Jenaro Villamil - Proceso
MÉXICO, D.F. (apro).- Siete expertos de cinco países participarán en
el “tercer peritaje” de la Procuraduría General de la República en el
basurero de Cocula, anunció la titular de la dependencia, Arely Gómez,
quien también afirmó que analizan junto con los integrantes del Grupo
Independiente de Expertos Internacionales (GIEI) las evidencias sobre el
“quinto camión” en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Durante su comparecencia ante el Senado, Gómez también afirmó
que solicitarán asistencia jurídica a autoridades de Chicago, Estados
Unidos, porque ellos señalaron la existencia del trasiego de heroína de
Iguala hacia la ciudad estadunidense en camiones de doble fondo, línea
vinculada a la existencia del “quinto autobús”.
La procuradora
explicó que “de tiempo atrás” estaba en el expediente del caso Iguala la
existencia del quinto autobús, pero no tuvo relevancia en la
investigación, ya que no hubo “contratiempo” con los estudiantes que
viajaron en ese vehículo.
Informó que se realizan los trámites
oficiales ante la Organización de Estados Americanos (OEA) para renovar
el mandato de los expertos del GIEI.
“Lo único que quiero es que
se conozca la verdad, es un tema muy doloroso que afectó a todos los
mexicanos, es un tema que duele”, sentenció.
La “defensa” del general Cienfuegos
Durante la primera parte de posicionamientos de los partidos políticos,
la comparecencia de la procuradora general se convirtió en un pretexto
para debatir y defender al titular de la Secretaría de la Defensa
Nacional, general Salvador Cienfuegos, a raíz de sus polémicas
declaraciones para negar que los expertos de la CIDH entrevisten a
integrantes del 27 Batallón de Iguala.
La senadora Layda
Sansores, del PT, afirmó que la “entrevista pactada” del general
Cienfuegos con Televisa fue una “vergüenza”. Ignorante del derecho
internacional y del mexicano”, soltó la legisladora campechana.
Sansores le reprochó a Cienfuegos la frase de que “sus” soldados no
serían interrogados por los expertos del GIEI. “No es una concesión del
gobierno sino un acuerdo del Estado mexicano”, la colaboración con la
CIDH, afirmó Sansores.
“¿Se ha indagado sobre el terreno que la
Sedena le donó a José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, para la
construcción de un centro joyero frente al 27 Batallón?”, le preguntó
Sansores a la procuradora.
En seguida, los senadores Carlos
Puente, del Partido Verde, Javier Lozano, del PAN, así como Ivone
Alvarez y René Juárez, del PRI, subieron a tribuna para reprochar la
“falta de respeto” al titular de la Sedena y descalificar a los críticos
de Cienfuegos como “majaderos”, en medio de los aplausos de las
bancadas priista y verde.
Al referirse al papel de los militares,
Arely Gómez afirmó que se han recabado declaraciones de ocho soldados y
“hay la mejor disposición de entrevistarse con otros integrantes del
Batallón 27, y creo que del secretario de la Defensa también, para que a
través del MP puedan hacer sus preguntas –los expertos del GIEI- y sean
respondidas”.
Tlatlaya y PVEM
Gómez
también reveló que, en relación con los integrantes del Partido Verde,
“hay tres averiguaciones previas” por presuntos delitos electorales. No
mencionó los nombres.
En cuanto al caso Tlatlaya, la procuradora
afirmó que la PGR apeló el auto del Poder Judicial y explicó que a los
cuatro soldados que se les dictó acto de libertad fueron por ejercicio
no indebido de la función pública y los tres restantes fueron por
homicidio.
