La Jornada - Editorial
El Instituto Federal de
Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) ordenó ayer a la
Procuraduría General de la República (PGR) hacer públicas las pesquisas
en torno a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida
en Iguala el 26 de septiembre del año pasado.
una averiguación previa a la que sólo puede acceder el inculpado, el defensor y la víctima o su representante legal. Sin embargo, de acuerdo con el proyecto presentado por la comisionada Areli Cano Guadiana, el referido argumento no puede aplicarse en el caso de violaciones graves a los derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad, lo que tácitamente implica que, en la concepción del Ifai, los hechos referidos se inscriben en alguna o en ambas de estas dos categorías.
Debe señalarse que la transparencia de las pesquisas de la PGR
resulta necesaria e incluso indispensable, en la medida en que la
versión que esa dependencia ha manejado como la
verdad históricade los hechos ha sido objeto de diversos cuestionamientos por carecer de evidencia empírica que la sustente y ha sido impugnada por las familias de las víctimas, su entorno social de apoyo y diversos actores en el ámbito nacional e internacional.
La resolución del Ifai da cuenta de la improcedencia de la estrategia
jurídica empleada por la PGR en el caso referido, en la medida en que,
hasta ahora, esa dependencia se ha limitado a imputar a los inculpados
por los delitos de secuestro y homicidio, y ha mostrado una reticencia
inexplicable a usar el tipo penal que, de acuerdo con diversos
especialistas, es el adecuado: la desaparición forzada.
Debe recordarse que las violaciones graves a los derechos
humanos son, por definición, correlativas a acciones u omisiones del
Estado y que, en el caso concreto de Ayotzinapa, está documentada cuando
menos la participación de servidores públicos municipales en el
asesinato y sustracción de las víctimas. Sin embargo, en los casi cinco
meses transcurridos desde los hechos del 26 de septiembre, la
administración actual no ha desistido en su pretensión de abordar la
situación como si se tratara de un episodio más de la criminalidad. Así
lo demuestran, entre otros elementos, la declaración inicial del
presidente Enrique Peña Nieto de que su gobierno no intervendría en el
caso porque se trataba de
un asunto del ámbito local, es decir, perteneciente al fuero común, a pesar de que la abducción de 43 personas y el homicidio de otras seis difícilmente podría haber sido realizado por algo que no fuera delincuencia organizada y sería, por ende, un episodio correspondiente al fuero federal.
En un entorno nacional e internacional en que se ha señalado
profusamente la responsabilidad –por acción y por omisión– de instancias
públicas en la agresión contra los normalistas, resulta inevitable que
por primera vez un organismo como el Ifai asuma los hechos ocurridos en
Iguala como un crimen que trasciende la frontera de la delincuencia
común y se ubica en el ámbito de los delitos contra la humanidad. Cabe
esperar que el gobierno federal rectifique y acepte la gravedad del
asunto. De lo contrario, difícilmente se podrá llegar a un
esclarecimiento que resulte aceptable a la opinión pública y, lo más
importante, para las familias de las víctimas.