La Jornada - Editorial
En semanas recientes la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)se ha referido con
cierta insistencia a los recortes al gasto previstos para 2016. Ayer la
dependencia afirmó que la reducción al presupuesto de este año (124 mil
millones de pesos al gasto programable) ha hecho posible reducir a la
mitad la disminución establecida para el entrante (135 mil millones de
pesos). Aunque enfatiza que la disminución de los ingresos
presupuestarios para 2015 será de
sólo2.1 por ciento en relación con el periodo en curso y una disminución de 3.5 por ciento en el gasto, ante la mala situación económica por la que atraviesa el país se incrementa, en el ánimo social, el temor a un desarreglo mayor al sugerido por las previsiones oficiales.
La fragmentación de Pemex en diversas entidades de participación
estatal mayoritaria, lejos de garantizar una administración eficiente y
transparente, dificulta la vigilancia pública de la que sigue siendo, a
pesar de todo, una de las principales fuentes de ingresos para el
erario.
Las cifras de inversión, producción, exportación e importación
de la industria petrolera son cruciales para determinar la composición
de los ingresos del gobierno y, sin embargo, en este ámbito impera una
confusión que pareciera deliberada. La opinión pública no tiene hasta
ahora información clara y precisa sobre el porcentaje de la renta
petrolera que perderá el Estado a consecuencia de la privatización
introducida por la reforma energética, y en ese contexto resulta difícil
ponderar el impacto real en las finanzas públicas de hechos como la
pérdida de 220 mil barriles de la producción diaria a consecuencia de la
explosión ocurrida el miércoles de la semana pasada en la plataforma
marítima Abkatún A-Permanente, ubicada frente a la península de Yucatán.
Por otra parte, aunque los recortes son presentados en forma
desglosada y clara a nivel general, hay un vacío de información sobre el
significado de tales recortes en dependencias y oficinas específicas, y
ello se presta a manejos discrecionales y arbitrarios en diversos
ámbitos de la administración pública.
La infortunada situación económica del país, así como la crisis
institucional en curso, deberían llevar a una meticulosa y completa
exposición de los impactos concretos que las medidas gubernamentales
tienen en todos los niveles. De otra manera, la incertidumbre, los
rumores y los temores terminarán por ahondar el descrédito institucional
y las dificultades que el país experimenta en el terreno de la
gobernabilidad.
