Los trabajadores agrícolas del Valle de San Quintín han iniciado un movimiento obrero que ha puesto contra las cuerdas al establishment político empresarial de Baja California, al tiempo que se ha convertido en una suculenta arma electoral para las aspiraciones partidistas en el estado. Después de dos meses de negociaciones, la noche del 13 de mayo los jornaleros indígenas alcanzaron los primeros acuerdos y el reconocimiento de su organización como un sindicato formal, aunque aún no obtienen la aprobación del aumento salarial que supone su principal exigencia.
El zafarrancho, al más puro estilo revolucionario, se produjo luego de una tensa jornada en la que cientos de jornaleros del Valle de San Quintín recibieron las noticias del subsecretario del gobierno bajacaliforniano, Pablo Alejo López, que habían esperado pacientes durante quince largos días. Con un discurso vacuo y condescendiente, el funcionario estatal —que fungió como presidente municipal entre 2008 y 2010 por el Partido Acción Nacional— informó que no habían novedades en las negociaciones que la patronal agrícola, el gobierno y los jornaleros mantienen desde el 17 de marzo para la mejora del salario y condiciones laborales del campesinado. Los ánimos de los presentes se incendiaron. “Están intentando alargar las negociaciones para que nos cansemos y desistamos”, decía, enojado, uno de los trabajadores presentes.
En un primer momento, la indignación y el hartazgo se tradujeron en abucheos e insultos al subsecretario López, lanzados, incluso, por megáfono. Éste tuvo que abandonar el lugar, escoltado y a la carrera, ante el miedo a ser linchado. Momentos después, un tumulto de gente —entre los que se encontraban foráneos llegados a la concentración— comenzó a bloquear agresivamente la carretera transpeninsular, lapidando un carro que intentó superar las barricadas. Pese a que los mismos voceros de la Alianza de Organizaciones trataban, sin éxito, de llamar al orden, finalmente fue la policía estatal la que entró en escena para imponerlo a la fuerza. Fidel Sánchez, uno de los cinco representantes de la organización, aclaraba que “entre los que comenzaron el bloqueo había gente enviada por Eligio Valencia Roque, líder de la CTM, para incitar a la violencia”.
El resultado de estos enfrentamientos, además de una cincuentena de heridos, fue la detención de siete personas, entre ellas, tres manifestantes a los que se les impuso una fianza de 7 millones de pesos, acusados de delitos de daño a bienes del Estado (las dos pick up y el blindado tiburón quemados durante el fin de semana). Ese clímax de tensión y violencia constituyó la antesala para forjar los acuerdos alcanzados la noche del 13 de mayo. Éstos se concretaron tras una reunión de más de catorce horas celebrada en Ensenada entre los voceros de la Alianza de Organizaciones y representantes del gobierno, entre los que se encontraba Rafael Avante Juárez, subsecretario del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Los representantes de los jornaleros abandonaron las oficinas de la Administración Portuaria Integral cansados y con gesto apesadumbrado por la imposibilidad de lograr la aprobación de su principal exigencia: el aumento salarial. Mas retornaron a San Quintín con la certeza de que siete de sus detenidos serán liberados, lo mismo que otros 14 que permanecían en el Cereso de la ciudad desde los altercados del 17 de marzo. Consiguieron, además, ser reconocidos formalmente como sindicato y concretar una campaña de afiliación y credencialización de todos los trabajadores al IMSS, entre otros puntos.
UNA FORMA DE ESCLAVITUD MODERNA
El Valle de San Quintín se extiende unos 130 kilómetros en el sur del estado de Baja California, dos horas al sur de Ensenada. Se trata de una zona de hermosos cultivos y colinas llenas de invernaderos atravesada por la carretera transpeninsular. Pese a la aridez del lugar, goza de un clima suave gracias a la brisa constante del océano Pacífico. Más de 90 mil personas viven de forma permanente en diversos asentamientos rurales del valle, los más poblados son Camalú, Vicente Guerrero, Lázaro Cárdenas y la propia San Quintín. Todos se erigen entre campos y ranchos de la industria agrícola que sustenta la región.
