El Correo Ilustrado-La Jornada
Ya basta que los poderosos se enriquezcan con la sangre del minero, dijo Juan Amaya, abuelo de uno de los dos jóvenes muertos en un pocito de carbón el pasado 27 de marzo, en la cuenca carbonífera de Sabinas, Coahuila, donde tantos mineros han muerto, sin que haya autoridad capaz de frenar esa brutal explotación, debido a la necesidad de empleo que tienen los obreros de esa región y de todo el país.
Los pocitos de carbón están prohibidos, pero no hay autoridad que
haga respetar la ley y los derechos humanos. En cambio, los gobiernos inclinan
la cervical ante los empresarios que incumplen la Constitución, ya que el
artículo 123 obliga a los patrones a asumir los accidentes y enfermedades de
trabajo, lo mismo que tomar las medidas preventivas de seguridad e higiene, que
eviten los accidentes y enfermedades.
Un accidente es involuntario, pero cuando un patrón deja de cumplir las normas que causan la muerte obrera, no se trata de un accidente, sino de un homicidio industrial, y para que no se repita se debe castigar al culpable.
Pero van tres gobiernos federales que se niegan en Pasta de Conchos al rescate de los cadáveres, a conocer el origen y causas de la tragedia, a investigar a Germán Larrea, presunto responsable, que es el único que se opone al rescate y a que se sepa la verdad.
Atahualpa Yupanqui cantaba: Mi padre murió en la mina/ sin doctor ni protección./ ¡Color de sangre minera/ tiene el oro del patrón!
Por la ANAD: Karla Micheel, Ernestina Godoy, Jesús Campos Linas, Enrique Larios, José Luis Contreras, Estela Ríos, O. Alzaga y 21 firmas
Fuente: La Jornada
