La Jornada - El Correo Ilustrado
El oscuro burócrata Luis
Enrique Miranda Nava, subsecretario de Gobernación, cumplió su amenaza
hacia los jornaleros de San Quintín y mandó policías que, con furor
canino, los reprimieron, resultando 70 lesionados, algunos con lesiones
graves que ponen en peligro la vida y 17 encarcelados ilegalmente.
Los jornaleros están reclamando desde hace dos meses un salario
digno, que es un derecho reconocido y garantizado en la Carta Magna, por
lo que los patrones y el gobierno deben cumplir simple y llanamente
este mandato constitucional.
Quienes deben ir a prisión son Miranda Nava y los policías
represores, por amenazas cumplidas, por lesiones graves, por daños y por
violación grave a los derechos humanos de los jornaleros y sus
familias. Y los patrones explotadores también deben responder por los
delitos que están cometiendo en perjuicio de los jornaleros de San
Quintin.
Abogados litigantes: Bárbara Zamora, Santos García, Manuel
Fuentes, Samuel Porras, Bernardino Hernández, Humberto Oseguera, Domingo
Mojica