lunes, 28 de julio de 2014

La industria eólica trasnacional en Oaxaca sí deja… pobreza

Un ejemplo de que las inversiones extranjeras no necesariamente contribuyen a mejorar las condiciones de vida de los mexicanos es la situación de los campesinos oaxaqueños del Istmo de Tehuantepec, que han visto sus terrenos invadidos por instalaciones de energía eólica operadas por trasnacionales. Pronto se dieron cuenta de que los contratos eran desventajosos para ellos y demandaron su anulación en tribunales, pero también han tenido que afrontar actos de represión.
27 julio 2014 | Pedro Matías | Proceso
CACHIMBO, OAX.- Las 120 familias de esta isla son parte de las 48 mil que, según el censo de 2010, viven sin energía eléctrica en el estado, no obstante que a sólo ocho kilómetros de ahí funciona un aerogenerador de energía eléctrica que forma parte del corredor eólico del istmo, el más importante del continente.

El activista social y educador Sanjit Bunker Roy, fundador del Barefoot College de la India, visitó Cachimbo tras el paso devastador del huracán Bárbara e invitó a cuatro mujeres a capacitarse en su país para que ellas mismas instalen 120 paneles solares que donará la organización no gubernamental. Para ello, Norma Guerra, Rosa Elvia Hernández, María Aidé López y Olga Lilia Pimentel vivieron cinco meses en Tilonia, población del distrito indio de Rajastán.

“Nos da tristeza y enojo que mejor Bunker Roy venga ayudarnos y nos done celdas de 75 voltios para cada vivienda con su respectiva batería, 25 metros de cable y tres lámparas… y nuestro gobierno nos mantenga olvidadas”, dice Guerra.

En tanto, los 15 parques eólicos instalados en esta región del Istmo de Tehuantepec no han impulsado el desarrollo, ni siquiera alumbran comunidades; sólo han desatado discordias intercomunitarias, inseguridad y denuncias agrarias.

Juan Regalado Martínez, comunero de Unión Hidalgo, se queja de que con la consigna de “ya firmaron, ya se chingaron”, los representantes de las empresas eólicas pisotean los derechos de los pueblos originarios al violar tratados como el de la Organización Internacional del Trabajo al instalarse sin realizar una consulta previa, libre e informada.

Cita el caso de Desarrollos Eólicos Mexicanos (Demex, S.A. de C.V.), subsidiaria de la compañía española Renovable Energy, que incurrió en mentiras para obtener terrenos y ahora recurre a la intimidación con sicarios contra 28 comuneros que interpusieron una demanda agraria para anular los contratos que consideran desventajosos para ellos.

Señala que las empresas se aprovechan de que la población suele desconocer las leyes para hacerles firmar ese tipo de convenios. Demex, por ejemplo, recurrió a acciones indignantes para completar las hectáreas que requería su proyecto. Cuenta Regalado Martínez:

“A partir de 2008 las edecanes contratadas por Demex comenzaron a coquetear con los propietarios, en su mayoría mayores. Al pasar el año y ver que no se completaban las hectáreas necesarias, rifaron una camioneta Nissan y ofrecían de un boleto a un talonario a todos aquellos que todavía no habían firmado.

“En ese mismo año, hicieron la vela del aerogenerador (como una fiesta regional) y ahí ofrecieron 10 cartones de cerveza a los propietarios que no habían firmado y les dijeron que iban a ser invitados de honor de los españoles, que los iban a sentar a su lado; así fue como esta empresa logró completar las hectáreas requeridas para el parque eólico Piedra Larga.”

El comunero, que ha sufrido por lo menos tres atentados, indica que de 76 propietarios de tierras, 42 estaban inconformes, pero “poco a poco la empresa los ha ido convenciendo a través de la corrupción, del chantaje y la intimidación; actualmente son 28 los propietarios que tienen una demanda agraria contra esa empresa”.

La inconformidad surgió cuando los campesinos de Unión Hidalgo se enteraron de que, mientras los inversionistas les ofrecieron a ellos un peso por metro cuadrado, en La Venta pagaron a 10, en Ingenio 19.50 y en El Espinal 25 pesos por metro cuadrado de afectación.

