindo, y los gobernadores de Michoacán, Oaxaca y Chiapas, así como el secretario de Educación de Guerrero.
Las posturas irreductibles de ambas partes resultan
desesperanzadoras para las perspectivas de solución al conflicto; los
amagos del magisterio crítico y de las autoridades alimentan la
perspectiva indeseable de escalar hacia un incendio social que, a fin de
cuentas, podría evitarse si las facciones en pugna se aprestaran a
entablar un diálogo en el que imperaran la flexibilidad y la apertura.
Hoy resulta innegable que la reforma educativa impulsada por el gobierno federal en el marco del Pacto por México –y aprobada en un procedimiento legislativo cuestionable y hermético para la sociedad y los maestros en particular– requiere de una renegociación en la que intervengan todos los actores involucrados. Dicho proceso, por desgracia, no será posible en la medida en que prevalezcan la crispación y el amago constante de intensificar el conflicto.
Es necesario, ante el riesgo de que los factores de tensión lleguen a un punto de no retorno, que las autoridades federales y el magisterio aglutinado en la CNTE actúen con contención y mesura, y se dispongan a entablar un diálogo que requerirá, necesariamente, de flexibilidad y voluntad política en las posturas de ambas partes. La sociedad en general, por su parte, debe demandarles prudencia, capacidad reflexiva y disposición a los acuerdos.
Fuente: La Jornada - Editorial
Hoy resulta innegable que la reforma educativa impulsada por el gobierno federal en el marco del Pacto por México –y aprobada en un procedimiento legislativo cuestionable y hermético para la sociedad y los maestros en particular– requiere de una renegociación en la que intervengan todos los actores involucrados. Dicho proceso, por desgracia, no será posible en la medida en que prevalezcan la crispación y el amago constante de intensificar el conflicto.
Es necesario, ante el riesgo de que los factores de tensión lleguen a un punto de no retorno, que las autoridades federales y el magisterio aglutinado en la CNTE actúen con contención y mesura, y se dispongan a entablar un diálogo que requerirá, necesariamente, de flexibilidad y voluntad política en las posturas de ambas partes. La sociedad en general, por su parte, debe demandarles prudencia, capacidad reflexiva y disposición a los acuerdos.
Fuente: La Jornada - Editorial