Hasta el momento la aparente lucha emprendida por el gobierno de Enrique Peña Nieto contra las secuelas de la corrupción y los montajes panistas sólo ha quedado en un espectáculo mediático-político. Los Pinos desmantela las falacias de la Operación Limpieza, libera a Florence Cassez, encarcela a Elba Esther Gordillo, recaptura al Chapo Guzmán, mata –ahora sí– a Nazario Moreno e investiga el caso Oceanografía, pero no avanza más allá en sus pesquisas, mucho menos en sus acusaciones penales. Si se empleara a fondo, la PGR debería estar apuntando a Eduardo Medina Mora, a Genaro García Luna, a Felipe Calderón…
MÉXICO, DF (Apro).- Sin estridencias políticas la administración de Enrique Peña Nieto ha empezado a ajustarle cuentas a los sexenios panistas. En apenas un año y tres meses de gobierno, de la mano del procurador Jesús Murillo Karam, ha exhibido nacional e internacionalmente a los dos anteriores mandatarios, sobre todo a Felipe Calderón. Pero los efectos hasta ahora son más mediáticos que judiciales contra los principales responsables del gobierno pasado, a quienes ni siquiera les ha abierto procesos administrativos, mucho menos penales.
A diferencia de la inacción del ex presidente Vicente Fox contra los gobiernos priistas, Peña Nieto puso en su agenda la revisión de asuntos que, al tiempo de redituarle, dejan mal parados a los panistas. Y su gran instrumento ha sido la Procuraduría General de la República (PGR), la cual ha puesto al descubierto lo mismo redes de protección política y económica del foxismo que los fracasos rotundos, abusos y "errores" de Calderón en su costosa campaña armada contra la delincuencia organizada.
Con casos como el fiasco de la Operación Limpieza y el descrédito de los testigos protegidos que usó Calderón para acusar y encarcelar incluso a generales, Peña Nieto ha impuesto la agenda en los medios. Pero no ha ido más allá.
Salvo las actuaciones judiciales dirigidas hacia algunos empresarios protegidos de los gobiernos panistas y la principal operadora contra el PRI en las elecciones presidenciales de 2006 y 2012, la ex priista Elba Esther Gordillo, no ha emprendido hasta ahora acciones legales contra ex funcionarios de primer nivel, pese a las probadas responsabilidades de algunos. Sólo los ha exhibido.
Algunos priístas, como el senador Omar Fayad Meneses –del llamado Grupo Hidalgo, donde también se ubica a Murillo Karam–, quieren ir más allá para que se establezcan responsabilidades contra algunos ex funcionarios panistas y que casos como el de los narcotraficantes Joaquín El Chapo Guzmán y Nazario Moreno, El Chayo, no queden en meras pifias.
Hasta ahora Peña Nieto se ha limitado a mostrarlos como corruptos, ineficaces y abusivos. Apenas asumió el poder, en enero de 2013 facilitó la liberación de la francesa Florence Cassez, cuyo encarcelamiento se convirtió en una causa de Calderón y su hombre fuerte, el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. El mandatario panista estuvo dispuesto al conflicto con Francia con tal de no verla fuera de prisión al menos durante su gobierno.
La liberación de Cassez fue ordenada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una votación dividida, pero el voto decisivo fue del primer ministro del máximo tribunal del país propuesto por Peña Nieto: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Con apenas un mes como ministro y sin ninguna experiencia como juez, acabó por definir la salida de Cassez de la cárcel y del país.
Pero Peña no fue más allá, pese a que los ministros determinaron que una docena de ex funcionarios encabezados por García Luna fueron responsables de graves violaciones constitucionales durante la detención de la francesa en diciembre de 2005.
En ese entonces, cuando a Fox le quedaba un año en el poder, García Luna era director de la Agencia Federal de Investigación, ahora Agencia de Investigación Criminal. La estrategia del montaje de aquél y su equipo cercano para acusar a Cassez quedó como verdad judicial y así se difundió internacionalmente. Fue el primer golpe contra Calderón.
El segundo gran descalabro para el panismo llegó de inmediato. En febrero de 2013 el gobierno de Peña Nieto ordenó la detención y encarcelamiento de la ex jefa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Esther Gordillo Morales, principal disidente del PRI y quien operó en los triunfos de Fox y Calderón. La acción llegó de la mano de Murillo Karam, responsable de armar el expediente contra la maestra con apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.
Al tiempo de integrar las acusaciones contra Gordillo para desarticular la fuerza política que en pago le dieron Fox y Calderón, Murillo desactivó las acusaciones de los testigos protegidos o colaboradores con las cuales la administración anterior detuvo a numerosos funcionarios y ex funcionarios, incluidos militares de alto rango, y con las que presumía sus éxitos contra la delincuencia organizada.
La PGR sencillamente dejó de promover acciones contra los acusados de los testigos pagados y presentó acciones no acusatorias contra varios de ellos, empezando por el general de división Tomás Ángeles Dauahare, quien salió libre en abril de 2013 luego de casi un año en prisión. Fue el mismo caso del también divisionario Ricardo Escorcia Vargas y de los generales de brigada Roberto Dawe y Rubén Pérez Ramírez.
Poco antes había sido liberado Noé Ramírez Mandujano, ex titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO, hoy SEIDO), con lo que se empezó a desfondar la Operación Limpieza emprendida por el entonces procurador Eduardo Medina Mora y su titular de la SIEDO, Marisela Morales, para procesar a quienes dentro de la PGR presuntamente protegían al cártel de los hermanos Beltrán Leyva.