Por cada aerogenerador ubicado en un terreno ofrecían 15 mil pesos al año, mientras que en La Venta fueron 19 mil pesos y en Ingenio y El Espinal 25 mil pesos.

Pero lo que más indignó es que las escrituras notariadas por la empresa fueron gravadas en el Registro Público de la Propiedad sin el consentimiento de los dueños, al incluir en el contrato un convenio modificatorio para poder adquirir préstamos con Nacional Financiera, el Banco Nacional de Comercio Exterior y el Banco Interamericano de Desarrollo.

El 23 de junio de 2011, los inconformes exigieron la revisión del contrato y eliminar las cláusulas leoninas. La respuesta fue: “Ya firmaron, ya se chingaron”. Y les dijeron que la empresa española “no es de la beneficencia pública”.

A seis años del arribo de la trasnacional, Regalado Martínez dice que “los beneficios para el pueblo son nulos; únicamente han dado cursos de pintura, piñata, tejido de la palma… además de patrocinar un equipo de futbol y otro de volibol, un grupo de danza folclórica… pero en sí un beneficio a la comunidad, cero”.

En cuanto a la fuente de trabajo que se creó durante la construcción de las fases I y II –ésta recién terminada–, aclara que “no generó gran cosa porque la mayoría de las personas no eran originarias de aquí; la mayoría eran golpeadores y sicarios de la empresa”.

Advierte que el proyecto eólico afectó el medio ambiente, la economía, la seguridad y estabilidad social de los habitantes de Unión Hidalgo porque viola especificaciones, normas oficiales y reglamentos.

Actualmente, dice el comunero, el expediente legal se encuentra radicado en el tribunal de Tuxtepec, donde no se ha realizado la primera audiencia por la ausencia de un representante de la Secretaría de la Reforma Agraria y de la Secretaría de Asuntos Indígenas, así como de los notarios públicos. Los demandantes esperan que se realice el próximo 11 de septiembre.

“La región del istmo se ha convertido en la principal generadora de energía eólica del país, pero no ha alumbrado ni siquiera un foco porque toda esta energía se vende a empresas nacionales e internacionales”, puntualiza.

Resistencia en Juchitán

Mariano López Gómez, integrante de la Asamblea Popular de Pueblo Juchiteco, coincide en que a casi una década de que empezaron a instalarse los parques eólicos “ningún foco en un hogar de esta región se ha encendido con nuestro viento”.

Recordó que con engaños sobre el calentamiento global y con la promesa de que iban a alumbrar las viviendas, los empresarios comenzaron a despojarlos de sus terrenos sin consultarlos para llevar a cabo esos megaproyectos.

“Nos están acorralando –denuncia–. Aunque ellos pusieron las reglas de que los parques deben estar a tres o cuatro kilómetros de las poblaciones, en Juchitán están a 800 metros de la ciudad. Y constantemente violan los derechos indígenas y el principio de territorialidad.”

Una de las grandes preocupaciones de los habitantes es que, en vez de pagar menos por la electricidad, las tarifas aumentaron, al grado que en algunas comunidades se prohibió la entrada de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y en otras se determinó no pagar porque los recibos llegan hasta por 7 mil pesos, cuando el consumo de las viviendas se reduce a cuatro focos, un radio, un televisor y si acaso un refrigerador.

López Gómez resalta que de alrededor de mil 300 aerogeneradores instalados en la región, algunos ya se quemaron y unos 360 están derramando aceite en terrenos de cultivo.

Por esa razón, agrega, también resistieron legalmente a la instalación de una planta de Gas Natural Fenosa y en 2008 recuperaron más de 200 hectáreas que se habían destinado a ese proyecto. Ahora la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco pretende hacer lo mismo con el territorio ocupado por la compañía eólica, por lo que interpuso demandas agrarias ante el juzgado federal a fin de anular el contrato.

