El sistema de salud de Oaxaca está en crisis:para solicitar mejores
condiciones de trabajo, los médicos han tenido que parar labores, el
encargado de los servicios de salud renunció al cargo y el subsecretario
de finanzas del ramo se suicidó. Aunado a ello, en 2013 las arcas
públicas destinadas al sector presentaron irregularidades por unos 10
millones de pesos, indica la Auditoría Superior
Contralinea - Érika Ramírez
Más de 10 millones 600 mil pesos del sistema de salud de Oaxaca podrían haberse ejercido irregularmente, lo que constituiría un daño patrimonial para la hacienda pública. El probable perjuicio a las arcas federales es el resultado de un control deficiente de los recursos a través de las cuentas donde es depositado el presupuesto millonario, revela el órgano fiscalizador del país.
Y es que de acuerdo con la Auditoría
Superior de la Federación (ASF), los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO),
actualmente a cargo de Héctor González Hernández, podrían haber sufrido
un daño de 10 millones 602 mil 200 pesos. Lo anterior, debido a
irregularidades en la operación de transferencias del Fondo de
Aportaciones para los Servicios de Salud (Fassa).
El dictamen del máximo órgano
fiscalizador, encabezado por Juan Manuel Portal Martínez, indica que por
el posible daño patrimonial ya se han promovido sanciones
administrativas al gobierno de Gabino Cué Monteagudo.
A decir de la ASF, a través de la
auditoría financiera y de cumplimiento 13-A-20000-14-0780, el gobierno
de Oaxaca “no dispone de un adecuado sistema de control interno que le
permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de
los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo
ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en
las irregularidades determinadas en la auditoría.
“Se registraron igualmente
incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión
del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, ya que la entidad
federativa no proporcionó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de
los recursos del primer trimestre de nivel fondo; tampoco reportó de
manera pormenorizada la información relativa al avance de las acciones
realizadas, y no realizó la evaluación sobre los resultados del fondo,
lo cual limitó al gobierno del estado conocer sus debilidades y áreas de
mejora.”
Crisis laboral
En medio de estas irregularidades, el
sistema de salud de esa entidad entró en una crisis laboral. Apenas el
pasado 11 de junio, la Sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores
de Salud (Sntsa) levantó el paro de labores iniciado el 4 de mayo de
2015.
Información del periodista Pedro Matías
indica que el impacto del paro laboral por más de 5 semanas fue:
“suspensión de los servicios generales en 735 centros de salud, 20
hospitales comunitarios, 13 hospitales generales y tres hospitales de
alta especialidad, para exigir que el gobierno oaxaqueño otorgue más
medicamentos, contrate más personal médico y equipe los centros de salud
y hospitales del estado”.
Los integrantes del sector decidieron
levantar el paro laboral luego de que el entonces titular de los
Servicios de Salud de la entidad, Germán Tenorio Vasconcelos, renunciara
al cargo. Fue sustituido por Héctor González Hernández, quien se
desempeñaba como subsecretario de Planeación de la SSO.
El corresponsal del semanario Proceso
hace énfasis en que el entonces secretario de Salud dimitió al cargo
sin que se “esclareciera el asesinato del subdirector de Administración y
Finanzas de los Servicios de Salud de Oaxaca, Rafael Pérez Gavilán, ejecutado
el 5 de marzo pasado, días después de su cese por presuntos malos
manejos […]. También fue acusado por integrantes del Sindicato
Independiente de Trabajadores y Profesionales de Salud de manejar una
‘nómina secreta’, y de un presunto desvío de 2 mil millones de pesos en
los SSO”.
Desglose de daños
El monto más elevado en el posible daño
patrimonial es de 5 millones 458 mil 747 pesos, “por destinar recursos
del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2013 para pagar a
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público actualizaciones y recargos
por no haber enterado en tiempo y forma el impuesto sobre la renta
retenido a los trabajadores”.
Le siguen 3 millones 996 mil 963 pesos
por haber destinado recursos del Fassa a “pagar remuneraciones a dos
servidores públicos que no acreditaron la preparación académica
requerida para el puesto bajo el cual cobraron durante el ejercicio
fiscal 2013”. Los trabajadores que no acreditaron su capacidad académica
también fueron beneficiados con la compensación del impuesto sobre la
renta de prestaciones laborales, tales como Día del Trabajador de la
Secretaría de Salud, Día de las Madres y Día de Reyes, “concepto no
convenido en las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de
Salud ni autorizado a financiarse con recursos del fondo”.
