MÉXICO, D.F. (apro).- El Frente por la Libertad de Expresión y la
Protesta Social, integrado por 11 organizaciones de la sociedad civil,
afirma que en el gobierno de Enrique Peña Nieto ha prevalecido “un
proceso sistemático de violaciones” al derecho a la protesta social, a
la libertad de expresión y a la seguridad e integridad de las personas
que se manifiestan.
En un informe publicado este miércoles, el colectivo destaca que desde el 1 de diciembre de 2012 impera “un escenario peligroso de retroceso en las libertades democráticas en México”, y el gobierno ha respondido con agentes antimotines, detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza o la inculpación de manifestantes por delitos graves.
Desde julio de 2014, el Frente ha documentado 16 actos de represión
en distintas entidades federativas, sobre todo en el Distrito Federal,
Puebla, Quintana Roo y Baja California, y denuncia que varios gobiernos
promulgaron leyes con el objetivo de controlar las manifestaciones,
limitar la libertad de expresión y de reunión, y criminalizar la
protesta social.
“La protesta pública es la manifestación más visible de una situación
que no ha sido atendida o resuelta eficazmente”, plantea el informe, y
lamenta que en vez de elevar a la agenda pública las razones que motivan
las manifestaciones, el gobierno federal “mantiene una posición reacia
que niega de forma reiterada la gravedad de las circunstancias por las
que atraviesa el país”.
Añade: “La realidad –contundente e incontenible– se hace presente en
las calles y plazas públicas: impunidad, corrupción, violencia, despojos
de bienes comunes, tortura, desaparición forzada, por mencionar algunos
temas”.
Entre las acciones represivas documentadas desde julio del año pasado
por las organizaciones que integrante el Frente, entre ellas Artículo
19, Fundar y el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, destaca
el violento desalojo de los pobladores de Chalchihuapan, en Puebla, que
desembocó en la muerte de un menor de edad.
Asimismo, la represión de las manifestaciones realizadas en el
Distrito Federal para solidarizarse con los familiares de los 43
normalistas de Ayoztinapa desaparecidos, o la detención masiva de
jornaleros de San Quintín, en Baja California.
Durante las marchas por Ayotzinapa efectuadas el 8 y el 20 de
noviembre del año pasado se documentaron “detenciones arbitrarias,
procesamientos injustos, falseamiento de pruebas y uso excesivo de la
fuerza por parte de las autoridades”, precisa el informe, y sostiene que
al dispersar de manera violenta el Zócalo capitalino, los granaderos
detuvieron a personas en las calles aledañas y las trasladaron a la
Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia
Organizada (SEIDO).
En esa dependencia, donde se investiga a presuntos integrantes del
crimen organizado, las autoridades inculparon a los detenidos, muchos de
ellos estudiantes, por delitos particularmente graves, como
“terrorismo” o “ataques a la paz pública”.
En su texto, el colectivo reprueba que las autoridades empleen de
“forma reiterada” esos conceptos ambiguos en términos legales para
criminalizar la protesta social, así como a los activistas y líderes de
movimientos.
De igual manera, lamenta que las propias autoridades asocien las
manifestaciones con el desorden y califiquen a sus participantes como
vándalos o delincuentes, discurso que es retomado en los medios de
comunicación.
Finalmente, las organizaciones repudian el endurecimiento de
legislaciones estatales respecto de las protestas, en las que se
justifica el uso de mano dura contra los movimientos sociales y ahogan
sus demandas.
Fuente: Proceso
Fuente: Proceso