Lamentablemente, dice, los funcionarios de la Secretaría General de Gobierno del estado y el juez sexto de distrito de Salina Cruz, Anastasio Ochoa Pacheco, favorecieron a las empresas trasnacionales.

A su vez, para dar la impresión de que cumplen un requisito, las empresas Gas Natural Fenosa, Mareña Renovable y Eólicas del Sur montaron una falsa consulta en El Espinal. Sin embargo, advierte, “no vamos a quedarnos con los brazos cruzados para que continúen violando derechos agrarios, indígenas y humanos”.

Y afirma que esa resistencia une a las comunidades de San Mateo del Mar, Santa María del Mar, San Dionisio del Mar y Álvaro Obregón.

El activista denuncia que hasta ahora la represión de las empresas ha provocado fallecimientos, dos ligados a Gas Fenosa, 25 amenazas de muerte contra ocho integrantes de la asamblea, lo mismo que un detenido al que le fabricaron el delito extorsión y a quien pretendían ejecutar.

El mito de la inversión extranjera

Consultadas por el reportero, las eurodipu­tadas Satu Hassi y Ska Keller también cuestionan los proyectos eólicos en el istmo por ventajosos y violatorios de derechos humanos, particularmente los de pueblos indígenas.­

Hassi compara: “En Europa nunca limitaron la actividad agrícola y, sobre todo, más de la mitad de megavatios son de propiedad de campesinos y no de grandes empresas”.

En Dinamarca y otros países de aquel continente la generación eólica de energía es una fuente de ingresos y no implica la pérdida de derechos, “no hay rejas, desniveles o torres que se estén cayendo, es decir, la torre no produce más energía si hay una reja”, ironizó, refiriéndose al aspecto intimidante de los aerogeneradores en el estado.

“Me pregunto si los gerentes de Europa están al tanto de lo que pasa aquí. Estamos discutiendo cuáles podrían ser las medidas o posibilidades de intervenir en este caso, de poner la alerta de esta situación, y creo que mucha gente que trabaja en las eólicas se quedaría muy sorprendida”, comenta Hassi.

Y la vicepresidenta de la Bancada de los Verdes en el Parlamento Europeo, Ska Keller, dice que las empresas eólicas traen inversión extranjera y el Estado mexicano considera que ésta siempre es buena y que necesita más, pero que este es un ejemplo de que no toda es benéfica para la gente: “No sé si para el gobierno, pero no para la gente”.

El pasado 21 de julio, el gobernador Gabino Cué; la secretaria federal de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, y el gerente de la División de Distribución Sureste de la CFE, Armando Reynoso Sánchez, firmaron un convenio para invertir 210 millones de pesos para electrificar los hogares de 17 mil 236 personas en pobreza, con 140 obras en 62 municipios.

Además, Cué informó que con el Programa de Electrificación de Viviendas Rurales Dispersas “hará posible la electrificación de más de 23 mil viviendas, diseminadas en localidades de muy alta marginación”.

Según él, “se trata de un programa que, gracias a la alta capacidad técnica y tecnológica de la CFE, nos permitirá reducir en 48% el rezago estatal en materia de electrificación doméstica, de aquí al ejercicio fiscal 2016”.

El mandatario explicó que esto se suma al Programa de Electrificación Fotovoltaica que el gobierno de Oaxaca inició en 2012 con el “acompañamiento generoso de Acciona Microenergía, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la empresa ILUMéxico”.

Lejos de este discurso, en San Francisco Ixhuatán, el presidente municipal José Luis Henestroza reconoce que las 120 familias de Chachimbo no sólo fueron golpeadas por el desastre natural, sino que también sufren asaltos de gente armada que llega por lancha para despojarlas de sus escasas pertenencias.

Por eso, ante los actuales temporales, el municipio adquirió un predio de dos hectáreas en tierra firme para construir 48 viviendas destinadas a los habitantes de Cachimbo. A decir de Henestroza, la plancha de cimiento costó 3 millones de pesos. A esto se suma la compra de otras tres hectáreas, que se dividirán en 585 lotes, también para la población de la isla.

Fuente: Proceso