Según el Inegi, al menos el 80 por ciento de los habitantes son jornaleros originarios del sur de México y el 15 por ciento de ellos habla alguna lengua indígena como el triqui, el mixteco, el náhuatl o el zapoteco. Estas comunidades migrantes han construido casas y barrios enteros, a los que han bautizado con los nombres de sus lugares de origen: la colonia Triqui también es conocida como San Juan Copala en honor a la región oaxaqueña oriunda de sus habitantes.
Muchos de los habitantes que se han asentado en el lugar fueron “enganchados”, mediante engaños, junto con sus familias, en estados del sur de la república mexicana como Oaxaca, Guerrero y Puebla. Al llegar al norte, se percataron de que su salario apenas había aumentado en 10 por ciento con respecto a lo que ganaban en su tierra natal. Muchos terminaron viviendo hacinados en los campamentos que algunos ranchos ofrecen de forma gratuita a cambio de su fuerza de trabajo. Algunos de estos galerones, de entre 50 o 200 cuartos, carecen de luz eléctrica y agua potable, y en cada una de las habitaciones pueden llegar a vivir 12 personas. Además, los vecinos sólo pueden entrar y salir del recinto —en ocasiones resguardado por hombres armados— dentro de un horario determinado, viéndose obligados a comprar en las tiendas de raya que aún existen en varios de ellos.
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Aunque las páginas de las empresas estadunidenses que importan los productos cosechados de sus ranchos asociados en México indican que a los trabajadores se les paga 10 dólares por hora, que la jornada es de ocho horas y que cada uno de ellos tiene las debidas prestaciones de ley, la realidad es que, en su mayoría, los jornaleros reciben entre uno y dos salarios mínimos (entre 70 y 150 pesos diarios). Además, desempeñan su labor con una total falta de beneficios regulados legalmente como vacaciones, seguro de desempleo, cobertura sanitaria o baja por maternidad. Sólo en determinadas campañas, como la que en estos momentos se cosecha (la fresa, que dura unos tres meses al año), un trabajador joven puede ganar 500 pesos diarios en jornadas de hasta catorce horas. La región es líder en producción de fresa del país, con unas 66 toneladas por hectárea.
El Valle de San Quintín cuenta con el 30.5 por ciento de la marginación total de Ensenada, el municipio más extenso de México. Ésto implica un alto grado de exclusión social, estructural, geográfica e institucional, en donde existen cuarenta y siete áreas geoestadísticas básicas (Ageb) en las que está dividido el municipio como zonas de atención prioritaria (ZAP). No es difícil entender por qué en 2012 se llevó a cabo una consulta ciudadana en la cual se propuso la municipalización de San Quintín como entidad independiente de Ensenada, tratando de crear con ello el sexto municipio de Baja California.
A todo este contexto, hay que sumar las experiencias de abusos, amenazas, incumplimiento de contratos e incluso violaciones a niñas y mujeres relatadas por los propios jornaleros. Si las condiciones de trabajo en el campo ya son difíciles de soportar en sí (más aún sin equipación adecuada que proteja a los trabajadores de agentes químicos, accidentes o lesiones), el maltrato al que los mayordomos —supervisores de los campos de cultivo— someten a los trabajadores y la falta de instituciones que velen por sus derechos convierten a la industria agrícola sanquintinense en una forma de esclavitud moderna.
TRABAJO INFANTIL PARA EL CONSUMIDOR ESTADUNIDENSE
Poco se ha dicho de la cantidad de menores que participaron tanto en el paro laboral iniciado el 17 de marzo como en los sucesivos acontecimientos que han marcado el recién nacido movimiento jornalero. En Baja California, cuya propaganda gubernamental presenta como un moderno y tecnificado estado a diferencia del resto del país, también encontramos casos de trabajo infantil. Y no sólo en el valle de San Quintín, también en el de Mexicali, como pudieron certificar las investigaciones —financiadas por la Unicef— de la maestra Gema López y la psicóloga Liliana Plumeda.
