El gobierno de Guerrero impulsa las hidroeléctricas a pesar de la oposición de las comunidades indígenas y campesinas que ven en estos proyectos a los verdugos de sus pueblos, culturas y tradiciones.
23 junio 2014 | Willy hernández | Desinformémonos.org
Guerrero. La destrucción de los movimientos sociales continúa, no existe apertura ni diálogo y los intereses perversos prevalecen en el estado. Tal parece que la consigna del gobernador de Guerrero es acabar a toda costa con las organizaciones, mantener una embestida contra todo el que se oponga a los intereses del gobierno y de las grandes trasnacionales.
En esta nueva embestida para imponer un proyecto que las comunidades han rechazado durante once años, se encuentra un ambiente de tensión social por los asesinatos y encarcelamientos de luchadores sociales, todo esto en el periodo del actual gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero.
El estado ha sido escenario de los asesinatos de Rocío Mesino dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), el lider de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (LARSEZ) Raymundo Velázquez; Arturo Hernández Cardona de la Unidad Popular de Iguala Guerrero; y el reciente asesinato de Luis Olivares Enrique, de la Organización Popular de Productores de la Costa Grande (OPPCG).
Los cuatros dirigentes asesinados impulsaron, en diferentes momentos, alianzas con organizaciones sociales, como el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa la Parota (CECOP) y los normalista de Ayotzinapa.
La situación de represión por parte de la administración que gobierna hoy a Guerrero, alerta a las comunidades organizadas; casos como los siete dirigentes que han sido asesinados; dos ecologistas que están desaparecidos y los integrantes de la Policía Comunitaria que continúan detenidos en penales fuera del estado, entre ellos, Nestora Salgado y Gonzalo Molina; son solo una parte de esto.
El pasado 17 de junio fue arrestado el líder del CECOP, Marco Antonio Suastegui Muñoz, quefue detenido por policías ministeriales afuera de su casa en el fraccionamiento Magallanes en la colonia Bora Bora. Según fuentes ministeriales, la detención se llevó a cabo por una orden de aprehensión en su contra por el delito de tentativa de homicidio. Suastegui Muñoz fue acusado de participar, junto con otros ocho opositores a la Presa la Parota, en una balacera y atentado en contra de Teodora Valeriano Marcos, Juana Bailón Dorantes, Deyanira Bailón Valeriano y Domingo Bailón en la comunidad de Parotillas el pasado cuatro de abril, cuando la policía comunitaria detuvo a cinco personas, acusadas de emboscarlos y después fueron entregadas a la policía ministerial. El pasado 19 de mayo fue detenido José Palma Tornez de la CECOP, por el delito de tentativa de homicidio y reclasificada a lesiones agravadas, pero fue puesto en libertad casi un mes después tras pagar una fianza de 146 mil pesos.
A las 10 de la mañana el vocero del CECOP ingresó al penal de Las Cruces y fue consignado al juzgado décimo penal donde en un principio presentaría su declaración preparatoria; allí llegó el abogado defensor del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tachinollan, Rogelio Téliz García, quien solicitó al titular de juzgado, la reclasificación del delito. Mientras que Téliz García esperaba a que el vocero del CECOP rindiera su declaración, poco después de las dos de la tarde, el abogado se enteró de que Suástegui Muñoz había sido trasladado del penal de Las Cruces al reclusorio de La Unión en el extremo de la costa grande en colindancias con Michoacán, sin su aviso y de forma clandestina.
Se solicitó una explicación en el juzgado, donde le fue entregado una hoja firmada por el director del penal de Las Cruces, Mario Alfredo Flores Tapia, con el número de oficio SPYPC/SSP/DGRS/CRRSA/1194/2014 donde le informaban al juez décimo Adolfo Vanmeeter Roque, del traslado de Suástegui Muñoz, a lo que le respondió que “por cuestiones de seguridad del recluido y por así haberlo determinado la superioridad, dicho interno fue trasladado al Centro de Readaptación Social (CERESO) de La Unión con la finalidad de proteger la integridad”, se leía en el documento.
Otras acusaciones
El abogado informó que Suástegui tiene otra orden de aprehensión en el juzgado quinto penal por el delito de despojo en contra de la gravillera Kimbar pero tiene un amparo. El 28 de enero el propietario de la gravillera Humberto Marín Molina, que extrae material pétreo en el río Papagayo, , denunció ante el Ministerio Público (MP) a Suástegui Muñoz por el bloqueo que realizó un día antes en la comunidad de La Concepción y que impidió el paso de sus vehículos a las instalaciones.
