Jesús Cantú - Proceso
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Los cambios en el gabinete presidencial
tienen el objetivo principal de ampliar las opciones de aspirantes a la
Presidencia de la República en 2018, de modo que hoy no sólo son los
integrantes de partidos de oposición o los no partidistas quienes están
en la carrera sucesoria, sino que el mismo presidente Enrique Peña Nieto
colocó en el arrancadero a por lo menos dos nuevos eventuales
precandidatos o candidatos.
Los malos resultados del gobierno federal, particularmente en las materias de seguridad y economía (agravada la primera por las matanzas de Tlatlaya y Ayotzinapa, así como por la fuga del El Chapo Guzmán; y la segunda, por la incapacidad para impulsar el crecimiento económico y frenar la devaluación del peso) obligaron al jefe del Ejecutivo a posicionar en otras áreas nuevas opciones.
Contra lo que dijo el presidente, la decisión no tiene como fin
“hacer frente a las nuevas circunstancias y desafíos que tenemos como
país”, ya que los mayores problemas son la inseguridad y la situación de
la economía, y el único cambio que se dio al respecto fue el del
Comisionado Nacional de Seguridad, pero manteniendo en su puesto a su
jefe directo, el secretario de Gobernación.
Con el propósito de ampliar su número de opciones, el presidente suma
a los dos que tenía desde el inicio del sexenio –Miguel Ángel Osorio
Chong, secretario de Gobernación, y Luis Videgaray, secretario de
Hacienda y Crédito Público–, a José Antonio Meade, quien llega a la
Secretaría de Desarrollo Social, y a Aurelio Nuño, colocado en
Educación.
Aun cuando por lo pronto no parecen estar en esa carrera, bien pueden
ser opciones Claudia Ruiz Massieu, cuya presencia en la SRE únicamente
se explicaría bajo la idea de que el presidente quiere tener la opción
de una mujer, y José Calzada Rovirosa, quien a pesar de que perdió las
elecciones en su estado, sale con una buena evaluación de su gestión
como gobernador de Querétaro.
Desde el inicio del sexenio se especulaba que la presencia de Emilio
Chuayffet en Educación tenía como fin principal enfrentar a Elba Esther
Gordillo y sacar adelante la reforma educativa, por lo que una vez que
cumpliera dichas encomiendas dejaría su lugar a un personaje más cercano
a Peña Nieto. Su estancia se prolongó más de lo esperado seguramente
porque el presidente no quería exponer a uno de sus más cercanos
colaboradores al desgaste de enfrentar las resistencias iniciales a la
implementación de la reforma, como sucedió con la CNTE.
Mas una vez que culminó esa etapa, y ante la crisis de salud que
enfrentó en días pasados quien fuera titular de la SEP, llegó el momento
de abrirle paso a uno de los protegidos del jefe del Ejecutivo para que
implemente lo que el mismo Nuño, todavía como jefe de la Oficina de la
Presidencia, denominó la segunda etapa de la reforma educativa, que
estará dirigida a contenidos. Más allá de esta segunda etapa, Nuño
todavía deberá enfrentar importantes retos de lo que sería, en su propio
lenguaje, la primera etapa, aunque en cualquier caso ya no será tan
desgastante como los primeros meses y, desde luego, le asegura una mayor
exposición pública, indispensable para lograr posicionarse en
condiciones de aspirar a la Presidencia.
Mientras tanto, José Antonio Meade llega a la secretaría ideal
(Desarrollo Social) para el posicionamiento público y la construcción de
redes y relaciones de gran utilidad durante una campaña electoral. Y en
este caso hay que añadir su paso previo por las secretarías de Energía
(enero-septiembre 2011), Hacienda y Crédito Público (septiembre
2011-noviembre 2012), en el gobierno de Felipe Calderón; y de Relaciones
Exteriores (diciembre 2012-agosto 2015), ya en el sexenio de Peña
Nieto, con lo cual acumuló una importante experiencia en sólo cuatro
años y medio. Su designación al frente de la Sedesol lo convierte
automáticamente en aspirante a la sucesión de 2018, por las
oportunidades que la dependencia brinda a sus titulares.
En este caso los cambios en el gabinete son en buena medida
consecuencia de la falta de resultados tangibles del actual gobierno,
pero no incluyen a las áreas más críticas en estos momentos. Para
mantener a los responsables de las mismas, el presidente recurre a esta
alternativa, que paradójicamente lo debilita políticamente, pues el
inicio del proceso de sucesión en automático marca también el principio
de la pérdida de poder del jefe del Ejecutivo, que por lo demás ya está
en marcha desde hace meses.
Desde luego, a estos cuatro contendientes por la candidatura tricolor
hay que agregar a Manlio Fabio Beltrones, flamante presidente del CEN
del PRI que, aun cuando forma parte de otra generación y grupo político,
está en la carrera tomando en cuenta que su permanencia depende en
buena medida de los resultados que obtenga en las elecciones del próximo
año (Proceso 2023).
Los cambios en el gabinete difícilmente mejorarán el desempeño del
actual gobierno y refuerzan la pérdida de poder de Peña Nieto, por lo
cual acentuarán su debilidad política, pero le permiten incrementar sus
posibilidades de designar a un sucesor de su confianza, pues llegará a
dicho momento con más opciones, y, algunas de ellas, menos desgastadas
ante la opinión pública.
El gobierno todavía no arriba a la mitad de su mandato, y en lo que
falta para los comicios de 2018 pueden producirse muchos eventos que
modifiquen totalmente las condiciones imperantes. No obstante, los
principales actores políticos (incluido desde luego el propio presidente
Enrique Peña Nieto) están más preocupados por la sucesión que por
atender la crítica situación actual
Fuente: Proceso
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