Los resultados de este trabajo, presentados hace más de una década, tuvieron tal repercusión que forzaron la prohibición de entrada de menores al campo bajo la supervisión de observadores internacionales. Sin embargo, “los patrones comenzaron a dejar laborar a niños de 10 o 12 años en adelante, con una estatura similar a la de los adultos que pudiera hacerles pasar inadvertidos, con lo que el problema persistió”, explicó la propia Plumeda después de reunirse con la caravana de jornaleros encabezados por la Alianza de Organizaciones que visitó Mexicali a finales de marzo.
“Hay una falsa creencia de que el trabajo infantil es una cuestión cultural que los indígenas traen de sus lugares de origen, pero sólo hay que hablar con los mismos trabajadores para saber que los niños trabajan por hambre”, aclara la investigadora. En muchas ocasiones se contrata de manera formal únicamente al padre de familia, pese a que la familia entera esté trabajando en el campo en jornadas a destajo para completar un mejor salario. “El trabajo infantil aumenta el desempleo adulto y disminuye los salarios, lo que obliga a que los padres de familia continúen enviando a sus hijos a trabajar para compensar el mermado presupuesto familiar. Los menores obtienen la responsabilidad de sostener a sus padres enfermos, ancianos o desempleados”.
Según Plumeda, la explotación infantil en el campo se intensificó con la entrada en vigor del TLCAN. “Antes había más producción ejidal, pero al liberalizar la tierra de cultivo se abrió la puerta a la producción para exportación. Hay varios investigadores de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que mencionan que los índices de trabajo infantil han aumentado en los últimos años y que, además, se ha acentuado en lo que denominan ‘las peores formas de explotación’: la prostitución y el esclavismo”.
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El trabajo infantil en los campos de Baja California se da principalmente en las labores de recolección y amarre, desempeños que no requieren fuerza física. Pero esto no significa que el riesgo sea menor para los menores: la primera causa de mortalidad infantil en el Valle de San Quintín y el de Mexicali es la gastroenteritis, cuyos niveles tanto en menores como en adultos son similares a los de Guatemala o Haití, debido a la exposición a todo tipo de químicos a la que estos trabajadores están sujetos. Además, en el caso de los menores, el daño causado es mayor por encontrarse en fase de crecimiento, con órganos en pleno desarrollo que pueden padecer repercusiones fatales y permanentes. “La población campesina está constantemente expuesta a los tóxicos, ya que viven junto a los campos de cultivo que son constantemente fumigados y utilizan un agua contaminada de agroquímicos para el aseo personal y la limpieza de la casa”.
Las consecuencias que el trabajo infantil tiene para el desarrollo físico, psíquico y social de los menores son muy diversas. Además de la salud, cuyas secuelas son fruto del ejercicio de un trabajo repetitivo, intenso y monótono durante largas jornadas o derivadas de los numerosos peligros y contaminantes a los que están expuestos, también hay que tener en cuenta los efectos cognitivos y sociales. El analfabetismo, derivado del abandono de la escuela, impide a los menores formar su personalidad mediante el juego y la convivencia con otros niños.
La escuela de la que se ven privados es la que les proporciona habilidades de pensamiento que les forma como individuos autónomos y críticos. Además, el trabajo del campo les deja poco espacio para el tiempo libre y el ocio, que en la niñez y la adolescencia forman parte importante para el desarrollo del juego, el deporte y otras actividades sociales que permiten el desarrollo físico y mental. Esto propicia un precipitado proceso de maduración: pasan por la pubertad sin tener adolescencia debido a las responsabilidades adultas que adquieren, lo que impide que desarrollen el pensamiento abstracto y crítico, lo que dificulta que piensen con lucidez en planes futuros.
Plumeda recordaba que una de las niñas entrevistadas en su investigación constantemente le explicaba que “era jornalera y moriría siendo jornalera”.
