Megaproyectos indignos en Tlaxcala

Miguel Concha | Opinión-La Jornada
Nada importa al mundo del dinero y del poder. Los megaproyectos impuestos siembran violencia, muerte y desesperanza a nuestras niñas y niños en los diversos rincones del país y del mundo. En el contexto del derecho internacional, sin embargo, el principio de prevención implica la realización de las debidas diligencias y el aseguramiento de condiciones que garanticen la vida digna de las personas. La prevención es anticipación.
Es decir, que tendríamos que adelantarnos a lo que puede suceder en determinado contexto, sobre todo cuando se conoce el riesgo que implican ciertas acciones u omisiones de empresas y gobiernos. Por ejemplo: los riesgos que implican las mineras, las termoeléctricas, los acueductos y demás megaproyectos son conocidos y documentados. Por eso mismo no deben permitirse, y mucho menos cuando se instalan junto a comunidades.

Ello no obstante, el principio de prevención es ignorado sistemáticamente por las corporaciones y el Estado que, sin importarles los costos sociales y ambientales, ejecutan planes y proyectos impelidos por la práctica de planes de desarrollo y políticas públicas extractivistas, de visión limitada, de corto plazo, y colocan por encima de todo interés común el crecimiento económico, poniendo así en riesgo la seguridad de sus pobladores y la vida de pueblos enteros. Donde por supuesto las niñas y niños se encuentran en grave situación de vulnerabilidad.

De acuerdo con el artículo 6 de la Convención sobre los Derechos del Niño, los estados tienen la obligación de reconocer el derecho intrínseco a la vida de niñas y niños y de garantizar su supervivencia y desarrollo digno. Del mismo modo, en los artículos 24 y 27 se obliga a los estados a garantizar el derecho de las y los niños al grado más alto de salud y a disfrutar de un nivel de vida digno y adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.

El gasoducto Morelos, parte del Proyecto Integral Morelos, constituye un ejemplo claro del nivel de arbitrariedad, negligencia, ilegalidad y servilismo gubernamental, que responde únicamente al capital transnacional y antepone la ejecución de proyectos altamente riesgosos para el interés superior de la niñez, en detrimento de la dignidad de los pueblos. El trazo del gasoducto afecta directamente, en efecto, a varias comunidades. Por ejemplo, en La Trinidad Tenexyecac, en Tlaxcala, el trazo pasa a 15 metros de la zona urbana. Incluso lo hace en medio de una calle habitada, a escasos 100 metros de la telesecundaria Emiliano Zapata y muy cerca de hornos con temperaturas mayores a los 800 grados centígrados, que la comunidad ocupa para alfarería, actividad económica principal en ese pueblo. En San Jorge Tezoquipan pasa por campos de cultivo de milpa, a 200 metros del jardín de niños Bicentenario, del CBTis 211, de la secundaria técnica 33 y del jardín de niños Benito Juárez. En este caso han violentado la decisión de los pueblos, quienes al conocer el proyecto y los riesgos que acarrea, han manifestado su total inconformidad y rechazo.

Las autoridades locales y federales ponen además en extremo riesgo a la infancia si ocurre alguna fuga o explosión, ya que el trazo no respeta las directrices de las mismas normas oficiales mexicanas, y por tanto vulnera de tajo los derechos de las infancias. Éste es un ejemplo sensible de cómo se menosprecia la vida, valorándola muy por debajo del enriquecimiento de unos cuantos. El megaproyecto del gasoducto Morelos, y en general el Proyecto Integral Morelos, ha revelado también que la producción de energía eléctrica se dirigirá a las industrias, no a las comunidades, a pesar de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha dicho engañosamente que con el proyecto disminuirá el precio de la energía eléctrica para uso doméstico. Además, se ha igualmente revelado que los beneficios serán irrisorios, pues la misma CFE ha promocionado el megaproyecto entre los pobladores de las comunidades afectadas afirmando que generará empleos. Lo que no ha dicho es que sólo se ofrecerán escasos 66 empleos y que serán temporales.

Este megaproyecto implica también violaciones a derechos fundamentales de las comunidades como a la alimentación, la salud, el medio ambiente y los culturales, ya que dañará cuerpos de agua importantes, campos de cultivo, sitios arqueológicos, y contaminará seriamente el medio ambiente. De presentarse esta trágica aunque anunciada situación, estaremos también ante el riesgo de explosiones de gasoductos, poniendo en riesgo por ejemplo el jardín de niños ABC, y con ello se multiplicarían aún más las violaciones a derechos humanos. Es preciso reconocer que muchas de las violaciones a los derechos humanos, así como el sistemático desprecio por la vida de la gente y sus culturas, tienen sus consecuencias más sensibles y más injustas sobre las infancias. Con estas acciones, que atentan frontalmente contra ellas, se manifiesta la actitud de un Estado que apuesta por la muerte y no por la vida.

El gobierno actual tiene la obligación de respetar, garantizar, promover y proteger los derechos humanos de todas y cada una de las personas en el territorio nacional, y por ello nada puede estar por encima de las mismas. Por tanto, un supuesto plan de desarrollo que considere menospreciar la vida y la dignidad de las personas, privilegiando la producción y el negocio de la energía, es a todas luces un desarrollo de muerte. Es tiempo de insistir que se requiere un Estado social de derecho que garantice la dignidad de las y los excluidos, incluyendo especialmente a niños y niñas. Mientras no exista un cambio de modelo y de políticas económicas, no existirá protección y garantía de los derechos humanos. Mientras se siga despreciando la vida y el medio ambiente y se siga encumbrando la acumulación del capital, no podrá pensarse en el respeto de la dignidad, y mucho menos lograr un buen vivir para todas las personas.

Fuente: La Jornada