El mensaje presidencial del jueves 27, presentado como un plan para obtener paz y justicia en el país, fue descalificado y objeto de burlas por ser una colección de incumplidas promesas de campaña y viejas ideas desechadas por imprácticas. Pero su decálogo no es tan inocuo. En realidad encierra temas relativos a la gobernabilidad y a la seguridad que deberían preocupar. Un ejemplo es la desaparición de poderes en los municipios, iniciativa retomada por Peña Nieto para tener la facultad de suspender garantías y asumir el control de regiones con “perturbaciones graves de la paz pública”; es decir, podría establecer el estado de excepción en un ayuntamiento o un estado… o en varios.
Para cerrar su segundo año de gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto renovó –con un plan de 10 puntos para mejorar “la paz, la justicia y el desarrollo”– una serie de promesas de campaña incumplidas, comprometió acciones supuestamente ya implementadas y sobre todo anunció un extenso paquete de reformas que, cuando no son redundantes en la legislación existente, concentran más poder en su persona.
En torno al plan, el mandatario recurrió a una añeja fórmula de la retórica priista: la unidad nacional.
En medio de la crisis detonada por la muerte de seis personas y la desaparición de 43 estudiantes en Iguala, Guerrero, el pasado 26 de septiembre, así como por la investigación en torno a la casa de su esposa, inmueble relacionado con el contratista gubernamental Juan Armando Hinojosa Cantú, durante una semana creció la expectativa sobre el mensaje que daría Peña Nieto el jueves 27 en Palacio Nacional.
Al acto asistieron los representantes de los poderes Legislativo y Judicial, presidentes de los organismos autónomos, el gabinete legal y ampliado, la mayoría de los gobernadores, dirigentes partidistas, dirigentes empresariales y quienes han asumido la representación de la sociedad civil.
A diferencia de otras reuniones similares –a las cuales ha convocado en sus dos años de gobierno para anunciar reformas, programas y obras– esta vez no hubo ambiente festivo. Los convocados apenas interrumpieron una vez el discurso para ofrecerle un tibio aplauso.
En su mensaje Peña Nieto dio su explicación de lo ocurrido en Iguala el 26 y 27 de septiembre pasados, atribuyendo toda responsabilidad al orden municipal, por lo que llamó una combinación de condiciones inaceptables de debilidad institucional: “Un grupo criminal que controlaba el territorio de varios municipios, autoridades municipales que eran parte de la propia estructura de la organización delictiva, policías municipales que en realidad eran criminales a las órdenes de delincuentes”.
Ese preámbulo explicó la versión presidencial de lo ocurrido a los normalistas e hizo suyo el reclamo callejero: “Ayotzinapa somos todos”. Como padre de familia, el presidente se dijo afectado y como ciudadano se unió a los reclamos de justicia.
Extinción de ayuntamientos
Intervenir el orden de gobierno municipal es una pretensión del gobierno de Peña Nieto que, en lo tocante a seguridad, se ha expresado en la hasta ahora estancada reglamentación del artículo 29 constitucional, relativa a la suspensión y restricción de garantías.
La iniciativa de Peña Nieto para dicho reglamento-ley fue enviada al Congreso el 22 de octubre de 2013 y luego de varios meses de discusión y ampliación en las comisiones de Derechos Humanos, Gobernación, Justicia y Estudios Legislativos fue dictaminada en agosto pasado.
Al menos en lo que corresponde a la aplicación de las reformas energética y política, la consideración de suspender garantías y asumir el control de regiones con “perturbaciones graves de la paz pública” ha concentrado en el presidente el poder de establecer un estado de excepción en un área o región.
Esta tendencia de suspender garantías se registró en la reforma política, siguió con la reforma en telecomunicaciones y en las leyes secundarias de la reforma energética, que bajo el supuesto de “perturbación grave de la paz pública” faculta al Ejecutivo a limitar los derechos ciudadanos sin contrapeso de los otros poderes, y puede emplearlo incluso para proteger inversiones energéticas (Proceso 1970).
Con ese marco legal el Poder Ejecutivo amplió sus facultades para asumir la seguridad de cualquier zona. La novedad ahora es que pretendería tomar también el control de los servicios y la extinción de ayuntamientos si son infiltrados, según lo dicho por Peña Nieto en su mensaje del jueves 27.
En el artículo 115 constitucional, en su fracción I, la facultad de desaparecer o suspender ayuntamientos o revocar el mandato a uno de sus miembros por causas graves previstas en las leyes es de las legislaturas locales.
