MÉXICO, D.F. (apro).- En contraste con la versión oficial,
organizaciones nacionales e internacionales consideran que México
atraviesa por una severa crisis de derechos humanos y como ejemplo de
ello citan el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de
Ayotzinapa.
El presidente Enrique Peña Nieto dijo en su Tercer Informe de Gobierno que en su administración el respeto a los derechos humanos “ocupa un lugar central en la agenda de temas estratégicos”, y a manera de ilustración mencionó que se implementaron cursos de capacitación a funcionarios públicos en “protección a los grupos más vulnerables, así como de eliminación de la discriminación”.
A pesar de las matanzas de Tlatlaya, Apatzingán, Ecuandureo y Calera,
que generaron un escándalo mundial en su momento, el mandatario
presumió que las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos disminuyeron 64%.
Según los datos aportados en su informe, en el periodo de septiembre
de 2014 a julio de 2015, la CNDH emitió 18 recomendaciones, 32 menos
que las registradas en el mismo periodo de 2013 a 2014 y “66.7% con
relación al periodo de 2012 a 2013, donde se emitieron 54
recomendaciones dirigidas a la APF”.
Los casos graves registrados en este año son mencionados en el
reporte de las acciones realizadas por la Comisión Ejecutiva de Atención
a Víctimas (CEAV), dependencia que registró en el caso de los 43
estudiantes de Ayotzinapa 180 víctimas, y en el ataque a los futbolistas
del equipo Avispones, 100, a los que “se les brindó atención
multidisciplinaria y aun son sujetos a un programa de atención
individualizada”, en tanto que en el caso Tlatlaya, la CEAV registró a
93 víctimas “y se continúa con el análisis de los casos restantes”.
De acuerdo al informe la CEAV atendió a 52 personas víctimas de
“comisión de delito de orden federal” a las que destinó en
indemnizaciones por “comisión de delito por orden federal”, a las que
se destinaron 12.5 millones en indemnizaciones, en tanto que a 19
víctimas de “violación a derechos humanos”, se les entregaron 12
millones de pesos.
En el apartado “Instrumentar una política de Estado en derechos
humanos”, se señala que de enero a julio de 2015 el “Gabinete de
Seguridad” recibió cuatro recomendaciones de la CNDH, tres menos que en
el mismo periodo de 2014 y 10 menos que en 2013, en tanto que la
recomendación 26/2001, referente a las víctimas de desaparición forzada
en la guerra sucia, el informe de Peña asegura que de los más de 500
casos a que hace referencia la CNDH, el gobierno federal ha cubierto 96
indemnizaciones a familiares de desaparecidos y 54 permanecen en
proceso.
En cuanto a las sentencias ante la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (CoIDH) el informe presidencial asegura que dicho tribunal
declaró el cumplimiento delas mujeres indígenas abusadas sexualmente por
el Ejército, Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega.
Sin mencionarse la palabra “desaparecidos” el texto menciona que en
el tercer año de gobierno se brindó apoyo a “mil 397 familiares de
personas extraviadas, sustraídas o ausentes” con la elaboración y
difusión de “cédulas de identificación en todo el país”, además de que
se ingresaron al Sistema CODIS (Combined DNA Index System9 7 mil
perfiles genéticos, con lo que a julio de 2015 existen 25 mil 31
perfiles genéticos “que han permitido identificar a 431 personas que se
encontraban en calidad de desconocidas”.
En cuanto a los delitos cometidos contra periodistas se informa que
la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de
Expresión (FEADLE) inició 133 averiguaciones previas, ejerció 19
acciones penales y determinó el 35 casos el no ejercicio e la acción
penal; 14 expedientes fueron acumulados y 49 se determinaron por
incompetencia, en tanto que 117 se consideraron concluidos.
Y asegura que en el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de
Derechos Humanos y Periodistas de la Segob se atendieron cien
solicitudes de información, de las cuales 37 corresponden a defensores y
el resto a periodistas; a 53 se les dio tratamiento ordinario y a 29
extraordinario, mientras que en 18 casos no hubo incorporación al
mecanismo.
Fuente: Proceso
Fuente: Proceso