Enjuiciada en Argentina, socia del consorcio ganador en la ronda uno
La petrolera inglesa Premier Oil PLC fue demandada por explorar sin autorización
Juez ordenó el embargo de empresas acusadas de operar de manera ilegal en Islas Malvinas
La petrolera inglesa Premier Oil PLC, socia de la mexicana Sierra Oil and Gas y de la estadunidense Talos Energy LLC, consorcio que ganó la licitación de dos de los 14 bloques subastados por el gobierno mexicano el pasado 15 de julio para la exploración y explotación de hidrocarburos en aguas someras y territoriales del Golfo de México, fue recientemente denunciada penalmente en tribunales federales argentinos por realizar actividades de exploración sin autorización.
La juez federal de Río Grande, en Tierra del Fuego, Argentina, Lilian Herráez, ordenó los embargos en contra de petroleras que fueron denunciadas el pasado 21 de abril por operar de manera ilegal en las Islas Malvinas.
Las firmas petroleras implicadas son la británica Premier Oil, Falkland Oil and Gas Limited (FOGL); la italiana Edison International SPA; la estadunidense Noble Energy Inc y su filial Noble Energy Falkland Limited y Rockhopper Exploration.
El gobierno de Argentina presentó una denuncia penal el 21 de abril pasado contra esas empresas, las cuales habían integrado un consorcio que contrató una plataforma semisumergible que el pasado 6 de marzo inició actividades exploratorias en la cuenca Malvinas norte, a 200 kilómetros del archipiélago localizado en aguas del Atlántico sur.
La denuncia fue por las actividades de exploración ilegal de petróleo en aguas territoriales de las Islas Malvinas, a las que los británicos denominan Falkland. Las empresas también fueron acusadas de contaminación del medio ambiente e importación o exportación de bienes en infracción a las leyes aduaneras.
Por su parte, Premier Oil, integrante del consorcio al que le fueron adjudicados dos bloques en México para la exploración en la cuenca del sureste frente a las costas de Veracruz y Tabasco, se amparó en “licencias” otorgadas por el Reino Unido en la zona de disputa de soberanía, en contravención con las resoluciones de la Organización de Naciones Unidas, que exhortó a los gobiernos de Argentina y Reino Unido a negociar la disputa y a no realizar ningún acto que agrave esta controversia.
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| Proceso de validación de sobres de propuestas de la primera licitación de la ronda uno sobre la exploración, a cargo del comité licitatorio, el miércoles pasado en el auditorio de Nafin, en la ciudad de MéxicoFoto Cristina Rodríguez |
La Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), al igual que los estados latinoamericanos, han reconocido el derecho de Argentina a aplicar acciones legales contra las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en su plataforma continental sin la autorización, concesión o permiso estatal.
La juez Lilian Herráez dispuso la interrupción inmediata de las actividades que realizan las cinco compañías denunciadas y otras cuatro que les prestan servicios en la zona.
La autoridad judicial de Argentina también ordenó la “interdicción de navegar” de todos los barcos, con el argumento de que no se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Buques, lo que impide su salida de los puertos donde están atracados.
La denuncia contra las petroleras internacionales fue iniciada en primera instancia por los ministros de Relaciones Exteriores, Héctor Timerman, y de Planificación Federal, Julio de Vido, y luego intervino el Ministerio Público.
En aquel momento y como resultado de la denuncia, el tribunal ordenó el embargo preventivo de bienes y activos de las cinco empresas hasta cubrir un monto de 156 millones de dólares. El juzgado también ordenó suspender las actividades, consideradas ilícitas, y adelantó que para hacer efectiva su resolución podrían librarse exhortos diplomáticos, en congruencia con los tratados y convenios de cooperación jurídica internacional.
La ley de Argentina impone penas de cinco a 10 años de prisión para los directivos de las petroleras y otros empleados de menor jerarquía por la búsqueda de hidrocarburos sin autorización de la Secretaría de Energía, y de 10 a 15 años por la extracción de los recursos petrolíferos.
En su defensa, las empresas acusadas señalaron, en abril pasado, que sus contratos se habían firmado con el gobierno de las Islas Malvinas.
El pasado martes 30 de junio el gobierno electo de las Falklands o las Malvinas declaró “El pueblo de las Falkland Island tenemos el derecho inequívoco de desarrollar nuestros propios recursos naturales como así lo entendamos, incluyendo el desarrollo de la industria de hidrocarburos, y contamos con todo el apoyo del Reino Unido para llevarlo adelante”.
Por tanto “el gobierno de las Falkland Islands no tiene dudas respecto a su legítimo derecho de otorgar licencias para actividades de exploración de hidrocarburos offshore, de acuerdo con la legislación de las Falkland, y continuará con el apoyo a la industria de hidrocarburos a medida que avanzan las inversiones en una exitosa exploración y producción de petróleo offshore”.
Por su parte, Premier Oil informó el martes pasado: “Las inversiones planificadas para exploración en 2015 han sido incrementadas en 20 millones a unos 240 millones de dólares, fundamentalmente debido a mayores gastos en la exploración del pozo Isobel Deep en las Falkland”, sostuvo la petrolera de origen británico.
Cabe recordar que Argentina y Reino Unido se disputan la soberanía de las islas desde 1833, cuando tropas británicas se apoderaron del archipiélago y expulsaron a una pequeña población argentina. Posteriormente, en 1982 tropas argentinas desembarcaron en las islas y se inició una guerra que culminó con la derrota del país sudamericano con un saldo de 649 jóvenes soldados argentinos y 255 combatientes británicos muertos.
