En el contexto de los
señalamientos públicos por la residencia de Las Lomas de Chapultepec,
cuya construcción contrató la esposa del presidente Enrique Peña Nieto,
éste anunció ayer que
en el ánimo de realmente ganar la confianza de la sociedadhará pública la totalidad de su declaración patrimonial, lo que presentó como una renuncia a su derecho a la confidencialidad. Por otro lado, ayer mismo Angélica Rivera de Peña presentó públicamente su versión de las circunstancias de propiedad de la llamada Casa Blanca y de sus otros inmuebles.
de observancia obligatoria para los servidores públicos federales–, el presidente y todos sus subordinados deben rendir cuentas transparentes y comprensibles a la sociedad, en caso de que ésta lo requiera. Por lo demás, al margen de la legislación correspondiente, en marzo de 2012, en Guadalajara, el entonces candidato Peña Nieto se comprometió ante notario a hacer públicas las declaraciones de bienes del titular del Ejecutivo y de los integrantes de su gabinete.
Los ordenamientos jurídicos referidos, al igual que la promesa del
propio Peña Nieto, tienen por fundamento la necesidad de contar con
mecanismos de fiscalización del desempeño de los empleados públicos, de
inhibir el enriquecimiento indebido en el ejercicio del poder y de
acotar la corrupción y el tráfico de influencias, a fin de robustecer
los principios de transparencia y rendición de cuentas, los cuales
constituyen un pilar fundamental para la credibilidad de las
autoridades. En esa lógica, es claro que las manifestaciones de bienes
no deben reducirse a meros listados de posesiones, sino a documentos que
permitan calcular con razonable precisión el valor monetario de los
patrimonios declarados, a fin de poder evaluar la evolución de las
fortunas personales de los servidores públicos, desde el principio hasta
el final de su gestión.
En esa perspectiva, el anuncio formulado ayer por el gobernante,
aunque tardío, resulta positivo. Pero cabe puntualizar que la decisión
presidencial no debe verse como resultado de un acto opcional y personal
de buena fe, sino como el cumplimiento de normas establecidas en forma
clara y precisa en la legislación.
Por otro lado, y más allá del episodio de la llamada Casa Blanca
de Las Lomas, ha de recordarse que la opacidad en el manejo de las
propiedades de altos funcionarios no ha sido exclusiva de la
administración actual, sino que constituye un vicio característico del
régimen político nacional que incluye a la casi totalidad de la clase
política: funcionarios, representantes populares, jueces y magistrados
han ocultado por décadas, y en forma sistemática, la extensión de sus
fortunas, con lo cual se ha generado un enorme margen para la
apropiación indebida de bienes públicos, la corrupción, la malversación y
el desvío de fondos e incluso el lavado de dinero. La de transparencia
es una de las leyes menos observadas en este país, en el que de por sí
las normas se cumplen poco o nada, y choca con los usos y costumbres de
una clase política que busca a toda costa mantener sus ingresos y su
patrimonio en el terreno de la opacidad ante los ciudadanos. Ello, sin
mencionar que la ley referida resulta insuficiente en la medida en que
únicamente obliga a declarar propiedades a los funcionarios federales,
pero omite cualquier obligación para gobernantes estatales y
municipales.
En este contexto, resulta positivo y saludable que el titular del
Ejecutivo dé un ejemplo de transparencia, rendición de cuentas y
acatamiento de las disposiciones legales en la materia, pues con ello
marcará una dirección al resto de los funcionarios públicos y a la clase
política en general.
Debe considerarse, por último, que en el caso de los servidores
públicos, los derechos a la intimidad y a la confidencialidad de su
información personal terminan donde empieza el derecho de la sociedad y
del Estado mismo a garantizar que las instituciones sean administradas
con probidad, no sólo para salvaguardar la integridad del patrimonio
colectivo, sino también para dar al aparato gubernamental la
credibilidad y la confianza a la que se refirió ayer el jefe del
Ejecutivo federal. Es claro que en el momento presente tales atributos
resultan fundamentales para conseguir la distensión política y social
que el país necesita con urgencia.