MÉXICO, D.F. (Proceso).- La versión oficial de lo ocurrido en la
reunión del presidente Enrique Peña Nieto con los familiares de los 43
normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace poco más de un año
evidencia que el gobierno federal busca la fórmula que le permita
atender las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos
Independientes (GIEI), pero al mismo tiempo proteger a las fuerzas
federales (Ejército y Policía Federal) que se encontraban en el lugar de
los hechos la noche de la desaparición de los estudiantes.
Los familiares de los normalistas fueron claros y precisos en sus observaciones: el gobierno federal fue evasivo en sus respuestas. Los familiares demandaron, entre los ocho puntos, dos que resultan particularmente incómodos para el gobierno:
“Replanteamiento de la
investigación en una unidad especializada de investigación, con
supervisión internacional, compuesta por dos instancias: una que indague
a profundidad dónde están nuestros hijos y otra que investigue el
montaje con que se nos pretendió engañar” y “que requiera formalmente la
colaboración de la ONU para la creación de una Comisión Internacional
contra la Impunidad y la Corrupción en México, que investigue y coadyuve
en los casos más emblemáticos de violaciones graves a los derechos
humanos, conflictos de interés y macrocriminalidad.”
Ambas
demandas buscan retomar los elementos clave que hicieron efectiva la
acción de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala
(GICIG) que provocó la renuncia y encarcelamiento del presidente Otto
Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti, porque permiten que
las misiones internacionales vayan más allá de las recomendaciones y
puedan instruir al Ministerio Público en la integración de sus
averiguaciones e incluso consignar directamente ante las instancias del
Poder Judicial. Al menos así sucede en Guatemala.
En el caso de la
unidad de investigación, los familiares fueron muy específicos respecto
de las condiciones que debía reunir la indagatoria, y manifiestan que
el titular de dicha unidad debe ser “un fiscal que tenga el visto bueno
del Grupo de Expertos”; que la actuación de la misma “se guíe en función
de un plan de investigación que deberá diseñarse conjuntamente con los
expertos”, y que “pida apoyo externo a la Procuraduría cuando requiera
dictámenes periciales, con el visto bueno del Equipo Argentino de
Antropología Forense”, entre las principales características.
Los
familiares expresan su deseo de que esta instancia “agote todas las
líneas de investigación, incluyendo las relativas al Ejército y a los
políticos corruptos de Guerrero”. En un párrafo posterior exigen que se
investigue la responsabilidad, entre otros, del exgobernador Ángel
Aguirre y del exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam.
Según
informó a los medios el vocero de la Presidencia, Eduardo Sánchez, en
respuesta a dichas demandas el mandatario instruyó “a las secretarías de
Gobernación y de Relaciones Exteriores, así como a la Procuraduría
General de la República, que analicen la viabilidad de cada uno de esos
ocho puntos”. Y anunció la creación, dentro de la PGR, de una Fiscalía
Especializada para la Búsqueda de Personas Desparecidas, con lo cual
atiende una reiterada demanda social pero permite cerrarle el paso a la
Unidad que exigen los padres de los desaparecidos.
Aunque cada día
los espacios de maniobra para el gobierno federal se estrechan más, lo
cierto es que las primeras informaciones en torno a la reunión
evidencian que aquél pretende repetir la misma trama a la que recurrió
en el caso de los conflictos de interés por la adquisición de inmuebles
multimillonarios financiados por un contratista del gobierno: instruir
para que le elaboren un expediente que le permita negar la viabilidad de
atender las demandas de los padres de los normalistas.
Por
supuesto, el gobierno federal reiteró las que fueron sus primeras
reacciones al informe del GIEI, es decir, que se atendieran todas sus
recomendaciones y líneas de investigación y que el grupo extendiera su
estancia en el país por otros seis meses.
Sin embargo, es evidente
que los funcionarios del gobierno federal leen el informe y las
recomendaciones con un enorme sesgo, pues el miércoles 23 el
subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Roberto Campa Cifrián,
declaró en un noticiero matutino de Radio Fórmula que una de las
coincidencias fundamentales del reporte con las conclusiones de la PGR
es que ambos señalaban que los responsables eran las policías
municipales y los grupos criminales. Campa eludió hablar sobre la parte
del informe que claramente especifica: “tanto la Policía Federal,
estatal, como el Ejército tuvieron personal destacado” al menos en
algunos de los escenarios donde hubo encuentros de los normalistas
desparecidos y las fuerzas de seguridad la noche del 26 de septiembre.
En
el apartado alusivo a las responsabilidades, específicamente en la
número 8, el informe precisa: Se debe “investigar si la actuación de
todos los cuerpos de seguridad que estuvieron presentes en los hechos
fue acorde a derecho y si cumplieron con sus respectivos protocolos de
actuación, especialmente, con la obligación de proteger a los
ciudadanos”.
En la 9 insiste: “Investigar a todos los posibles
responsables que podrían haber participado en los hechos de acuerdo con
las declaraciones testimoniales y otras evidencias probatorias. La
investigación del GIEI ha proporcionado nuevos elementos en ese
sentido”.
La revisión del informe, y especialmente de las
recomendaciones del GIEI, de las demandas de los familiares de los
desparecidos y las declaraciones oficiales, incluyendo las que el vocero
de la Presidencia atribuye a Peña Nieto, demuestran que el gobierno
federal no atiende ni esas recomendaciones ni esas demandas, pues a
pesar de todas las evidencias en contrario se aferra a su “verdad
histórica”.
El caso se le complica al gobierno federal, pues ante
la presión internacional por la desaparición de los normalistas tuvo que
aceptar la intervención de expertos internacionales, que a partir de
sus propias investigaciones de campo y peritajes han desacreditado una y
otra vez las versiones oficiales.
Es evidente que las respuestas
del gobierno de Peña Nieto pretenden atender únicamente aquellas
recomendaciones y demandas que le permita exculpar al Ejército y a la
Policía Federal, aunque tengan que reconocer que los normalistas no
fueron incinerados en el basurero de Cocula. Y aunque el caso pierde
importancia en los medios de comunicación masiva a escala nacional, la
presión internacional se incrementa, lo que vuelve muy vulnerable al
gobierno y estrecha sus márgenes de acción.
Fuente: Proceso
Fuente: Proceso