Aunque algunos medios de comunicación han denominado Neoporfiriato a esta situación de explotación, algunas investigadoras, como Gema López Limón y Liliana Plumeda, alertaron desde la década de 1990 que el trabajo infantil en Baja California se presentaba como una consecuencia de la aplicación de programas de los organismos financieros de diversos países, especialmente del TLCAN y sus subsiguientes. Por lo tanto, no se trata de un residuo feudal como se ha querido presentar, sino que el sistema actual aprovecha estas formas de producción obsoletas para reducir el costo de la mano de obra, disminuir los salarios y ampliar el margen de ganancia.
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GÉNESIS DEL MOVIMIENTO JORNALERO
Inspirados en el sindicato de trabajadores estadunidense creado por César Chávez en 1965, la Asociación Nacional de Trabajadores del Campo (NFWA, por sus siglas en inglés), cinco habitantes de las colonias obreras de San Quintín comenzaron a unir a los jornaleros, en 2014, tratando de aplicar una metodología similar para exigir sus demandas: organización de base, huelgas, marchas y boicots comerciales. Así, en octubre de ese año, remitieron un pliego petitorio al gobierno de Baja California en el que exponían las condiciones de trabajo en las que se desarrolla la actividad agrícola en la entidad y una petición de aumento salarial para todos los trabajadores. Meses después, ante la desidia del Poder Ejecutivo, la Alianza de Organizaciones Nacionales Estatales y Municipales por la Justicia Social en el Valle de San Quintín se consolida como la defensora de entre 70 mil y 80 mil jornaleros, promoviendo un paro laboral el 17 de marzo que dio inicio al movimiento jornalero.
Desde entonces, los campamentos de protesta establecidos a lo largo de los 130 kilómetros de la carretera transpeninsular que atraviesa el Valle de San Quintín —aunque especialmente en los núcleos más poblados concentrados en los últimos 40 kilómetros— han sido el punto de reunión en el que se han celebrado las asambleas de jornaleros imprescindibles para el levantamiento del movimiento. Aquí, la mujer indígena ha supuesto un pilar fundamental tanto para el mantenimiento de las familias en huelga como para el movimiento obrero: casi sin recursos, las esposas de los jornaleros preparan tortillas de maíz, caldos y guisos de frijol y quelite para cientos de personas. Ataviadas con el característico huipil rojo de los triquis, se han convertido en el símbolo de los jornaleros de San Quintín.
Fidel Sánchez, Fermín Salazar, Justino Herrera, Bonifacio Martínez y Juan Hernández son los representantes de las comunidades indígenas de San Quintín, triquis y mixtecos mayoritariamente, y fungen como voceros al frente de la Alianza de Organizaciones con la que pretenden homologar la lucha que en su momento encabezaran Chávez y Dolores Huerta en Estados Unidos. Bajo la bandera de la justicia social, exigen al gobierno del estado que actúe para que los trabajadores obtengan mejores salarios y se mejoren las condiciones laborales con base en la legislación vigente. “No estamos pidiendo nada que no esté ya por escrito en la Constitución mexicana y en la ley que ya está escrita”, acostumbra a decir Sánchez en sus discursos. Sin embargo, más allá de la legítima lucha social, existen relaciones entre los representantes de esta organización y los partidos políticos en contienda electoral que pueden acabar por bloquear las posibles soluciones al conflicto.
La Alianza de Organizaciones se ha posicionado clara y rotundamente en desacuerdo con la actuación del sindicalismo oficial representado por la Confederación de Trabajadores de México (CTM), la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), y la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM). Ningún representante de estos sindicatos vinculados al PRI participaron en las negociaciones que se promovieron tras el inicio las primeras protestas y bloqueos en la carretera peninsular del 17 de marzo.
