Editorial-La Jornada
La movilización
multitudinaria de organizaciones campesinas realizada ayer en esta
capital, que se suma a varias otras efectuadas en diversas entidades del
país contra las reformas secundarias en materia energética
recientemente aprobadas por el Senado, dejó ver el tamaño del
descontento que recorre el agro mexicano por la continuación, en el
actual gobierno, de una política económica antinacional, depredadora y
generadora de pobreza extrema masiva, que ahora se encarniza contra el
derecho de los campesinos sobre sus tierras.
Si bien es cierto que estas movilizaciones representan las primeras
muestras de rechazo masivo contra las leyes secundarias en materia
energética y rompen y contrastan con el panorama de abulia social que
había prevalecido durante los procesos de deliberación legislativa
correspondientes, no se puede dejar de lado que el escenario que se
estaría buscando prevenir con la realización del diálogo anunciado –la
alteración del derecho de pequeños propietarios, ejidatarios y comuneros
sobre sus tierras– ya ocurrió: en efecto, un componente central de las
modificaciones legales en materia energética aprobadas en el Senado y
que se discute en San Lázaro es mantener intacta la servidumbre legal
del territorio para producir y conducir electricidad, gas o petróleo,
con la salvedad de que en el dictamen final se sustituyó el término de
expropiaciónpor el eufemismo de
ocupación temporal.
Fuera de eso, las reformas en materia energética abren un amplio margen legal para el despojo de bienes y tierras de ejidatarios, pequeños propietarios y comunidades indígenas en las que pudieran encontrarse yacimientos petroleros, gas e instalaciones eléctricas. De esa forma, el campo nacional, castigado por décadas de abandono deliberado y por una apertura indiscriminada a las importaciones de productos básicos, está en riesgo de sufrir un nuevo retroceso histórico que aboliría en definitiva el pacto social emanado de la revolución agraria de principios del siglo pasado, de por sí severamente trastocado con las reformas al artículo 27 constitucional en 1992.
Ante la configuración actual de las instancias legislativas y frente a los equilibrios de poder real que prevalecen en el país, sería iluso suponer que estas movilizaciones puedan echar para atrás las reformas mencionadas o incluso evitar su profundización.
Es deseable, en cambio, que tales expresiones terminen por despertar la conciencia de otros sectores de la sociedad sobre las implicaciones de las enmiendas legales mencionadas, que pueden resumirse en un cambio, para mal, de las prioridades en la política territorial del país, favorable a los intereses privados que lucren con la industria energética nacional y perjudicial para las perspectivas de una vida digna y de un Estado respetuoso de los derechos de la población.