El cometido por Amado Yáñez Osuna es el mayor fraude bancario de la historia reciente. Sin embargo el dueño de Oceanografía, ya preso, había gozado de cierta impunidad pues la PGR hizo parecer como primer culpable a un socio del empresario. La trama fraudulenta, por otra parte, incluye a Banamex, institución que otorgó créditos sin “certeza jurídica” y a Pemex, supuesta afectada, la cual se guardó de ejercitar acciones contra la naviera mientras la misma estaba en oferta.
MÉXICO, DF (Apro).- El caso del fraude de Oceanografía volvió a dar un giro sorpresivo y contradictorio en menos de una semana. Después de que el empresario Miguel Alemán Magnani retirara su oferta para adquirir esa empresa naviera, la Procuraduría General de la República (PGR) giró orden de aprehensión contra el dueño de la misma, Amado Yáñez Osuna: Lo acusa de haber presentado 166 estimaciones falsas a Banamex para obtener créditos por más de 5 mil millones de pesos y también de tener adeudos fiscales con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Entre tanto, el viernes 24, en su reconocimiento de la lista final de 245 acreedores, el juez Felipe Consuelo Soto determinó que los cinco créditos de Banamex a Oceanografía no fueron acreditados "con certeza jurídica".
El juzgado tercero de Distrito en Materia Civil, encabezado por Consuelo, dio a conocer la lista definitiva de 245 acreedores de Oceanografía y desconoció 38, donde se incluyen los cinco créditos propuestos por Banamex al conciliador Juan Antonio de Anda Turati, porque "no se acredita la certeza del adeudo a cargo de la concursada" y porque "las citadas instituciones de crédito presentaron objeciones al crédito reconocido en la lista provisional y solicitaron reconocimiento de créditos por diversas cantidades".
La lista de Consuelo Soto puede ser aprobada o desaprobada por los 245 acreedores —Banamex entre ellos— en un plazo de nueve días. Hasta el viernes 24 formalmente Oceanografía tenía "cero deuda" con la institución bancaria, pero un cúmulo de otras con el IMSS, el SAT y 182 créditos de grado común con distintas empresas y otros bancos.
Fuentes jurídicas de Banamex y de Oceanografía consultadas por Proceso dan por sentado que apelarán esta sentencia en un plazo de nueve días y que el juicio de concurso mercantil puede durar hasta un año más, aunque ahora "la carga de la prueba la tiene la institución bancaria".
Si el juez no admite pruebas adicionales, la deuda a Banamex quedará en cero pesos y si Oceanografía presenta documentos adicionales para que les descuenten pagos por IVA e intereses, la institución bancaria puede acabar debiéndole a la naviera.
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| Amado Yáñez Osuna, accionista mayoritario de Oceanografía. Foto: Especial |
LA TRAMA BANAMEX-PEMEX
El vínculo entre el crédito de Banamex a Oceanografía y el papel de Petróleos Mexicanos (Pemex) queda claro en la sentencia de Consuelo Soto.
La resolución establece que el crédito 14.20 de Banamex por mil 550 millones de pesos (303.5 millones de udis) se originó "por concepto de cesiones de contratos que la comerciante (Oceanografía) celebró con Pemex, los cuales fueron cedidos a Banamex y en virtud de dicha operación la comerciante se obligó a cubrir los importes que Pemex no depositara por dichos contratos".
El conciliador De Anda Turati propuso reconocer este adeudo "en forma parcial" a lo solicitado por Banamex, "toda vez que el monto reclamado se debe disminuir a 192 millones de pesos de intereses por los cuales no se proporciona un adecuado soporte documental, así como 521.3 millones de pesos correspondientes a depósitos efectuados por Pemex no aplicados a la deuda que reclama el acreedor".
Sin embargo, el juez concluyó que después del estudio de las listas y anexos que se exhibieron en relación con éste y otros cuatro créditos de Banamex a Oceanografía "no crean convicción en la certeza de su existencia y monto que se propone reconocer en la lista definitiva; esto es, que sea un adeudo, que sea líquido y exigible".
"Si bien se exhibieron los documentos en los que se basaron los montos a proponer, no basta con probar que existe un nexo causal entre las citadas instituciones de crédito y la concursada, sino que también debe quedar plenamente acreditado el origen de la deuda, que sea real, líquida y exigible, pues los contratos a que se refiere el conciliador… no resultan pruebas fehacientes ni suficientes con las que se acrediten las deudas y las cantidades que propone sean reconocidas, pues era necesario establecer las razones por los que todos los documentos exhibidos por las citadas acreedoras, que permitan advertir de manera clara el origen del adeudo, su monto y que éste sea exigible y líquido, es decir, justificar las cantidades que propone reconocer", razonó el juez en su sentencia.
Fuentes de Banamex dan por sentado que apelarán esta sentencia, al igual que los abogados de Oceanografía, ya que éstos advierten que la institución bancaria debe reducir el pago de IVA e intereses que disminuirían sustancialmente el monto del adeudo que dio origen al caso.
"La carga de la prueba ahora corre a cargo de Banamex y no de Oceanografía. Banamex tendrá que apelar a la sentencia del juez Consuelo Soto", afirma a Proceso el equipo de la defensa de Yáñez en lo que toca a los adeudos mercantiles.
