Ernesto Villanueva - Proceso
MÉXICO, D.F. (Proceso).- La conversación a fines de la semana pasada
entre el presidente Enrique Peña Nieto y el mandatario estadunidense,
Barack Obama, para que “culminen pronto” los trabajos del Acuerdo
Transpacífico de Libre Comercio (TPP, en inglés) debe generar alerta por
las graves implicaciones para los mexicanos y por la forma y el fondo
de la discusión de este tratado multilateral. Veamos.
Primero. Desde hace al menos cinco años Australia, Brunei, Canadá, Chile, Estados Unidos, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam negocian ese TPP que, de entrada, no trata sólo de circulación de bienes y servicios, algo propio del libre comercio. Lo anterior empezó a generar dudas y sospechas, porque el contenido de ese proyecto normativo es secreto. Nadie tiene acceso al contenido total del texto.
Este hecho no puede seguir la ruta de la opacidad porque en México, se
supone, impera la máxima publicidad, además de ser una práctica habitual
poner a discusión de la sociedad los proyectos legislativos. Al menos,
los legisladores tienen acceso a esos borradores y tienen posibilidad de
emitir sugerencias, comentarios y modificar, en su caso, algunas
partes.
En la discusión del TPP ni los senadores mexicanos
–quienes en su momento deberán ratificar el tratado una vez firmado por
el presidente, para que surta plenos efectos jurídicos– tienen
conocimiento del contenido.
En este caso, los senadores no
tendrán ningún margen de maniobra: lo ratifican o no, pero no pueden
sugerir el cambio ni de una coma. Por regla general, los tratados y
convenciones contienen derechos más avanzados que los existentes en el
país, razón por la cual se ha logrado que con la reforma constitucional
de 2011 esas disposiciones tengan un nivel de norma constitucional. Hoy
este proyecto es la excepción.
El mecanismo ordinario para
reformar, suprimir o ampliar el contenido normativo de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos sigue un proceso complejo por
tratarse de la máxima norma jurídica del país. Cualquier modificación se
debe aprobar por las dos cámaras del Congreso; después, someterla a la
aprobación de la mitad más uno de los congresos de los estados de la
República y al final debe ser promulgada por el presidente de la
República y publicada en el Diario Oficial de la Federación. La vía de
los tratados y convenciones, en cambio, es fast track porque
generalmente vienen a refrescar el marco normativo con normas
protectivas y progresistas. Hoy no es el caso.
Segundo. Gracias a
las filtraciones de WikiLeaks y al acceso a varios extractos del
proyecto –el cual, paradójicamente, sí conocen en su totalidad los
lobistas de las grandes empresas, para hacer sugerencias–, se puede
saber que no se trata de un tratado inocuo para la mayoría de la
población. Al contrario. Su contenido se ha mantenido en secreto porque
se tratan cuatro ejes temáticos de suma gravedad: a) limitaciones a los
derechos humanos en internet, b) obstáculo al acceso a medicamentos
genéricos; c) obstáculos al conocimiento y la cultura y d) obstáculos a
los derechos de los consumidores.
La organización TPP Abierto de
Chile (http://tppabierto.net/que-es-tpp) logró generar un movimiento
ciudadano y político sobre el impacto de semejante normativa en
proyecto. Es evidente que los mexicanos estarían en contra de afectarse a
sí mismos si tuvieran la información. El proyecto prevé convertir a los
proveedores de acceso a internet en los responsables de censurar los
contenidos sin que medie intervención de un juez de derecho. Ello
limitaría sobremanera la libertad de expresión en el único espacio hasta
ahora menos regulado.
También se prevé ampliar el plazo de
protección a las patentes de medicamentos, lo cual va a implicar que los
genéricos reduzcan su presencia y los costos de los fármacos suban, en
perjuicio de la inmensa mayoría. Peor aún, la medicina tradicional o
aquella que no tenga una patente de procedimientos quirúrgicos y médicos
alópatas (la medicina convencional) estarían prohibidas, con un efecto
en la economía de los que menos tienen y en las ventajas que esa
medicina alternativa ha dado a muchas personas. Y así se podrían
enumerar más cosas que circunstancialmente se conocen.
Tercero. A
pesar de que sólo los países del Primer Mundo –empezando con Estados
Unidos y sus corporaciones– serían los grandes beneficiarios de este
tratado multilateral, en el vecino país del norte están dando la batalla
de oposición distintos actores sociales, académicos y políticos, entre
otros el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio; el extitular del Banco
Mundial y Premio Nóbel de Economía, Joseph Stiglitz y el académico Noam
Chomsky. Todos cuestionan la bondad del TPP.
En el caso
latinoamericano, diputados y senadores chilenos de distintos partidos
han hecho pública su postura sobre el tratado; entre otras cosas
señalan: “El desarrollo de cualquier política pública en materia de
trabajo, medio ambiente, salud, medicamentos, propiedad intelectual,
internet, libre competencia, inversiones, entre otras cubiertas por el
TPP, debe ser discutido abiertamente bajo estándares de deliberación
democrática y transparencia que esta negociación no tiene, y debe
considerarse siempre la realidad y diversidad social, cultural y
económica de nuestro país (…) El gobierno de Chile debe respetar la
división de poderes del Estado y en ningún caso debe ceder, cercenar ni
restringir el ejercicio de la función legislativa a organismos
nacionales de otros países, como proponen las normas de implementación
del TPP”.
(https://www.derechosdigitales.org/wp-content/uploads/Declaracion-Publica-TPP_Diputados_Senadores_08dic.pdf).
Aquí el Senado no se ha dado por enterado. Es urgente que los senadores
que tienen algún compromiso con la sociedad hagan algo para abrir estas
discusiones, sobre todo porque México “lidera” el grupo de países a
favor del gobierno abierto. Hay que practicar, no sólo predicar.
Fuente: Proceso
Fuente: Proceso