Peña Nieto dijo en su mensaje que, antes de la llamada “Ley contra la Infiltración del Crimen Organizado en las Autoridades Municipales”, enviará una iniciativa de reforma constitucional que facultará al Congreso de la Unión para aprobar la iniciativa mencionada.
Nuevo ciclo reformador
La presentación del plan presidencial de 10 puntos al menos incluye 15 procesos legislativos para la creación o reforma de leyes que van desde la materia penal a las materias fiscal, administrativa, laboral, mercantil y familiar.
Además de la mencionada Ley contra la Infiltración, Peña Nieto anunció nuevas reformas al Código Penal. El ordenamiento fue reformado apenas en 2008 y su implementación aun no concluye. Además planteó una nueva ley de policías únicas estatales.
El mandatario anunció un número indeterminado de reformas adicionales en lo que denominó “derecho a la justicia”. Pretende que se reformen también ordenamientos de materia familiar, mercantil, laboral y administrativa relacionados con la “justicia cotidiana”. Además, un paquete de leyes especializadas sobre tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial.
Entre las propuestas destacó la eliminación de policías municipales. Es una idea desechada desde los primeros años del calderonato; ahora, en su replanteamiento peñanietista, motivó la alerta de organizaciones como Causa Común, cuya dirigente María Elena Morera respondió de inmediato que primero debía trabajarse en la profesionalización de las policías y señaló que hay cuerpos municipales mejores que los estatales.
Otro planteamiento calderonista reeditado es el de cédulas de identidad para toda la población, aunque con diferencia en el formato, pues esta vez plantea emplear las bases de datos ya existentes como las credenciales de elector y los registros del IMSS.
El tema de las policías había sido abordado en el Pacto por México, fue uno de los asuntos que quedaron fuera del “periodo reformador” que Peña Nieto dio por terminado el 11 de agosto pasado, cuando dijo en cadena nacional: “Con la aprobación de la reforma energética culmina el trabajo legislativo del importante ciclo que iniciamos el segundo día de esta administración”.
El Compromiso 75 del Pacto por México planteaba una transformación en las funciones policiales, para que las policías municipales asumieran un papel exclusivo de proximidad de barrio, al mismo tiempo que integraría un sistema de policías estatales coordinadas. No se realizó.
Lo mismo ocurrió con el Compromiso 78, que pretendía crear un Código Penal. No se logró y se retoma ahora con la redefinición de responsabilidades sobre los delitos.
Lo que no cumplió
El 9 de enero de 2013 Peña Nieto promulgó la Ley General de Víctimas. El decreto contenía la previsión de integrar el reglamento correspondiente y publicarlo en un plazo no mayor a seis meses, esto es, que estuviera terminado y decretado en junio de 2013.
Durante el acto en Los Pinos el mandatario se comprometió, entre otras cosas, a integrar un fondo económico para la reparación del daño. No cumplió.
Aquella vez el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, representado por Javier Sicilia, advirtió que si los instrumentos para que la nueva ley fuera aterrizada no se creaban, como el Sistema Nacional de Víctimas (SNV), de nada serviría.
“Sin el (SNV), la Ley General de Víctimas será letra muerta, una buena intención en medio del infierno, un sueño devorado por la pesadilla que no hemos dejado de habitar.
“Un SNV que permita no sólo la justicia para los asesinados y los violentados en su dignidad, sino la vuelta a casa de los desaparecidos.”
A casi dos años del acto protocolario y de haber asumido el compromiso, Peña Nieto anunció el jueves 27 lo que no cumplió: el reglamento de la Ley; el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral y el Registro Nacional de Víctimas.
Hecho el anuncio, el viernes 28 finalmente se publicó en el Diario Oficial de la Federación el reglamento que ya prevé el fondo económico, aunque para ser integrado tiene hasta el último día de febrero próximo.
La omisión se actualiza en otro caso: la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Aunque aprobada en 2011, Peña Nieto apenas prometió un consejo consultivo para su aplicación, de acuerdo con lo expuesto el jueves 27.
El plan de 10 puntos de Peña Nieto fue recibido con desconfianza por Human Rights Watch (HRW), la organización internacional especializada en derechos humanos.