Otros acreedores desaparecieron de la lista definitiva.
Por ejemplo, en la lista provisional del 3 de septiembre, cuya copia obtuvo Proceso, apareció una deuda de cerca de 900 millones de pesos (177.5 millones de udis) con la empresa Shanghai Salvage Company/Shen Hua Shipping Co. Ltd, de origen chino, y con el número de crédito 14.154, por el arrendamiento de barcos. Ahora desapareció esta deuda, acreditada con documentación de Pemex.
CONTRADICCIONES Y DILACIONES
Yáñez fue detenido por la PGR y enviado a declarar ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación y Delincuencia Organizada (SEIDO) a partir de la acusación del IMSS por haber desviado recursos que le adeudaba a esta institución y por presunto lavado de dinero.
Yáñez ya había sido detenido el pasado 29 de mayo y acusado por un "fraude no grave", lo cual le permitió salir libre en junio tras pagar una fianza de 80 millones de pesos.
La nueva detención contra el accionista principal de Oceanografía contradice a la PGR, la cual ya había informado a la Comisión Investigadora de la Cámara de Senadores que el empresario había pagado sus adeudos con el IMSS y el Infonavit gracias a la venta del equipo de futbol Gallos Blancos de Querétaro, lo que en realidad no ocurrió.
Fuentes gubernamentales cercanas al caso indicaron que Yáñez finalmente no sólo cometió un "fraude entre privados", sino hubo un daño patrimonial contra el Estado, pues tanto él como directivos de Banamex cometieron delitos graves "al dañar bienes de gran jerarquía tutelados por el Estado", entre ellos "la estabilidad del sistema financiero mexicano".
Las nuevas revelaciones del caso señalan que Yáñez desvió recursos del préstamo de factoraje que le otorgaron Banamex y Banco del Bajío para el pago de bienes y servicios que no tenían nada que ver con su actividad como contratista de Pemex.
Tales son los casos del pago de 38 millones de pesos al exportero mexicano Jorge Campos Navarrete, el pago de 61.7 millones de pesos a TV Azteca, 7.9 millones de pesos al equipo Pumas de Morelos o 55 millones de pesos a AMRH International Soccer, según el oficio 110/F/A/267/2014 de la Unidad de Inteligencia Financiera de la PGR.
Las nuevas imputaciones contra Yáñez dicen que presentó 166 estimaciones falsas a Banamex para obtener créditos por 5 mil 312 millones de pesos, un fraude mayor al quebranto de Carlos Cabal Peniche, en los noventa, a través de Banca Unión.
Hasta el 24 de septiembre pasado, el procurador general Jesús Murillo Karam aclaró a la Cámara de Diputados que "los delitos graves no los cometió Amado Yáñez, sino su socio", el accionista minoritario Martín Díaz Álvarez, sobrino del ex secretario de Hacienda Francisco Gil Díaz.
"En el caso del socio Díaz Álvarez —quien planificó y envolvió otro tipo de acciones en razón de otras empresas mucho más delicadas, como la Caja Libertad— el delito es grave porque implica ya un daño posible a una mayor cantidad de gente y entra en otra fracción del mismo artículo", afirmó Murillo Karam durante su comparecencia.
Sin embargo el nuevo expediente —el 96/2014— acusa directamente a Yáñez de presentar ante Banamex las 166 estimaciones falsas y alteradas para obtener créditos, entre septiembre de 2013 y febrero de 2014, ya en la administración peñista.
La imputación penal se basó en una segunda opinión de delito emitida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, diferente a la que ya había elaborado el 29 de abril pasado la Dirección General de Delitos y Sanciones del organismo regulador y dirigida a Murillo Karam.
En aquella primera opinión, la CNBV concluyó que Amado Yáñez Osuna y otros directivos de Oceanografía "conocieron, consintieron, implementaron y/o ejecutaron la conducta dolosa encaminada a proporcionar datos falsos sobre la veracidad e idoneidad de las estimaciones de la obra y la relación de derechos de créditos por cobrar" a Banamex y consideraron que era un delito grave, de acuerdo al artículo 112, fracción I de la Ley de Instituciones de Crédito.
UNA EXTRAÑA DONACIÓN
En medio de estas contradicciones, a través de una solicitud de información a la PGR se descubrió que la empresa Shipping Group México SGM, una de las filiales creadas por Yáñez para diversificar el control sobre los buques de su flota, donó un Chevrolet Silverado blindado a la Oficialía Mayor de la dependencia.
Con datos obtenidos vía el Instituto Federal de Acceso a la Información, la donación se realizó el 15 de febrero de 2013 y el valor del vehículo es de un millón 156 mil pesos.
Shipping Group México es una de las dos filiales creadas por Yáñez y que fue demandada por el magnate naviero de Malasia Robert Kuok, propietario de la empresa PACC Offshore Service Holdings (POSH), la mayor proveedora de servicios marítimos petroleros de Asia.
Desde el 18 de marzo Kuok promovió dos demandas ante juzgados federales de la Ciudad de México para vender acciones que el dueño de Oceanografía le entregó como garantía prendaria, según nota publicada por el diario Reforma el 28 de abril de 2014.
POSH apareció, entre muchas otras compañías, en la lista definitiva de acreedores de Oceanografía.
