Todo indica que China está vendiendo acero a precios más baratos incluso que lo que cuesta producirlo. Alrededor de 50 países han tomado medidas para hacer frente a esta situación, que amenaza con desmantelar sus plantas productivas y dejar sin empleo a millones de personas. México es la excepción respecto de estas medidas, toda vez que, siguiendo los mandamientos neoliberales, el gobierno de Enrique Peña Nieto se rehúsa a imponer aranceles y otras estrategias que protejan a un sector que da trabajo a medio millón de mexicanos.
Dos meses después de que los industriales acereros anunciaran que estaban en crisis –por lo que tendrían que cancelar inversiones, cerrar plantas e iniciar despidos masivos–, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, recibió a los agremiados de la Cámara Nacional del Acero (CANACERO), quienes exigieron acciones inmediatas contra la “competencia desleal”.
Acusaron que el acero chino provocó un quebranto de escala mundial en el sector… pero la diferencia es que otros países lanzaron programas de emergencia para proteger sus industrias y México no.
La cita fue el 9 de junio, una semana después de que Altos Hornos de México (AHMSA) y De Acero, las únicas dos siderúrgicas que quedan en manos de mexicanos, anunciaran el despido de 4 mil 500 personas (700 de confianza) de la primera empresa, y de 2 mil 500 de la segunda (25% de la planta laboral) que, para entonces, había parado totalmente la operación de una de sus plantas principales, ubicada en Coahuila.
A esto se suma el temor fundado de que vengan más recortes en otras empresas y zonas del país, ante la pasividad del Gobierno de Enrique Peña Nieto.
Desde 2008, la industria global del acero enfrenta una serie de problemas que se agudizaron a partir de 2013. El mayor es el precio del metal chino, que llega a venderse más barato que el costo de producción.
Ni siquiera en plena crisis los acereros mexicanos obtuvieron del Gobierno alguna medida de protección y, por el contrario, fueron los gobiernos de Felipe Calderón y Peña Nieto los que abonaron al desastre: primero con sus eliminaciones arancelarias y luego con las recientes reformas energética y hacendaria.
No sólo los acereros mexicanos estaban sufriendo, también los extranjeros que hacen negocios en el país. Arcelor Mittal, el gigante anglo-indio propietario de SICARTSA, la siderúrgica ubicada en Lázaro Cárdenas, Michoacán, anunció cierres parciales desde febrero, para entrar poco después en un paro técnico que, para el día del encuentro con Guajardo Villarreal, no se había levantado.
En la sala de juntas de su despacho, Guajardo recibió, alrededor de la 1:00 de la tarde, a Alonso Ancira Elizondo, presidente de AHMSA, y a Jorge Guzmán, director de Arcelor Mittal en México, por las dos acereras más grandes del país. También asistieron el director de De Acero, Luis Osorio; de TUBACERO, Joseph Woldenberg, y de Ternium, Régulo Salinas. Al frente del grupo iba el presidente de la CANACERO, Guillermo Vogel –quien preside el Grupo Collado– y Salvador Quesada Salinas, director general de esa cámara.
Durante el encuentro –narrado a Proceso por tres de los asistentes– los industriales intentaron profundizar en la explicación de los problemas, pero sólo tuvieron una hora para describir el panorama ante Guajardo; el subsecretario de Industria y Comercio, Rogelio Garza Garza, y Sylvia Marcela Robles Romo, una funcionaria de tercer nivel del Servicio de Administración Tributaria, relacionada con asuntos legales del exterior.
Guajardo concluyó la junta sin anunciar medidas para enfrentar la emergencia. Sólo dijo que estudiarían posibles reformas legislativas y convocó a los empresarios a reunirse en 12 semanas para tener tiempo de analizar sus demandas.
“Pero, secretario, en 12 semanas ya no estaremos”, replicó Alonso Ancira, el último magnate mexicano del acero. Entonces, Guajardo aceptó reprogramar la siguiente junta para dentro de un mes.
Entre las propuestas que llevó la CANACERO destacaban la de instaurar un arancel temporal a la importación acerera, eliminar el esquema de “importaciones temporales” que la maquila ha empleado para comprar metal barato y activar un mecanismo, relativamente sencillo, para investigar en menor tiempo el abaratamiento del acero chino.