Después de largas jornadas de diálogo extendidas por más de dos semanas en el restaurante Misión Santa Isabel (al que el gobernador, Francisco Vega de Lamadrid, sólo acudió en una ocasión), los sindicatos charros mostraron su verdadera cara y pactaron unilateralmente la propuesta de la patronal agrícola de un aumento salarial del 15 por ciento. De esta forma, otorgaban la legitimidad que la alianza buscaba para encabezar la lucha de los jornaleros como un auténtico sindicato independiente en la práctica, situándose además en la vanguardia de la defensa de los derechos laborales tanto del proletariado agrícola sanquintinense, como de los trabajadores de todo el estado y los campesinos del resto de México.
Como su nombre indica, a la alianza comenzaron a sumarse diversas organizaciones para coadyuvar en la consagración de las demandas al gobierno y la patronal: salario mínimo estatal de 200 pesos diarios, inscripción al Instituto Mexicano del Seguro Social de todos los trabajadores del campo, prestaciones de ley, aumento del pago por caja de fresa recolectada de 10 a 20 pesos, respeto del día de descanso y medidas efectivas para acabar con el acoso a las mujeres por parte de los mayordomos.
Gracias a la difusión de los medios de comunicación, facilitado por la propia apertura de la comunidad indígena a los periodistas, el apoyo a los jornaleros de San Quintín brotó como la espuma y pronto comenzó a crecer desde multitud de sectores apartidistas de diferente signo. El activismo ha significado un importante respaldo para que la lucha se haya mantenido durante dos meses en medio de un contexto de precariedad social y económica que desde un principio dificultaba la articulación de un movimiento sindical de este tipo. Además de conseguir agrupar la solidaridad moral entre los trabajadores dentro y fuera del estado, resultó imprescindible el apoyo económico y el envío de víveres por parte de organizaciones nacionales, estatales y municipales tales como la CIOP, FIOP, la Asociación César Chávez, SME, NCT, MRE e incluso del padre Alejandro Solalinde y el EZLN.
Por lo tanto, hay que tener en cuenta que existe una importante variedad de grupos y colectivos de la sociedad civil, así como personas con intereses particulares, que han apoyado desde una posición externa a esta Alianza de Organizaciones. El activismo político, representado por el Frente Popular Revolucionario (FPR) —al que Fidel Sánchez está estrechamente vinculado—, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y el colectivo YoSoy132, han supuesto los principales grupos de soporte logístico y estratégico para la Alianza. Sin embargo, además del respaldo de estas organizaciones, la solidaridad manifiesta de Morena, PRI y PRD han puesto en evidencia una especie de pugna por ver quién de estos partidos políticos se hace con el mérito de haber apoyado a los jornaleros de San Quintín de cara a los próximos comicios electorales.
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Por encima de las hectáreas de cultivos, sobre los cerros separados de los barrios precarios del populacho, resaltan varias casas de lujo, algunas casi pequeños palacetes, con acabados de diseño, mármol y materiales de primera, alberca, jardín y juegos para niños, cristaleras, portón y enormes carros del año aparcados entre los muros o frente a ellas. Se trata de las residencias de los patrones, construidas tan cerca de los campos que parece que están ahí para recordar “quién manda”.
Ello también juega en contra de los propietarios. Los trabajadores están tan cerca que conocen muchos detalles de las vidas de estas familias. Saben quiénes entran y quiénes salen, qué construyen y qué compran. Por eso también circulan por todo el Valle algunas historias difíciles de corroborar, aunque totalmente creíbles por cuanto se conoce de la industria en la zona. “Felipe Calderón estuvo aquí, en el rancho Los Pinos, para cerrar su campaña electoral”, afirma un habitante de El Vergel, la pequeña colonia construida por estos empresarios para albergar a su mano de obra. “Peña Nieto también ha dormido en ese rancho”, asegura.
Además de las leyendas —verídicas o no— que circulan entre los trabajadores, existen evidencias que revelan una verdadera red político-empresarial que domina la industria de la zona. Por un lado, el exsecretario de Fomento Agropecuario del estado, Antonio Rodríguez, es dueño de Los Pinos, el rancho más grande de todo el valle. Manuel Valladolid, actual responsable de esta secretaría, es propietario de la empresa Agrícola Valladolid y Aragonés, y la familia del actual secretario de Finanzas del estado también es dueña de empresas instaladas en la zona.
