En entrevista al término del coloquio “Los retos de la inserción social”, aseguró: “Nos preocupa lo que es el uso diligente del derecho penal, que implica que las responsabilidades que les quieran fincar fueran acordes a la conducta que manejaban”.
Dicho término, explicó, significa “no criminalizar o no generar
responsabilidades mayores de las que corresponden a una conducta. Si el
mensaje es la no impunidad, adelante, que haya la detención, que haya el
debido proceso y que se deslinden las responsabilidades; pero el tipo
de delito que se les quiera fincar, que sea correspondiente con las
actuaciones que desplegaron”.
La funcionaria comentó su preocupación por las acusaciones de “motín”
o” delincuencia organizada”. Son delitos graves que automáticamente los
están haciendo ir hacia Veracruz y Nayarit”, dijo.
Gómez Gallardo recordó que la CDHDF abrió una queja de oficio para
que las personas interesadas puedan aportar lo que se llama “la
documentación ciudadana”.
Piden videos como prueba
En cuanto a las personas detenidas la tarde de ese mismo día en los
enfrentamientos alrededor del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México con la policía del DF, la presidenta del la CDHDF, Perla Gómez
Gallardo, dijo que personal de la dependencia observó sus condiciones de
ingreso al Ministerio Público.
En esas detenciones, afirmó, no hubo personas lesionadas “o alguna
situación irregular por parte de la detención o por parte del ingreso al
reclusorio”.
Además, confirmó que este lunes obtuvieron su derecho a fianza por
ser acusados de delitos no graves. Dijo que espera que tengan todas las
garantías procesales para que se deslinden las responsabilidades y se
garantice para el derecho a la libre manifestación.
La madrugada del domingo 23, cuatro de los detenidos por esos hechos,
tres hombres y una mujer, salieron de los reclusorios preventivos Norte
y Santa Martha, respectivamente, tras pagar una fianza de 50 mil pesos
que les fijó el juez para enfrentar su proceso en libertad.
Los estudiantes de la UNAM y la UACM fueron acusados de ataques a la
paz pública, ultrajes a la autoridad y la portación de objetos para
agredir, pero el juez consideró que no eran delitos graves. Los
familiares informaron que analizan la posibilidad de denunciar a la
Secretaría de Seguridad Pública local por abuso de autoridad.
Lo que pide la CDHDF, agregó la presidenta del organismo, es que la
autoridad dé a la defensa de los acusados los videos de los hechos para
deslindar la acusación. También solicitó no criminalizar el derecho a
defender derechos.
Las personas que ayudan a quienes tienen algún tipo de
responsabilidad, “están cumpliendo con su función y no tienen por qué
ser exhibidos por hacer su trabajo… En esta sociedad democrática, toda
persona tiene derecho a un debido proceso y a una defensa, y un defensor
no se convierte en un criminal o en un defensor de vándalos, porque eso
es un juicio previo que se tiene que llevar a instancias
correspondientes”, dijo Gómez Gallardo.
La presidenta de la CDHDF reiteró su rechazo a cualquier acto de
violencia y su petición de que las autoridades respeten los derechos
humanos.
“Le guste a quien le guste”: SSPDF
Sobre el enfrentamiento de manifestantes con policías en los
alrededores del AICM y el Zócalo el pasado jueves, el secretario de
Seguridad Pública del DF, Jesús Rodríguez Almeida, negó que los
uniformados se hayan excedido en el uso de la fuerza o que hubiera
abusos de autoridad.
Y justificó el uso de la fuerza para restablecer el orden público.
“Lo más importante a destacar es que no llegaron al Aeropuerto, no
obstaculizaron una instalación estratégica. No pudieron hacer explotar
la pipa que pretendían hacer explotar y restablecimos el orden público
en el Zócalo”.
El jefe de la policía fue más allá: “Yo felicito a mi personal por el
trabajo demostrado, el gran valor, gallardía, responsabilidad y sobre
todo, restablecieron el orden público, le guste a quien le guste”, dijo
luego de la clausura del Diplomado Internacional en Seguridad Pública y
Alta Dirección.
Rodríguez Almeida aseguró que no ha visto imágenes sobre detenciones
arbitrarias, con uso de la fuerza o abuso de autoridad de los policías.
Incluso, reviró al decir que “ya conocen quiénes son” las personas que
hacen estas acusaciones y les recordó que tienen la posibilidad de
denunciarlo si quieren.
Sobre las personas con los rostros cubiertos que participaron en los
zafarranchos, el titular de la SSP-DF dijo que tras encapsularlos, no
fueron detenidos ya que “en ese momento no estaban identificados
plenamente”.
Identificados, pero impunes
En la edición que circula esta, Proceso (1986)
publica un reportaje en el que difunde un reporte interno compartido por
los gobiernos federal y capitalino que identifica al menos a 10 grupos
de anarquistas que, a partir del 1 de septiembre de 2012, se han
enquistado en las movilizaciones y son los que provocan la violencia al
enfrentarse a los granaderos e incendian inmuebles de oficinas públicas,
comercios y vehículos.
El texto comenta que las provocaciones de los embozados inician
“contra los edificios de instituciones públicas y comercios; luego los
policías capitalinos y federales comienzan a detener lo mismo a
estudiantes –hombres y mujeres–, que a padres de familia, empleados,
activistas, reporteros, para liberarlos después por falta de pruebas”.
Agrega que “las movilizaciones de las últimas semanas en demanda de
la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa han estado
infiltradas también por algunos rijosos y por ataques indiscriminados de
los uniformados contra los jóvenes que se solidarizan con los
estudiantes desaparecidos desde la madrugada del 27 de septiembre en
Iguala. Las arbitrariedades abundan”.