En cuanto a esto último, Guajardo expuso que la dependencia acaba de resolver 14 indagatorias. Fue entonces cuando los industriales se terminaron de convencer de la indiferencia gubernamental y la ignorancia de los funcionarios del sector: En efecto, esos casos se resolvieron, pero el comercio desleal sobre el que versaban databa de 2011. Y en el mismo periodo, Estados Unidos y Canadá resolvieron más de 100 casos cada cual, por ejemplo.
La ignorancia fue a más. El subsecretario Rogelio Garza Garza declaró días después en una entrevista que México producía cada año 70 millones de toneladas de acero, luego se retractó y dijo que producía 70 mil millones y que a nivel global hay una “sobrecapacidad” de acero de entre 250 mil millones y 300 mil millones de toneladas.
El absurdo fue evidenciado por el columnista Alberto Barranco el 15 de junio: En realidad, México produce 20 millones de toneladas al año, y China, 800 millones de toneladas, pero sólo emplea la mitad en su mercado interno, por lo que el resto se comercializa internacionalmente. Fue por esa sobreoferta que la industria mundial entró en crisis.
APERTURA A LA MEXICANA
Un término anglosajón se ha vuelto común entre los industriales acereros, pero no en el Gobierno mexicano: dumping, vocablo que designa la competencia desleal, por ejemplo, al vender en el extranjero un producto a un precio menor del que tiene en el país de origen o, inclusive, cuando el precio es inferior al costo de producción.
Esto está pasando. A principios de mayo, durante la reunión del Comité del Acero de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), en París, Risaburo Nezu, quien preside dicho comité, expuso en la declaración final que se trataba de un desafío estructural que debía abordarse con urgencia.
En ese sentido, el pasado 16 de junio, ocho asociaciones de la industria siderúrgica de Estados Unidos, Canadá, México, América Latina y Europa emitieron un comunicado conjunto en el que llamaban a emprender acciones inmediatas y efectivas:
“Reafirmamos nuestro llamado a cada Gobierno nacional a enfocarse en este tema en su país y realizar todos los esfuerzos necesarios en su diplomacia comercial y en sus regulaciones.”
Los precios que generaron la crisis son reveladores de dumping: Por ejemplo, la segunda semana de junio, el planchón de acero, que es la materia prima para los procesos de laminación, se ofertó entre 290 y 300 dólares por tonelada, mientras que el precio de la chatarra –que es la materia prima para fabricar el planchón– cuesta alrededor de 280 dólares la tonelada: casi una paridad inexplicable.
El bajo precio no conlleva ventaja alguna para el consumidor. Es decir, aun cuando el insumo sea barato, los automóviles, electrodomésticos o materiales para construcción siguen costando lo mismo, así que la ganancia es para los importadores e intermediarios.
Así, desde mediados de 2014 Estados Unidos instauró aranceles a diferentes productos de acero, y en los meses siguientes lo hicieron Brasil, Argentina y Colombia, imponiendo también impuestos, salvaguardas y otros mecanismos para evitar que entrara acero chino tan barato que destrozara su industria.
El Gobierno mexicano, por el contrario, se ha empecinado en mantener un arancel cero desde el 9 de febrero de 2010, cuando el entonces presidente, Felipe Calderón, emitió un decreto mediante el cual quitó el arancel. Desde entonces, la CANACERO y otros organismos vislumbraron lo que se avecinaba, e inclusive el Sindicato Nacional de la Industria Metal-Mecánica (SNIMM) consiguió una suspensión provisional en 2012, cuando esa eliminación tributaria estaba por entrar en vigor. Sin embargo, el amparo se sobreseyó en 2013, combatido por el Gobierno peñanietista.
“Nosotros vislumbrábamos lo que está ocurriendo. Desde 2013, los contratos colectivos no mejoraron y ya enfrentamos la pérdida de empleos. Ya no es amenaza, es la realidad de casi 7 mil empleos perdidos en los últimos meses por la falta de arancel y medidas para frenar las diferentes prácticas de competencia desleal”, afirma el dirigente del SNIMM, Tereso Medina Ramírez.
Su preocupación va a más. Según apunta, el medio millón de empleos directos del sector se hallan en riesgo. De ésos, 35 mil están en Coahuila, donde los despidos ya alcanzaron a 10% de la planta.
“No pedimos que les cierren la cortina a los productos chinos, sino que se haga igual que hacen 50 países, que tienen acuerdos comerciales regulados con aranceles de 2 a 7%. Pedimos piso parejo”, agrega.
Fuente: Proceso
Fuente: Proceso
