MÉXICO, D.F. (apro).- Por tratarse de violaciones graves a los
derechos humanos, el Instituto de Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos (IFAI) ordenó a la Procuraduría General de la
República (PGR) entregar la versión pública de la indagatoria sobre la
desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa y la muerte de tres más el
pasado 26 de septiembre.
La PGR, que preside Jesús Murillo Karam, señaló al requirente que
existen dos indagatorias por los delitos de secuestro, delincuencia
organizada y los diversos que pudiesen acreditarse pero se negó a
proporcionarle la información debido a que la averiguación previa está
en trámite.
Sin embargo, la comisionada ponente Areli Cano recordó que la PGR no
puede invocar el carácter de reservado cuando se trata violaciones
graves a los derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad.
Por su parte, el comisionado Joel Salas refirió que el pasado 27 de
enero la PGR dio su informe final en el que señala que en la
averiguación previa se investigaron delitos distintos a la desaparición
forzada y que aún está pendiente analizar todas las constancias para
verificar si es posible imputar este delito.
“De inmediato surgieron denuncias sobre la ausencia de pruebas
jurídicas y científicas contundentes, así como que de los padres de
familia no fueron informados de las conclusiones reportadas, tal como se
había comprometido” la PGR, apuntó el comisionado.
Por ello pidió que toda autoridad involucrada en el caso cumpla con
el principio de máxima publicidad y divulgue la información generada.
Salas expresó su confianza en que los legisladores protegerán los
avances de más de una década en materia de transparencia y evitarán
retrocesos o propuestas en la ley secundaria “que vayan en contra del
espíritu de la reforma constitucional”.
En su oportunidad, la comisionada Patricia Kurczyn recordó que el
caso Ayotzinapa ha lastimado a la sociedad mexicana y del mundo, por lo
que no puede pasar desapercibida una resolución tendiente a revisar este
grave problema de violación a los derechos humanos.
El comisionado Oscar Guerra insistió en que esta información debe
conocerse y que el acceso a ésta debe ser visto como un derecho humano.
Aclaró que el Ifai no pretende invadir ninguna otra competencia en ese
ámbito como podría ser el caso de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos (CNDH).
“Creo que no hay invasión de competencias, se habla de la posibilidad
de que la comisión en algún momento se viese presionada por este
Instituto si nosotros hiciéramos una calificación del acontecimiento en
que cayera como de violación grave de derechos humanos, creo que no es,
ni tiene que ser el caso”, afirmó.
En tanto, el comisionado Eugenio Monterrey defendió el hecho de que
la sociedad pueda observar, protegiendo los datos personales de
cualquier investigación, la procuración y la administración de la
justicia.
“Ese es el verdadero efecto de aplicar, por parte del organismo garante, esta excepción a la reserva”, explicó.
Tras presentar sus argumentos, los comisionados determinaron revocar
la respuesta de la PGR e instruirle a entregar al particular una versión
pública de la averiguación solicitada.
En dicha versión se deberán omitir los datos personales de los
presuntos responsables, las víctimas, sus familiares, testigos o
terceros relacionados con la indagatoria, así como los nombres de los
agentes del Ministerio Público y servidores públicos con funciones
operativas.
Los nombres que no podrán ser protegidos son los de aquellos
servidores públicos que presuntamente participaron en esos hechos y que
ya son públicos, además de que han sido puestos a disposición de la
autoridad jurisdiccional.
La resolución del IFAI se da a dos semanas de que el instituto
instruyó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a entregar
fotografías y registros tomados a los normalistas por el Ejército
mexicano la noche del 26 de septiembre de 2014, así como informes sobre
los hechos que llevaron a la desaparición de los estudiantes.
El plazo para que la Sedena proporcione dicha información vence el próximo viernes.