El periodista Javier Cruz lleva trabajando sobre la industria agrícola de San Quintín y el fenómeno de la población indígena explotada por estas empresas desde 1981. Está apunto de publicar las tres partes faltantes de un trabajo de investigación que contempla un total de seis en el que revela los puntos más importantes del tema. “Desde que llegué al valle he visto que los jornaleros han intentado movilizarse varias veces en demanda de un salario justo, de una vivienda digna y de condiciones laborales apegadas a la Constitución, pero nunca había visto un movimiento tan sólido y unido, con una proyección tanto nacional como internacional tan grande, como el que ahora está en marcha”, opina con optimismo.
Cruz expone en sus investigaciones que las nuevas empresas que se han instalado en el Valle de San Quintín, en realidad, “son las mismas de siempre, de los mismos dueños, pero con distintos nombres y actividades”. Éstas utilizan artimañas legales que les permiten reducir el pago de impuestos y la obtención de financiamiento público.
“Las familias Valladolid y Rodríguez, las principales productoras de la región, han resultado beneficiadas gracias a su acercamiento con el poder político”, explica. En el caso de Manuel Valladolid Seamanduras, éste ha construido una buena carrera política en diferentes cargos mientras mantenía su negocio como productor agrícola. “Valladolid Rodríguez tiene una vieja amistad con el actual gobernador: de 1999 a 2001 fue coordinador general de gabinete en el gobierno municipal de Tijuana que presidió Francisco Vega”, apunta el periodista.
En 2003, Valladolid fue electo diputado federal suplente de Osuna Millán y hasta 2004 fue secretario de Finanzas del Comité Estatal del PAN en Baja California. Entonces, fue nombrado presidente del Consejo Agrario en el periodo 2004-2006 y Alfonso Rodríguez Hernández, hermano de Antonio (titular de Fomento Agropecuario en el gobierno de José Guadalupe Osuna Millán), fue secretario. En 2012, Valladolid regresó a la presidencia del Consejo Agrícola y, un año después, el gobernador Francisco Vega lo designó secretario de Fomento Agropecuario (SEFOA).
“Manuel Valladolid Seamanduras no tiene propiedades inscritas en el registro público de la propiedad ni figura como socio de empresas; sin embargo, existen partidas que informan de su participación en AgroIndustrias Vigor, S. A. de C. V. como administrador único, gerente general y apoderado legal”. Finalmente, fue electo diputado federal por el V distrito del estado (2006 a 2009), regresó a cargos públicos en 2010 como delegado del Instituto Nacional de Migración en Baja California, puesto que dejó en septiembre de 2013 para encabezar la secretaría estatal de Planeación y Finanzas, donde ha enfrentado escándalos por presuntas irregularidades en la concesión del canje de placas vehiculares.
Pero, además de esto, Cruz destaca que “Valladolid Seamanduras y Antonio Valladolid Rodríguez son primos”. Por otro lado, Fortino Heredia, cuya familia figura en la cúpula agroempresarial de San Quintín por ser dueña de Agrolibhere, S. A. de C. V. con mil 369 hectáreas en 25 propiedades inscritas hasta el año 2003, asumió la presidencia del Consejo Agrícola de Baja California en abril de 2014.
Movimiento jornalero: un hueso para la contienda del PRD
Existen nexos evidentes entre la gestación y evolución del movimiento jornalero con el Partido de la Revolución Democrática (PRD). La intervención tanto en las mesas de diálogo como en el soporte a los paros laborales de Dewayne Carlos Haffen López, excandidato perredista a la presidencia del municipio de Ensenada, hizo entrever que fue este partido quien definitivamente se iba a apuntar la victoria (efectiva o moral) de los jornaleros.
