Jesusa Cervantes - Proceso
MÉXICO, D.F. (apro).- Las tres principales fuerzas de la Cámara de
Diputados, PRI, PAN y PRD, “sepultaron” la posibilidad de acusar
administrativa o penalmente por “conflicto de interés”, tráfico de
influencias” o “corrupción” al presidente de la República.
En su último borrador sobre el Sistema Nacional Anticorrupción que se discute entre los partidos mencionados, no se incluyó la propuesta del PRD respaldada por el PAN de poder acusar al titular del Ejecutivo federal por “conflicto de interés”.
Lo anterior implicaría, por ejemplo, que si un ciudadano interpone
una acusación contra Enrique Peña Nieto por el delito de “tráfico de
influencias”, “conflicto de interés” o “corrupción” derivado del proceso
de adquisición de la casa de Sierra Gorda 150, inmueble que facilitó el
proveedor gubernamental Armando Hinojosa Cantú a Angélica Rivera, no
procedería la queja.
En el artículo 108 de la Constitución se prevé acusar al Ejecutivo
por “traición al a patria” y “delitos graves del orden común”; en su
propuesta, el PRD también pidió que le acusara por “conflicto de
interés”, propuesta que en un primer momento respaldo el PAN.
Sin embargo, en el penúltimo documento ambos partidos dieron marcha
atrás y el PRD modificó su propuesta de “conflicto de interés” por el
delito de “corrupción”.
Finalmente, ninguna propuesta pasó el último filtro y el artículo
quedó inamovible. Se espera que así quede en el dictamen que este
miércoles 25 avalará el pleno de la Comisión de Puntos Constitucionales
Miguel Alonso Raya, coordinador del PRD, señaló que el conflicto de
interés “tiene que precisarse y definirse”. Decir “qué se entiende como
tal en el marco del dictamen”.
La vicepresidenta de la Cámara de Diputados e integrante del PRD,
pero de corriente política distinta a su coordinador, Aleida Alavez
Ruiz, cuestionó el dictamen, pues “se deja a la interpretación de los
órganos supervisores la definición de lo que es la corrupción”.
“La corrupción no se elimina por decreto”, acotó para demandar que se
defina el concepto de corrupción con el fin de que exista claridad al
momento de fincar responsabilidades y combatir conductas corruptas sin
dejar recovecos para la impunidad”.
En torno a los acuerdos últimos destaca el consenso para que las
“participaciones federales” que se entregan cada año a los gobiernos de
los estados sí puedan ser escudriñadas por la Auditoría Superior de la
Federación (ASF).
El tema resulta relevante, pues hasta ahora ninguno de los dos
auditores que ha tenido la ASF desde que se constituyó la instancia
fiscalizadora ha podido ingresar a las entrañas de las finanzas locales.
Por ejemplo, cuando José Murat fue gobernador de Oaxaca, el entonces
auditor federal Arturo González de Aragón detectó usos irregulares de
recursos federales, e intentó revisar las finanzas del estado, pero
Murat se amparó con el argumento de la autonomía presupuestal y de que
la ASF “no podía meter las manos” en el uso de las participaciones
federales.
Este martes PRI, PAN y PRD dieron marcha atrás a su negativa de
auditar las participaciones. El penúltimo documento establece que sí se
pueden “atraer” las cuentas locales para ser revisadas, pero de ello se
excluía las llamadas participaciones federales. Hoy han dado marcha
atrás y aceptan su revisión.
Un segundo acuerdo fue que la falta administrativa grave o el posible
delito cometido por funcionarios federales prescriba a los siete años,
mismos que empiezan a correr a partir de la denuncia.
El término de siete años fue para que las actuaciones de los servidores públicos rebasaran el periodo sexenal.
El tercer aspecto que aceptó el PRI, y que pudo haber sido a cambo de
sustraer al presidente dela República de una acusación por “conflicto
de interés”, “tráfico de influencias” o “corrupción”, fue que el
nombramiento de secretario de la Función Pública sea a propuesta del
Ejecutivo federal y ratificado por dos terceras partes del Senado.
Al hacer el anuncio sobre los acuerdos alcanzados, el coordinador del
PAN, Ricardo Anaya, destacó que el nuevo sistema no implica “borrón y
cuenta nueva, ¡bajo ninguna circunstancia! Quien haya cometido faltas en
el pasado sí será sancionado con este nuevo andamiaje. Hoy lo que
cambian son los órganos que sancionan, ya no van a ser los empleados de
los alcaldes, de los gobernadores, del presidente, ahora va a ser un
tribunal”.
En tanto, el coordinador priista Manlio Fabio Beltrones Rivera
reconoció “la imperiosa necesidad de tener un sistema nacional de
integridad o anticorrupción” que permita responder a la sociedad sobre
sus preocupaciones en torno a este tema.
El priista aceptó que trabajar sobre el tema “no ha sido sencillo”.
Beltrones dijo que se buscará sumar al resto de los partidos a los
acuerdos generales a los que se llegó para reformar 15 artículos de la
Constitución con el objetivo de conformar el sistema anticorrupción.
A través de su vicecoordinadora, Lilia Aguilar, el PT consideró una
“simulación” lo acordado por los tres partidos mayoritarios. En tanto
que Ricardo Monreal, coordinador de Morena, advirtió que no avalarán un
cambio, una simulación y menos aún una regresión en el sistema
anticorrupción.