La ASF también documentó un posible daño a
la Hacienda Pública de 842 mil 472 pesos, “por no haber transferido la
Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca en su
totalidad los rendimientos financieros generados del fondo a los
Servicios de Salud de Oaxaca; en su caso, deberán ser acreditados ante
este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y
aplicación a los objetivos del fondo, de acuerdo con lo establecido por
la Ley de Coordinación Fiscal”. Otros 303 mil 953 pesos se pagaron a 23
prestadores de servicios “sin formalizar la relación laboral mediante
el contrato respectivo y pagado montos superiores a los pactados en los
contratos”.
Ante estos casos, la Auditoría promovió
la responsabilidad administrativa sancionatoria
13-B-20000-14-0780-08-001, ante la Secretaría de la Contraloría y
Transparencia Gubernamental del Gobierno del Estado de Oaxaca,
actualmente a cargo de Manuel de Jesús López López.
La oficina de López López tendrá que
realizar las investigaciones pertinentes y, en su caso, iniciar el
procedimiento administrativo correspondiente, “por los actos u omisiones
de los servidores públicos que en su gestión no remitieron a la
Secretaría de Salud la información trimestral relacionada con el
personal comisionado, los pagos retroactivos y los pagos realizados
diferentes al costo asociado con la plaza, del personal a cargo del
Fassa 2013”.
Deficiencias en el SSO
La misma Auditoría Superior de la
Federación analizó el sistema de control interno de los SSO y enumeró
diversas deficiencias que van desde la ética hasta la administración de
riesgos.
Una de las primeras observaciones que
hace el máximo órgano de fiscalización es que los SSO no tienen
instrumentados procedimientos para evaluar el apego de los servidores
públicos a su código de ética. Tampoco cuentan con un comité de ética,
“ni han establecido procedimientos para la investigación o denuncia de
posibles actos contrarios a la ética y conducta institucional”.
La falta de control se evidencia por la
falta de información periódica al titular de los SSO sobre el
funcionamiento general del sistema de control interno. Tampoco
identifican programas de capacitación con contenidos específicos en la
materia aquellos que van dirigidos a los servidores públicos con
responsabilidad en el establecimiento.
El máximo órgano de fiscalización del
país indica que los SSO no incluyeron en sus programas de capacitación
para el personal, al menos, uno de los temas siguientes: ética e
integridad; auditoría, control interno y su evaluación; administración
de riesgos y prevención, disuasión y corrección de posibles actos de
corrupción.
Salud oaxaqueña deteriorada
Ubicado en el llamado triángulo de la miseria,
el diagnóstico en salud para el estado no es nada halagüeño. La prensa
local da cuenta de muertes maternas por negligencia y los sistemas de
evaluación de un foco rojo en la nutrición de sus pobladores, principalmente de los niños.
Cifras del Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo Social (Coneval) muestran que el 43.1 por
ciento de la población no cuenta con derechohabiencia a servicios de
salud, uno de los principales indicadores de rezago social.
De la mano van otros indicadores
que muestran el atraso de esta población del Sureste mexicano y que
derivan en graves problemas de salud; uno de ellos, el acceso a la
alimentación: las cifras del Coneval indican que una población de 1
millón 244 mil 600, es decir 31.7 por ciento de los oaxaqueños no tiene
acceso a una alimentación sana.
A 2 años de la administración de Cué
Monteagudo, las cifras ancestrales de la miseria continuaban. El Coneval
registró 2 millones 436 mil 600 individuos (61.9 por ciento del total
de la población) en pobreza, de los cuales 1 millón 518 mil personas
(38.6 por ciento) presentaban “pobreza moderada” y 916 mil 600 (23.3 por
ciento) estaban en “pobreza extrema”.
El organismo descentralizado de la
Federación anotó que la carencia por acceso a la seguridad social afectó
a 75.7 por ciento de la población, es decir, a 2 millones 975 mil
personas bajo esta condición.
Otro de los altos porcentajes de las
cifras oficiales es que el 55.5 por ciento de las personas ocupan
viviendas sin disponibilidad de servicios básicos, “lo que significa que
las condiciones de vivienda no son las adecuadas para 2 millones 182
mil 800 personas”.
Érika Ramírez, @erika_contra
[RENDICIÓN DE CUENTAS]
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Contralínea 447 / del 27 de Julio al 02 de Agosto 2015