Haffen es un pequeño productor de San Quintín que desde el principio se sumó a las demandas de los jornaleros del Valle, lo que le ha llevado a enfrentarse directamente al Consejo Agrícola de Baja California. Pese a tener pocas hectáreas de explotación (especialmente si se comparan con las rancherías de sus competidores), ha sido el único empresario que ha reiterado su disposición de elevar a 200 pesos diarios el salario mínimo exigido por los trabajadores y el aumento del pago por caja de fresa a 20 pesos. Además, realizó algunas donaciones económicas al movimiento (15 mil pesos el 26 de marzo), y sirvió de enlace para que los representantes de la Alianza se entrevistaran con el diputado del PRD, Abraham Correa, y con Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno del Distrito Federal y posible candidato a la presidencia en 2019 por el mismo partido.
Fidel Sánchez, uno de los cinco voceros de la Alianza, también participó activamente en el PSUM y el PRD, poco antes de emigrar a Estados Unidos y formar parte en las acciones de la Unión César Chávez. Por lo tanto, existe un choque entre dos bloques representados por una élite empresarial e institucional, relacionada directamente con el panismo estatal y nacional, y un movimiento jornalero que está sirviendo de bandera al izquierdismo electoral propugnado por el PRD al que también se habrían sumado intereses priístas.
Cabe considerar que se ha abierto un frente único contra el PAN en el estado, ya que la Alianza de Organizaciones ha solicitado en numerosas ocasiones la salida de Francisco Vega de Lamadrid del gobierno. En cambio, los mismos voceros desestimaron asistir a la reciente visita de Enrique Peña Nieto a San Felipe, en pleno auge del movimiento, para mostrar su descontento a las reformas estructurales lanzadas en el actual sexenio, la permisividad de la municipalidad priísta ensenadense, en cuanto a la marginación social y explotación laboral de San Quintín, y las desapariciones de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Estos últimos han mostrado su hermanamiento en las demandas de los jornaleros e incluso uno de los supervivientes de los sucesos de Iguala visitó los campamentos de protesta del Valle.
Esto no significa que los voceros de la alianza hayan caído en la mordida de la política elitista o que hayan vendido su lucha en beneficio de los intereses de terceros. Puede que el PRD haga suya la lucha de los jornaleros de San Quintín, o que el movimiento sirva para que Haffen obtenga el respaldo electoral necesario para regresar a la candidatura por la municipalidad ensenadense. Pero los indígenas afirman que cuando inician una lucha “y algo se les mete en la cabeza”, van por ello hasta las últimas consecuencias. Por lo tanto, es más factible pensar que ha sido la propia Alianza de Organizaciones la que ha aprovechado la mano tendida desde el perredismo para alcanzar sus metas sin necesidad de vender la lucha por rédito electoral.
Por el contrario, en los campamentos de protesta y en las asambleas celebradas por la alianza se habló de la posibilidad de boicotear la elección del distrito 3 del municipio de Ensenada, ya que la Ley Electoral establece que si no se instalan el 20 por ciento de las casillas, la elección puede ser anulada. Esto, puede poner en riesgo el proceso de elección de Cabildo e inhibir el voto, si continúan la incertidumbre y el clima de violencia en la zona.
Donaciano Muñoz Loyola, presidente de la Junta Local Ejecutiva (INE), informó que el 25 por ciento de casillas abarcan la zona que se vio afectada durante el primer estallido de la comunidad jornalera del Valle de San Quintín. Cabe destacar que los candidatos a diputados del distrito tercero se han acercado poco al lugar durante estos casi dos meses y el descontento con los partidos políticos es un tema de conversación recurrente en los campamentos de protesta y los siete comedores comunitarios. Por el contrario, es inevitable escuchar diálogos en los que se habla con entusiasmo de la organización ciudadana, la municipalización y el caso de autogobierno en Cherán y de autosuficiencia alimentaria zapatista.
Fuente: Criterio Hidalgo con información de Newsweek en español
Fuente: Criterio Hidalgo con información de Newsweek en español