Otra se derivan de la averiguación previa TAB/FRZA/025/2013 iniciada por el área jurídica de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA) por la protesta en la comunidad de Salsipuedes, donde bloquearon el camino que lleva a las instalaciones de la planta de captación Papagayo II el 19 de septiembre del año pasado.
El trasladado a un penal
Antonio Suástegui, ingresó al penal de la cabecera municipal de La Unión, bajo un fuerte dispositivo de seguridad implementado por policías estatales; se le veía adolorido y esposado de pies y de manos. Poco después de las 6:20 de la tarde llegó a la cárcel un convoy de vehículos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, eran dos patrullas y una camioneta tipo van completamente cerrada, en ésta última se trasladó a Suástegui Muñoz desde el puerto de Acapulco.
Por la tarde fue trasladado al penal de La Unión, en la Costa Grande, sin el acompañamiento de algún abogado y sin que se le permitiera un abogado. El abogado Rogelio Téliz García, declaró que el traslado de Suástegui es ilegal y violatorio de sus derechos.
El martes 3 de junio los opositores tomaron las instalaciones de la CAPAMA para exigir la liberación de José Palma.
¿Y los acuerdo de Cacahuatepec?
Tras la llegada de Ángel Aguirre a la gubernatura del estado de Guerrero, que se alentaba como un cambio para el estado después del sexenio del zeferinato, los miembros del CECOP buscaron por medio de la intervención de la iglesia católica y su representante en Acapulco, el arzobispo Carlos Garfias Merlos, un acercamiento con el ejecutivo estatal para poder establecer una relación de paz entre las comunidades de Cacahuatepec.
En el diálogo los representantes del CECOP vieron una esperanza de la solución del conflicto, porque el gobernador se había comprometido a visitar al CECOP, en la comunidad de Agua Caliente, la comunidad más céntrica en todo el comunal.
El 7 de Mayo del 2011, la fecha programada para la reunión, el gobernador del estado visitó la comunidad de Agua Caliente, fue recibido por más de dos mil miembros del CECOP. En la reunión se le dio a conocer el sentir de las personas que rechazan la hidroeléctrica, además, en la reunión, se le entrego la sentencia dictada por el Tribunal Unitario Agrario (TUA), en la cual el CECOP demandó la nulidad de la última asamblea llevada a cabo en el sexenio del Zeferino Torreblanca, con fecha del 28 de Abril del 2010, también se le dio a conocer los llamados Acuerdos de Cacahuatepec.
Estos acuerdos están conformados por cinco puntos, los cuales se refieren a que el Gobernador debe respaldar las gestiones del CECOP ante el presidente de la república, a quien demanda la cancelación definitiva del proyecto hidroeléctrico La Parota.
La ratificación de la declaración pública de que se respete la resolución del TUA, que anula la Asamblea del 28 de Abril del 2010
El gobernador de Guerrero debe declarar, su compromiso expresado, públicamente de que no impulsara otra asamblea agraria contra la voluntad de los comuneros y ejidatarios.
El Gobierno del Estado se debe comprometer a no utilizar la fuerza pública en contra de ningún movimiento social, no criminalizarlos, ya sea campesino, indígena, estudiantil, magisterial, social o popular.
El CECOP se compromete a impulsar un dialogo fraterno en Cacahuatepec con el fin de reconstruir el tejido social destruido por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
La represión y criminalización por parte del gobierno del estado nos preocupa, pues no se ha cumplido y sobre todo no se ve interés alguno por respetarlo. Si calificamos el sexenio de Zeferino Torreblanca como represor, la administración actual ha dejado su huella y se ha convertido en una de las más represoras de los movimientos sociales
Las detenciones tiene relación con el plan Nuevo Guerrero, pues al mismo tiempo se anunció la construcción de una hidroeléctrica sobre la cuenca del rio Papagayo, sin referirse con el nombre a la presa La Parota.
LigasFocos rojos en conflicto por la presa La ParotaLas traiciones del gobierno en el caso de la presa La Parota
Fuente: Desinformémonos.org
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Fuente: Desinformémonos.org