“Es difícil tomar con seriedad y otorgarle credibilidad a los anuncios de Peña en materia de derechos humanos debido a que buena parte de ellos trata sobre compromisos y planes que supuestamente ya estaban en curso”, expresó José Manuel Vivanco, director para la División de las Américas de HRW consultado por el corresponsal de Proceso en Washington, Jesús Esquivel, el jueves 27.
Vivanco puso como ejemplo que al comenzar su gestión, accediendo a un reclamo de la sociedad civil nacional e internacional, el gobierno asumió el compromiso de crear un mecanismo para la búsqueda de los miles de desaparecidos como una de las tareas principales de su administración, un planteamiento que ahora resurge.
Comentó que en julio pasado se realizó una reunión convocada por la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República con representantes de la sociedad civil para presentar avances en materia de políticas para promover la búsqueda de personas cuyo paradero se desconoce, y en agosto emitieron un comunicado sobre el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas No Localizadas.
“Hoy el presidente anuncia que se creará un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas No Localizadas y un Sistema Nacional de Información Genética. También ocurre la misma reiteración de propuestas acerca del compromiso de revisar la definición del delito de desaparición forzada en distintas normas penales”, apuntó.
Para Vivanco pareciera “que el gobierno no hace más que reeditar el mismo producto con un nuevo envoltorio” sin que se hayan mostrado resultados.
“La efectividad del gobierno para abordar la enorme y grave crisis de derechos humanos que enfrenta México está en su capacidad de mostrar resultados y no en los anuncios y promesas de lo que va a hacer y que en teoría ya debía haber hecho”, concluyó.
Corrupción y soluciones
En medio de las protestas y el impacto internacional detonado por los hechos de septiembre en Iguala, el escándalo conocido como la Casa Blanca se sumó a los cuestionamientos contra el gobierno de Peña Nieto, debido a que la propiedad ubicada en el costoso sector de las Lomas de Chapultepec estaba a nombre de una razón social propiedad del contratista gubernamental Juan Armando Hinojosa Cantú (Proceso 1984).
La realidad del país alcanzó al presidente Peña Nieto poco después de los días en que el “Mexican Moment” –como se dio en llamar el periodo de reformas estructurales–, así como los anuncios espectaculares –como el del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México– se convertían en el argumento para generar una percepción positiva del gobierno dentro y fuera del país.
Aun cuando tímidamente, el entonces presidente del PAN, Gustavo Madero, así como organizaciones ciudadanas reclamaron desde el 11 de agosto –cuando Peña Nieto dio por terminado el Pacto– que no se había avanzado en materia de combate a la corrupción, el presidente hizo oídos sordos.
Inclusive en la polémica sesión con varios comunicadores, convocados supuestamente por el Fondo de Cultura Económica el pasado 20 de agosto, minimizó el estancamiento en las reformas relacionadas con la materia y adujo que la corrupción era “un tema casi humano que ha estado en la historia de la humanidad”.
La omisión era mayor que el puro incumplimiento de los compromisos del Pacto por México, pues organizaciones ciudadanas como Fundar evidenciaron el tamaño del retroceso: No sólo se había incumplido la creación de una Comisión Nacional Anticorrupción, promesa de campaña reiterada en el periodo de transición, sino que con el pretexto de crearla, se habían debilitado las capacidades de auditoría y sanción de la Secretaría de la Función Pública (Proceso 1975).
Además el PRI maniobró en sus bancadas legislativas para entorpecer en 2013 las reformas en materia de transparencia y, en los hechos, el acceso a la información mínima de los sujetos obligados –entre ésta, lo relativo a contratos– se redujo por la tardía e incompleta alimentación del Portal de Obligaciones de Transparencia (Proceso 1917).
Entre las medidas anunciadas el jueves 27 está otra vez la de promover las reformas en materia de anticorrupción, avalar las reformas a la Ley de Transparencia y adicionalmente agilizar la aprobación de la iniciativa de reforma a la Ley de Obras Públicas y Servicios. Además, la creación de un nuevo portal de Transparencia para licitaciones y contratos de obra y servicios.
Lo más novedoso del anuncio de Peña Nieto tiene que ver con la creación de una línea de emergencia nacional 911, así como la implementación de zonas económicas en los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca a fin de promover su industrialización y generar condiciones de mejora económica con incentivos fiscales, algo que, sin embargo, por los términos empleados, resulta muy parecido al Compromiso 74 del Pacto por México, así como a los contenidos del Programa Progresa anunciado el 2 de septiembre.
Fuente: Proceso
Fuente: Proceso
