Magdalena Gómez | Opinión-La Jornada
La proximidad de las
elecciones está acelerando la tensión de los movimientos sociales frente
al Estado, especialmente en el caso de los que se han propuesto una
suerte de activismo negativo frente al proceso, sea el caso de los
anulistas o los abstencionistas conscientes de la medida como acción
política, porque en su gran mayoría quienes se abstienen lo hacen sin
articulación de agendas y en una suerte de masivas decisiones
individualizadas que expresan desinterés y sobre todo distancia, con
todo espacio de participación política, partidaria o no.
Pero estos escenarios no preocupan al Estado, pues está blindado con una legislación que no considera los índices de participación ciudadana para validar las elecciones. Legalidad sin legitimidad sí, pero se rigen por la máxima calderonista de
haiga sido como haiga sido. Lo que si está demandando acciones de concertación, como primera reacción desde la Secretaría de Gobernación, es la dimensión de boicot al proceso electoral, encabezado por algunos sectores populares y sobre todo por el movimiento magisterial agrupado en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la cual ha incrementado su fuerza a raíz de la oposición a la llamada reforma educativa cuya esencia tiene implicaciones laborales. El magisterio nacional, aun sin estar afiliado a la CNTE, se siente representado en esa postura, pues el SNTE asumió la continuidad de su lógica de colaboracionismo con el régimen.
Es en ese contexto que se ubica el muy sorpresivo anuncio de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente de la Secretaría de Educación Pública:
Con motivo de nuevos elementos a considerar en el proceso de evaluación para el ingreso, promoción y permanencia en educación básica y media superior, quedan suspendidas indefinidamente las fechas publicadas para su realización(boletín SEP 129, 29/5/15). Para la CNTE es un desafío, pues si bien su demanda central es la abrogación de la reforma y su pliego petitorio es más amplio, no carece de interés que por lo pronto se aplacen las evaluaciones que estaban calendarizadas en fechas muy próximas. Por lo pronto han declarado que sigue en pie su plan de acción en torno al proceso electoral y han advertido que suspensión indefinida no es lo mismo que suspensión definitiva.
La medida anunciada mediante un boletín propició la reacción airada de la organización Mexicanos Primero, apoyada por la Unión Nacional de Padres de Familia, que deploró que se responda a las presiones de un
sector violento, nuevo calificativo a la campaña de denostación al magisterio democrático. Por otra parte, se observan señales de cismas dentro del gabinete peñanietista, si a Emilio Chuayffet le había correspondido el guión de reiterar que la reforma educativa avanzaría a toda costa, hoy no da la cara y manda un escueto boletín con una medida que le desautoriza el discurso, mientras que a Miguel Ángel Osorio Chong con su subsecretario Luis Enrique Miranda, han realizado la concertación política con la CNTE y les corresponde en estos días garantizar la realización del proceso electoral. Sin duda tal medida se ordenó en Los Pinos.
Por ello la también airada reacción del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) frente a la SEP da cuenta de que no fueron previamente consultados ni informados. Su alegato jurídico carece de sustento político. ¿Consideran que su autonomía alcanza para prevalecer sobre la razón de Estado que subyace en la decisión? ¿Se irán a tribunales junto a Mexicanos Primero por la afectación a sus facultades? Cruda lección
interinstitucional. Sin embargo, si al INEE le sirve de consuelo, aún existe la posibilidad de que pese a la manzana anunciada, la rechace la CNTE, por considerarla previsiblemente envenenada, y desmovilizadora, como ha insinuado. En ese caso se entraría en el escenario de riesgos donde el Estado patee la mesa, como ha hecho tantas veces, y recurra a otros métodos menos persuasivos y se presente con uniforme verde olivo para garantizar las elecciones.
Colocando la pelota en la cancha de los partidos políticos para justificar o rechazar medidas de fuerza en nombre del
interés superior electoraly también en el movimiento social que acompaña la decisión del boicot, localizado principalmente en Guerrero, Oaxaca y parte de Michoacán. Para estas horas ya conoceremos el rumbo de la negociación de la CNTE en Gobernación; no olvidemos que esta organización tiene experiencia, más de tres décadas enfrentando a la dupla monopólica SNTE-Estado, no sin tropiezos, no sin contradicciones internas. No conocemos las valoraciones que les guiarán, sólo confiamos en que sabrán medir hasta dónde llevarán su desafío, o bien definir lo que es necesario preservar, en un proceso al que aún faltan muchas batallas. El 7 de junio próximo la sociedad emitirá un mensaje, con y sin voto, y será necesario interpretarlo.
